El presidente de la Conferencia Episcopal aprovechó el encuentro con los representantes de las Altas Cortes para recordar su papel

Coincidencias y discrepancias se esbozan en las relaciones durante los últimos tiempos entre el Congreso de la República, las Altas Cortes y la Iglesia. Es la lectura que los representantes de una y otra instancia tienen de lo que ha venido ocurriendo alrededor de temas que son objeto de análisis, arduas discusiones y decisiones sobre el concepto futuro de familia en Colombia y la reforma a la justicia.

El capítulo más reciente de una cadena de hechos que marcan las posiciones de cada uno con respecto a los dos temas en cuestión se vivió con la presencia del arzobispo de Bogotá y presidente de la Conferencia Episcopal, monseñor Rubén Salazar el pasado 24 de abril en la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura (CSJ).
Allí, en el marco de una sobria celebración por una certificación de calidad que obtuvo el CSJ y ante los presidentes del Consejo de Estado, Corte Constitucional y Corte Suprema de Justicia, el alto jerarca manifestó en uno de los apartes de su intervención:
“Los altos dignatarios de la Nación deben ser celosos guardianes no sólo de sus propias prerrogativas competencias constitucionales, sino también de aquellas que corresponden a las otras ramas del Poder Público. Creo que, en ese sentido, valdría la pena que el Congreso de la República analizara, con suma prudencia, las posibles consecuencias negativas de una eventual supresión de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura”. Para muchos de los allí presentes sus palabras resultaron alentadoras en momentos en que desde el propio Gobierno se escuchan voces que buscan su eliminación. Sin embargo, en contexto, la presencia e intervención de monseñor Rubén Salazar en aquel escenario hace parte del papel de mediación que ha venido desempeñando la Iglesia en aras de un acercamiento entre las Cortes y el Congreso de la República, habida cuenta de sus pasados desencuentros.
“Creemos, por otra parte, que la reforma a la justicia debe ser fruto de la concertación y no de la imposición o de la resistencia unilaterales. Es necesario, por ello, hacer esfuerzos para reactivar el diálogo interinstitucional”, destacó el prelado.

La perplejidad

Pero si bien ha sido claro el papel de mediador y facilitador que como Iglesia ha venido desempeñando el representante del Episcopado, tampoco le faltó claridad alguna para expresar su preocupación frente a las decisiones de la Corte Constitucional con respecto al concepto que de familia también tiene la Iglesia como valor fundamental. “De ahí que la Iglesia colombiana, fiel a su misión de predicar la verdad, se vea en la obligación de manifestar su respetuosa perplejidad ante decisiones que contrastan con el bien de la persona humana y de la sociedad. La familia, constituida por varón y mujer, y la vida, desde su concepción hasta su muerte natural, deben ser protegidas por las instituciones de justicia, en plena fidelidad con el mandato constitucional. No se trata de un tema de fe, sino de la defensa de los valores que fundan y estructuran nuestra convivencia”, sentenció el también arzobispo de Bogotá.
Evidente fue también su expresión de interés iluminador por continuar acercándose a las instituciones sobre las que el país se sostiene como Estado de derecho. “Tendremos, sin duda, ocasión de encontrarnos en el futuro con mayor regularidad, estableciendo entre la Iglesia y las Cortes relaciones de mayor cercanía y colaboración. Para ello, la oficina para las Relaciones con el Estado de la Conferencia Episcopal de Colombia permanecerá atenta a brindar un seguimiento y un acompañamiento permanente de sus acciones”, concluyó.
Dos días después, el subsecretario adjunto para las Relaciones de la Iglesia con el Estado, el sacerdote Pedro Mercado se reunía, como es habitual, con 13 congresistas y sus respectivos asesores en la Universidad Sergio Arboleda en el marco de lo que se desea continuar estrechando: el diálogo.

Arremetida del secretario general del Episcopado

A lo anterior se sumó que el sábado 28 de abril el secretario general del Episcopado, monseñor Juan Vicente Córdoba, dirigió públicamente a religiosos y feligreses una carta pastoral abordando varios de los temas que siguen generando polémica y sobre los que las Cortes han tenido que fallar en distintos momentos. En el documento el jerarca instó a “abandonar el letargo para defender, con vigor y coherencia, la vida y la familia, los derechos de los menores, que prevalecen frente a los derechos de los demás (art. 44), abriendo un debate nacional que lleve al pueblo colombiano a decidir, con libertad y en consciencia, el tratamiento que quiere dar a estos temas”. Así mismo, puso de presente otros fenómenos sociales sobre los cuales habría que cambiar de actitud.
“Debemos oponernos activamente a la despenalización progresiva del aborto, al matrimonio entre personas del mismo sexo o a la adopción de menores por parejas homosexuales. No podemos permanecer pasivos ante el continuo atropello de nuestros valores. La Corte Constitucional tiene el deber de velar por la integridad y supremacía de la Carta Magna (art. 241) pero no puede apropiarse la competencia de modificarla con interpretaciones acomodaticias fruto de una ideología contraria al orden natural, a la dignidad auténtica de la persona humana y al querer del constituyente primario de 1991.”
En el texto, el también obispo de Fontibón cuestionó abiertamente las actuaciones de la Corte Constitucional. “Como Pastor de la Iglesia y ciudadano, con todo respeto, debo decir que la Corte Constitucional se está extralimitando en sus funciones. No sólo no está cuidando la integridad y supremacía de la Carta Magna sino que la está modificando, legislando de espaldas al sentir del pueblo, de quien deriva toda su legitimidad”. En el mismo documento el secretario general de la Conferencia agregó que “las últimas decisiones de la Corte Constitucional en materia de vida y familia, por el contrario, han desconocido el sentir de la mayoría del pueblo colombiano. Creo que decisiones de tanta trascendencia para la vida nacional deberían ser tomadas en espacios políticos más abiertos a la sana discusión de ideas, más representativos de los ideales democráticos de la Nación, más cercanos a las reales preocupaciones del pueblo colombiano”, concluyó. VNC
TEXTO: J. ESCOBAR
FOTOs: CORTESÍA CEC