La trata de personas, una grave violación de la dignidad humana

protesta contra la trata de personas

Así lo denuncian las diócesis fronterizas de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay

protesta contra la trata de personas

J. L. CELADA | Las diez “diócesis de frontera” de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay han alzado su voz contra la trata de personas y todo lo que implica: comercio sexual, prostitución, explotación laboral de menores y tráfico de órganos. Así lo ponen de manifiesto en el mensaje final de su 27º encuentro, celebrado en la diócesis argentina de Gualeguaychú a finales de mayo.

Unos 60 participantes se reunieron allí “para compartir y reflexionar sobre la dignidad de todo ser humano, y asumir una actitud profética frente a la violación grave de la misma en la trata de personas”.

Urgidos por una realidad que califican de “vergonzosa y ultrajante”, los asistentes constataron el “alarmante crecimiento” de una actividad criminal cuyo movimiento anual de dinero supera al del tráfico de armas, convirtiéndola en “la más rentable en el mundo después del narcotráfico”.

La trata tiene en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay sus países de “origen, captación, destino y tránsito” de potenciales víctimas. Por ello, el texto alerta sobre la existencia de “mafias organizadas que recurren a subredes menores” en casi todos sus pueblos y ciudades.

Así, según denuncian la Organización Internacional de las Migraciones, la Organización Internacional del Trabajo y otras organizaciones, “el turismo sexual infantil opera tanto en la zona de la triple frontera como en grandes ciudades”, ofreciendo “adolescentes, niñas y niños para servicio sexual de extranjeros y, en numerosos casos, los trafica a otros países de América y a Europa Occidental”.

Frente a esta realidad, el documento enumera algunas de las preocupaciones expuestas en Gualeguaychú: desde la desinformación, el desconocimiento, la indiferencia, el silencio o incluso la nula sensibilidad social, a la vulnerabilidad de las posibles víctimas, sin olvidar la inoperancia de las autoridades, la corrupción o la falta de herramientas a todos los niveles (político, jurídico, humano y material) para coordinar “una lucha más eficaz”.

Hedonismo y machismo

A ello se añaden “las fallas” educativas, de comunicación y de la propia cultura actual para “proponer valores que contribuyan al desarrollo auténtico de la persona y de la sociedad”.

También “una visión de la sexualidad fundada en el hedonismo” o ciertos “resabios de la cultura machista que denigra y rebaja a la mujer”, así como “la demanda permanente de los ‘clientes’ del comercio sexual y la impunidad de estos prostituyentes, que con su demanda sostienen este mercado criminal”.

Los representantes eclesiales, que incluyen la correspondiente autocrítica por “la falta de propuestas adecuadas que atraigan a los jóvenes y la falta de una respuesta más decidida y amplia a este problema” por parte de la Iglesia, valoran, sin embargo, los “signos de esperanza” que perciben. Y que concretan en las manifestaciones, iniciativas y movilizaciones “a favor de la dignidad de la persona humana y sus derechos”.

Asimismo, alaban los esfuerzos de las autoridades que actúan con “rectitud moral y dedicación para dotar a cada país de los instrumentos jurídicos eficaces para detener este comercio inicuo, capturar y castigar a quienes se benefician de él y contribuir a la rehabilitación de las víctimas”. En este sentido, aplauden la creación en algunos países de “Promotores de Justicia públicos”, y apoyan las obras pastorales que la Iglesia católica y otras comunidades llevan a cabo en cuanto a prevención, auxilio y rehabilitación de las víctimas, y en la capacitación de agentes pastorales para tales servicios.

Por último, animados por la “palabra clara de la Iglesia” –del Vaticano II a Juan Pablo II–, se comprometen a dar a conocer esta realidad, “de forma que la sociedad pueda percibirla como un problema social que nos involucra a todos”, y a auxiliar y acompañar a las víctimas en su denuncia.

Potenciar el trabajo preventivo y solicitar “los cambios necesarios en leyes obsoletas y el cumplimiento de la ley” son otros de los acuerdos alcanzados por las diócesis de frontera en su afán de “animar, acompañar y fortalecer los esfuerzos pastorales de comunidades religiosas y movimientos eclesiales comprometidos en esta lucha”.

En el nº 2.804 de Vida Nueva.

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