Ley Lleras se explica por segunda vez en escenario religioso

Interés de la Iglesia atiende a la realidad en la que también se mueve

Lo que se planteó inicialmente como una jornada de reflexión alrededor de la llamada Ley Lleras -iniciativa jurídica a través de la cual el Gobierno ha querido regular y proteger derechos en internet-, se transformó en un escenario de ilustración y crítica simultáneas en torno a la misma.

El pasado 24 de mayo más de un centenar de personas entre seminaristas, estudiantes, uno que otro docente y una numerosa presencia de religiosos, conformaban la audiencia en el auditorio principal de la Conferencia Episcopal, en donde tres especialistas disertaron y explicaron desde su perspectiva la realidad actual de la mencionada ley.

Más del 90 por ciento de los presentes ignoraba que después de haber sido archivada por el temor que generó la posibilidad de restringir el acceso a la información a través de internet, la idea resurgió este año y fue aprobada en el Congreso de la República en tiempo récord, como una más de las acciones previas a la visita del presidente estadounidense Barack Obama, y en conexión con los requisitos previos a la consolidación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.

La jornada auspiciada por la Editorial San Pablo, evidenció nuevamente los riesgos de uno y otro extremo en materia de derechos, los cuales fluctúan entre algunos de los fundamentales y otros, entre estos: el derecho a la información y el libre acceso a la misma y por otro lado, la protección a la propiedad intelectual. En otra esquina está el temor de algunos frente a la posibilidad de que un gobierno caiga en la tentación de convertirse en “el gran hermano” a través de internet y ejercer el control de un universo al que nunca había tenido acceso el ciudadano común.

“La ley Lleras no es el sustento de la protección para los derechos de autor en internet, esa protección y ese derecho ya se tienen, lo que nos falta es un mecanismo para hacerlo efectivo y ahí es donde tenemos que trabajar bastante”, explicó el ex director nacional de derechos de autor, Juan Carlos Monroy, quien agregó que “hay bastantes cosas que revisar y abrir la discusión a toda la sociedad. Crear, ojalá, un mecanismo de limitaciones y excepciones al derecho de autor que nos permita también cierto uso libre de las obras, sin que la gente tenga que acudir a la piratería para acceder a contenidos libres y beneficiarse en su derecho a la educación y a la cultura”.

La discusión sigue abierta

El arquitecto y consultor tecnológico Pablo Arrieta se refirió, por su parte, a varios de los antecedentes que sobre controles en la red se ha tenido en el mundo. Se refirió también a lo que ha demostrado la historia en materia de evolución del conocimiento, cuando se toma la experiencia de otros para perfeccionar una herramienta o elemento tecnológico, que en últimas genera un beneficio universal. En este sentido, se mostró poco partidario de las restricciones y limitaciones que en ocasiones busca imponer una industria pensando solo en su propio negocio. “El gran problema que tenemos con respecto a la ley es qué es lo que se va presentar y qué va a contener; tiene que estar muy bien balanceada, en un nivel en el que ayude a las industrias, pero también que permita lo que los ciudadanos necesitan. Otras leyes como Pipa y Sopa en otros países cayeron porque eran exageradas; no se puede tener en la balanza solo el ojo de la industria, se tiene que encontrar el equilibrio”.

Por su parte, el congresista Camilo Romero resumió en una sola frase lo que en su opinión se ha querido hacer en Colombia. “La ley Sopa que no se tomaron en Estados Unidos nos la vamos a tomar aquí y la ley Pipa que no se fumaron allá nos la van a hacer fumar aquí”. Gestor del movimiento “Tienen huevo” con el que se hizo notar públicamente hace unos años, el ahora senador pretende sumar adeptos para atajar la intención de hacer de internet sólo una plataforma para proteger negocios y filtrar conocimiento con previo pago.

Frente a todo lo anterior, el delegado para las comunicaciones de la Arquidiócesis de Bogotá, el sacerdote Martín Sepúlveda, concluyó lo siguiente: “Creo, como Iglesia, justo que se miren los derecho intelectuales. Es un principio de justicia, pero también que una ley no vaya en contra de los derechos de otra persona a la educación, a la información y a la cultura. Nuestra motivación aquí ha sido informarnos en el marco de lo actual, porque es el ámbito en el que nos estamos moviendo”, concluyó. VNC

TEXTO: J. Escobar

FOTOS: ADSD

Compartir