El país sufre la provisionalidad tras el fracasado levantamiento militar de finales de marzo
Varios de los golpistas con su líder, el capitán Amadou Sanogo (segundo por la dcha.)
ALBERTO EISMAN | Malí se preparaba este mes de abril para unas elecciones presidenciales en las que se decidía su futuro tras una década de Amadou Toumani Touré al frente del país saheliano.
Este proceso, sin embargo, se vio drásticamente interrumpido el 22 de marzo, cuando un grupo de militares liderados por el capitán Amadou Sanogo –oficial formado en los Estados Unidos– protagonizó un levantamiento militar aparentemente originado en un motín previo en la base militar de Kati, a diez kilómetros de la capital, Bamako.
Si hace algunas décadas el levantamiento militar formaba parte del convulso paisaje político de muchos países subsaharianos, hoy, gracias a los avances democráticos en el continente, tales actos son ya rara avis que no encuentran tanta aceptación internacional como en el pasado. Así, desde el primer momento, el golpe de Estado halló la oposición de la organización regional ECOWAS (Comunidad Económica de Estados del África Occidental), de la comunidad internacional y de la ONU.
Según sus primeras declaraciones, la junta golpista tomó tal decisión para protestar por la “blandura” del Gobierno en su respuesta a las acciones militares de los rebeldes tuareg, que dominan el norte del país. Paradójicamente, el vacío de poder real y la confusión posterior al golpe han sido aprovechados por grupos armados para ocupar zonas norteñas que se les resistían, como Kidal, Gao o la antigua Tombuctú.
Los tuareg (llamados a menudo “la gente azul” por el tinte índigo de sus ropas tradicionales) son un grupo bereber nómada distribuido en una zona que abarca Libia, Argelia, Níger, Burkina Faso y Malí, y que ellos llaman Azawad. En Malí, este grupo se siente olvidado y discriminado por el Gobierno y por un cierto racismo institucional debido al tono claro de su piel.
Entre los grupos tuareg predominantes en el norte del país cabe mencionar el Movimiento Nacional para la Liberación de Azawad (MNLA) y el movimiento islamista Ansar Dine. En los primeros días de abril, el MNLA, que lucha por la independencia de la nación tuareg, llegó a declarar la independencia de Azawad, una acción rechazada por la comunidad internacional.
Ansar Dine, por su parte, es un grupo religioso de tendencia salafista con conexiones internacionales, al estar asociados a la red de Al Qaeda, con una agenda cuyo objetivo no es la independencia política, sino la inclusión de la sharia (ley islámica) como legislación fundamental de Malí, país con un 65% de musulmanes.
Como prueba de sus intenciones, abolieron leyes civiles y declararon la ley islámica en la conquistada ciudad de Tombuctú y otros centros urbanos del norte. Todo ello muestra hasta qué punto se complicó la situación del país en pocos días, convirtiéndose así en una patata caliente para la bisoña junta militar.
Intervención de la Iglesia
Líderes religiosos de la Conferencia Episcopal Maliense y de otras confesiones religiosas pudieron entonces visitar a los líderes del Gobierno depuesto, asegurándose de su bienestar y de las condiciones humanas de su detención.
Según el P. Timothé Diallo, delegado de Medios de Comunicación Social de la Archidiócesis de Bamako, en declaraciones a la agencia misionera MISNA, “el estado de ánimo de los malianos es sombrío y preocupado ante un futuro cada vez más incierto. A esto se añaden las dificultades de la vida cotidiana, debidas a las sanciones decididas por los países de África Occidental. En ambos escenarios [norte y sur del país], los que pagan el precio más alto de la crisis son los civiles. Es necesario actuar deprisa para salvar vidas humanas”.
El conflicto ha producido ya más de 100.000 desplazados internos solo en el norte, desatando una gran crisis humanitaria que se une a la ya existente crisis alimentaria que, antes de estos sucesos, afectaba ya a más de 13 millones de personas.
Por fortuna, el 6 de abril se abrió una ventana de esperanza a la solución parcial del conflicto, cuando los golpistas aceptaron el acuerdo ofrecido por la ECOWAS para deponer las armas y pasar el poder a cambio de una suspensión del embargo y una amnistía para los implicados.
Al cierre de esta edición, el presidente acababa de dimitir tras dicho acuerdo. Y el presidente del Parlamento, Dioncounda Traoré, se disponía a jurar su cargo como presidente interino y a convocar elecciones en 40 días. Mientras, los graves problemas del norte exigen más que nunca un gobierno legítimo, respetado y efectivo.
En el nº 2.796 de Vida Nueva.
