Nuevo capítulo en el drama medioambiental que vive Perú

Moratoria del Gobierno a una minera que desoye la ley en una de las diez ciudades más contaminadas del mundo

Pedro Barreto, solidario con la gente de La Oroya

Pedro Barreto, solidario con la gente de La Oroya

(María Rosa Lorbés– Lima) El 24 de septiembre, el Congreso de Perú aprobó el proyecto enviado por el Gobierno de Alan García para ampliar a 30 meses el plazo que tiene la minera ‘Doe Run’ para cumplir con el Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA), que obliga a las empresas extractoras a reducir al mínimo el impacto medioambiental de sus actividades. A esta minera se le había dado un plazo de diez años, que venció en 2006, y, ante sus alegatos de que carecía de recursos económicos para afrontar tales exigencias, se le amplió hasta 2009. De ahí que esta tercera moratoria haya sido criticada, incluso por otras empresas mineras, como una concesión inexplicable del Estado.

La Oroya, localidad en la que opera ‘Doe Run’, de origen estadounidense, es una ciudad andina a cinco horas de Lima, en la zona central del país, calificada por el Instituto Blacksmith como una de las diez poblaciones más contaminadas del planeta. Sus habitantes nacen ya con altos índices de plomo y azufre en sangre. Para cumplir con el PAMA, la empresa requiere invertir 160 millones de dólares en construir una planta de ácido sulfúrico. Pero, pese a sus considerables ganancias, no parece habituada a respetar sus obligaciones y se muestra poco preocupada por aliviar la contaminación mortal que produce. Como se recoge en diversos medios, ‘Doe Run’ es la única satisfecha con esta ampliación del plazo.

Mientras, la población del lugar está dividida. Los habitantes preocupados por el medio ambiente y la salud de sus hijos se encuentran enfrentados a sus propios paisanos, los que trabajan en la mina, que defienden su puesto de trabajo a costa de su salud y han apoyado a la empresa, o han sido usados y manipulados por ella, para presionar al Gobierno con marchas y bloqueos de carretera que dejaron como saldo días atrás un policía muerto.

Arzobispo amenazado

El arzobispo de Huancayo, Pedro Barreto Jimeno, por su parte, ha denunciado que “el Congreso ha estado de espaldas a la población de La Oroya”. “La voz de los trabajadores es muy fuerte, pero esta decisión ha impedido hacer realidad el sueño de iniciar una solución integral al problema de contaminación gravísimo de La Oroya”, lamentó.

Conocido por su valiente defensa del medio ambiente, el prelado jesuita fue amenazado de muerte por oponerse a la ampliación del PAMA. El pasado 2 de agosto recibió una carta, firmada aparentemente por dirigentes sindicales, en la que se llama a “cerrar filas ante los enemigos de la clase trabajadora (…), supuestos defensores de la salud” y, aludiendo a Barreto, advierte que “se atenga a las consecuencias porque todo tiene su límite”.

Inmediatamente, la arquidiócesis de Huancayo y diversos representantes de la sociedad civil anunciaron que habían solicitado garantías a la gobernación regional, y responsabilizaron a los dirigentes de los sindicatos de ‘Doe Run’ por lo que pudiera ocurrirle al prelado. Barreto agradeció el apoyo y reiteró que no cambiará de posición. “La vida de un solo hombre –dijo– no es nada cuando se trata de toda una población”.

El arzobispo de Huancayo ya había alertado desde el inicio de su ministerio episcopal allí sobre el drama medioambiental de la zona: “A ‘Doe Run’ se la rescatará, pero los pobladores continuarán soportando la contaminación… Lamento que el poder económico sea insensible frente a la contaminación… Nunca se sugirió como alternativa de solución a la contaminación el cierre de la fundición de La Oroya”, ha reiterado una y otra vez.

‘Doe Run’ es un caso emblemático de lo que ocurre, en mayor o menor medida, en otros lugares del país, donde la voracidad de algunas empresas explotadoras de metales, petróleo o gas entra en conflicto con las poblaciones locales, generalmente muy pobres, que ven cómo se deteriora su medio ambiente. De otro lado, un Estado condescendiente con las grandes empresas. Y, junto a esos pueblos, muchos religiosos, religiosas y sacerdotes que arriesgan su vida en defensa de los más humildes.

 

CIPRIANI Y LA COMUNIÓN DE RODILLAS

(Vida Nueva) A los diversos debates en que se ve inmersa la Iglesia peruana (crisis medioambiental, defensa de la Amazonía…) se ha venido a sumar otro de muy distinto calado. Lo protagoniza el cardenal Juan Luis Cipriani, arzobispo de Lima, quien, en una reciente homilía dominical en la catedral limeña, exhortó: “El modo más respetuoso de recibir la Eucaristía es de rodillas y en la boca.

Hay que recuperar el respeto y reverencia que merece la Eucaristía, porque el amor a Jesús es el centro de nuestra vida cristiana, te juegas el alma”. Una recomendación que se enmarca en el Año de la Eucaristía y la Misión Continental de la arquidiócesis, aunque sorprendentemente ajena a esos otros contextos que ahora reclaman la atención social… y eclesial.

En el nº 2.677 de Vida Nueva.

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