Ibagué conoció el fenómeno del desplazamiento forzado en el año de 1998 cuando expulsadas de la hacienda de la Santa Cruz, en el Cesar, llegaron a esta ciudad alrededor de 100 familias.
Como se trató de un acontecimiento único y por demás conmovedor, el Estado, en sus niveles nacional, departamental y municipal, acudió a brindarles protección integral en salud, educación, tierras para cultivar y vivienda. Los ibaguereños mismos, en una de sus tantas demostraciones de sensibilidad social y consiguiente solidaridad, se trasladaban en buen número a la Hacienda La Miel, adquirida por el Gobierno Nacional para reubicarlos, a llevarles toda clase de alimentos.
La Pastoral Social se hizo presente con el claro propósito de ofrecerles ayuda; no fue necesaria la material porque la tenían en abundancia; se limitó a coordinar con la Parroquia de Cristo Rey, dentro de cuya jurisdicción está la mencionada hacienda, la atención espiritual que, por cierto, valoraron mucho y procuraron en su inmensa mayoría, aprovechar bien.
Tres años después se produjo un desplazamiento forzado de grandes proporciones. Llegaron muchas familias del sur el Tolima, especialmente de los municipios de Rioblanco, Planadas, Ataco y Chaparral; posteriormente llegaron también a Ibagué familias provenientes de municipios del Norte del Tolima, principalmente del Líbano, Casablanca, Villahermosa y de otros departamentos. En algún momento, las estadísticas nacionales mostraban a Ibagué, en cifras proporcionales, como la ciudad con mayor número de personas en situación de desplazamiento causado por el conflicto armado.
Hasta el día de hoy, la Unidad Territorial del Departamento para la Prosperidad Social ha registrado más de 45.000 desplazados.
En los últimos cuatro años se ha notado una disminución progresiva de esta triste realidad pero no se ha acabado del todo si bien los indicadores muestran que tiende a su fin.
La presencia de la Iglesia Particular de Ibagué a través de su Pastoral Social se ha destacado en el campo de atención a desplazados. Hubo momentos, antes de que la Red de Solidaridad Social asumiera la responsabilidad estatal frente a los desplazados, en que la única entidad que les tendió la mano fue la Pastoral Social de la Arquidiócesis de Ibagué. Los desplazados encontraron en ella su refugio y su amparo.
La Pastoral Social entró en alianza con la Cruz Roja Internacional, la OEA (Organización de los Estados Americanos), el Secab (Secretariado Andrés Bello), la CHF (Fundación norteamericana para la comunidad, el hábitat y las finanzas) y fortaleció sus relaciones con la que entonces se denominaba “Red de Solidaridad Social”, actualmente “Departamento para la Prosperidad Social”, institución estatal con la que la Pastoral Social de Ibagué tuvo, en forma directa, es decir, sin medición de ninguna otra entidad, varios proyectos.
En el presente, la Pastoral Social de Ibagué no tiene convenio alguno ni con la entidad estatal mencionada, ni ninguna otra pero continúa atendiendo a personas desplazadas que a diario llegan a sus oficinas, aunque en número mucho menor.
Inicialmente la Pastoral Social ayudó con diversos subsidios humanitarios, como alimentos, ropas, medicamentos, transportes, cupos en ancianatos, servicios funerarios, etc. Más adelante participó en programas de vivienda, bien temporales o bien definitivas y finalmente en proyectos de generación de ingresos mediante la promoción de unidades productivas.
Durante toda la década del 2000, las familias en situación de desplazamiento constituyeron la prioridad de la Pastoral Social de la Arquidiócesis de Ibagué. VNC
