Sacerdotes y religiosos de Murcia piden a los políticos que cambien la ley
FRAN OTERO | ¡En el nombre de Dios, ¡basta ya de deshauciar a las familias! Este es el título que un grupo de sacerdotes, religiosos, religiosas, misioneros y misioneros de la Diócesis de Cartagena ha decidido poner a un manifiesto dirigido a políticos, banqueros y a los que participan, directa o indirectamete, en un desahucio.
Sus propuestas son claras y se dirigen a tres colectivos: bancos y cajas, gobernantes y jueces, comisiones judiciales y fuerzas del orden.
A los primeros, bancos y cajas, les reclaman que no ejerzan la demanda de desahucio y busquen soluciones con las familias y las administraciones; a los segundos, políticos y jueces, que “cambien la ley, que paralicen los desahucios ante la situación social, concedan la dación en pago y se establezca el alquiler social”; y a los terceros, que tengan “gran sensibilidad y respeto ante estas situaciones y que sus actuaciones no supongan un sufrimiento mayor a las familias. Que no olviden que echar a una familia a la calle sepulta la dignidad humana, por muy legal que sea”.
En definitiva, reclaman que la persona y su dignidad esté en el centro todas las actuaciones y decisiones, porque “el ser humano no es mercancía, sino que es ‘el centro y fin de toda la vida económica y social’ (Caritas in Veritate, 25)”.
Uno de los promotores de la iniciativa, el sacerdote Juan Francisco Ortega, explicó a Vida Nueva que el manifiesto nace de comprobar la realidad de cada día en los centros de Cáritas, adonde acuden familias que nunca se lo habían imaginado y que ven en la Iglesia una ayuda y soporte. “Por eso decidimos lanzar el manifiesto. No podemos permanecer en silencio”, afirmó.
Juan Francisco Ortega (centro) durante la presentación del manifiesto
“La vivienda no es solo ladrillo”
Una realidad que está llevando a miles de familias a tener grandes dificultades para pagar la hipoteca de su vivienda y que se ven abocadas a abandonar. Pero, tal y como recoge el documento, tener que abandonar su lugar de residencia tiene muchísimas más implicaciones, porque “la vivienda no es solo ladrillo, es un hogar donde se ha materializado un proyecto familiar, es un espacio en el que todo adquiere un significado afectivo y existencial: el amor de la pareja, los momentos felices y duros, el nacimiento de un hijo… Es el lugar vital donde la familia encuentra el cariño, el descanso y la tranquilidad”.
De hecho, en el manifiesto se recuerda que “el derecho a la vivienda, además de ser un derecho constitucional y un derecho humano, está recogido ampliamente por la Doctrina Social de la Iglesia”.
Un ejemplo es la Carta de los Derechos de la Familia de 1983: “La familia tiene derecho a una vivienda decente, apta para la vida familiar y proporcionada al número de sus miembros, en un ambiente físicamente sano que ofrezca los servicios básicos para la vida de la familia y la comunidad”.
De este modo, los sacerdotes y religiosos denuncian que con los desahucios se ha demostrado que el sistema financiero “no tiene corazón, máxime cuando ha sido uno de los causantes fundamentales de esta crisis”.
“Los bancos y las cajas han recibido muchísimo dinero público para tapar sus agujeros, que ellos mismos han provocado buscando el máximo y rápido beneficio. Muchas familias han sido echadas a la calle, con el agravante de no concederles la dación en pago, lo cual las deja sin futuro. No pueden volver a reiniciar sus vidas. ¿Qué futuro pueden darles a sus hijos si están en paro, o con un trabajo precario, y además con una deuda de miles de euros?”, añaden.
La repercusión que ha tenido esta iniciativa sorprende a sus impulsores y, de hecho, Juan Francisco Ortega reconoce que mucha gente les para por la calle para decirles “que hacía falta la voz de la Iglesia”.
Pero el compromiso de estos sacerdotes, religiosos y religiosas no se limitará a un manifiesto, pues tienen previsto sumarse a la Iniciativa Legislativa Popular contra los desahucios, así como promover iniciativas desde las parroquias para frenar esta situación que cada día afecta a numerosas familias. “No podemos permanecer en silencio”, concluye Ortega.
En el nº 2.803 de Vida Nueva.
