El Ejecutivo de Evo Morales rechaza las recientes propuestas episcopales acerca del TIPNIS, la justicia y los indígenas
La Paz ha sido escenario de reiteradas protestas mineras
RONALD GREBE. LA PAZ | Los obispos bolivianos, que habitualmente expresan su preocupación sobre varios aspectos de la realidad nacional, han vuelto a centrar su análisis en la problemática del TIPNIS, la situación de la justicia y el próximo censo de población, que se realizará el 21 de noviembre. Así, tras la última reunión del Consejo Permanente de la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB), celebrada el pasado 17 de septiembre, los prelados hicieron público un comunicado centrado en dichos temas.
En su presentación, el secretario general del Episcopado y obispo castrense, Óscar Aparicio, llamó al Gobierno de Evo Morales, en primer lugar, a atender las demandas de los indígenas del Oriente y los mineros asalariados que se enfrentan a los cooperativistas por la explotación de algunas minas.
El pedido fue recibido de manera indiferente por el Gobierno. De hecho, el viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, César Navarro, sugirió a la Iglesia “interiorizarse” en los tres temas en que asume posición, explicando que, sobre la problemática del Territorio Indígena en el Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), “los obispos estarían en contra de un derecho universal como es la consulta”.
Monseñor Aparicio sostuvo, por el contrario, que los obispos han seguido “con preocupación el curso de la consulta en el TIPNIS, contando con la visión de agentes de pastoral que trabajan en esa región y con la opinión de algunos delegados que han realizado una visita y han entrado en contacto con representantes de las diferentes comunidades nativas. La mayor inquietud que ellos expresan es la división que se ha suscitado en los habitantes del lugar, entre los que apoyan la consulta y aquellos que la resisten en defensa del medio ambiente para las futuras generaciones”.
En relación con el tema de la justicia, los prelados señalan que “no solo algunas personas sienten que van perdiendo libertades, sino que estas se recortan en muchos casos mediante la retardación de justicia, la intimidación y el uso inicuo de la coerción estatal y del aparato judicial, creando un clima de inseguridad personal que provoca el silencio y a veces hasta el abandono de la patria, al no encontrar suficientes garantías de un juicio justo e imparcial dentro de ella”.
Un último ejemplo de esta situación general, denunció el secretario episcopal, “es la demanda judicial que autoridades gubernamentales han instaurado en contra de la Agencia de Noticias Fides (ANF), de la Compañía de Jesús y de los diarios Página Siete y El Diario. Nosotros reafirmamos nuestro rechazo a esta medida y pedimos que se actúe de acuerdo a la vigente Ley de Imprenta”.
Petición de indulto
Uno de los fragmentos más polémicos de la declaración del Episcopado es este: “Muchas otras personas, encarcelados, exilados, refugiados políticos, están sufriendo porque no hay garantía de un justo juicio y por la retardación de justicia. Nos permitimos también sugerir, en aras a crear un clima de paz en el país, hacer un gesto de reconciliación, como un indulto o la amnistía a favor de esos hermanos”.
El viceministro Navarro censuró gravemente esta petición de indulto y afirmó que la Iglesia, con ello, estaría a favor de liberar de culpa a “políticos corruptos” y de pedir amnistía por gente que huyó del país porque “sabe que tiene delitos encima”.
Finalmente, la jerarquía de Iglesia católica también se ocupó del próximo censo nacional, indicando que “es un instrumento indispensable para reflejar nuestra realidad lo más fielmente posible y, en base a la misma, elaborar políticas públicas en bien de toda la población, en especial de los más pobres”.
Respecto a los datos de pertenencia o no a una determinada nacionalidad o pueblo indígena, “es importante salvaguardar el derecho de la población a autoidentificarse con libertad, utilizando la terminología que ella considere más adecuada y que de ninguna manera puede ser denigrante”. “En ese sentido –añaden los pastores–, defendemos la vigencia en nuestro país de una cultura mestiza y el derecho de la población a identificarse con ella”
Mientras tanto, la ministra de Planificación del Desarrollo, Viviana Caro, descartó incluir el término “mestizo” en la boleta censal, argumentando que el ciudadano que se considere indígena “se autoidentificará con uno de los 37 pueblos indígenas que figurarán en la boleta censal, y no con una raza”.
En el nº 2.817 de Vida Nueva.
