Demanda a la UE que acabe con las discriminaciones que se producen en distintos países
Se contabilizan alrededor de 500.000 inmigrantes en Europa
MIGUEL ÁNGEL MALAVIA | La constatación de que la Directiva sobre Reunificación Familiar de Inmigrantes –aprobada por la Unión Europea (UE) en 2003–, pese a ser la primera legislación que establecía y vigilaba este derecho, ha quedado obsoleta, forzó que, en noviembre, la Comisión Europea enviara un cuestionario (el llamado Libro Verde) a todos los estados miembros con el fin de establecer unos nuevos criterios comunes de actuación. [Cáritas Europa exige la reunificación familiar de los inmigrantes, extracto]
A la espera de conocer el posible nuevo sentido de la Directiva (el 1 de marzo era la fecha límite para responder a la encuesta), Cáritas Europa, cuyo Comité Ejecutivo se ha reunido recientemente en Bruselas, ha hecho pública una declaración en la que exige que el objetivo principal del reglamento sea “hacer respetar el derecho a la vida familiar de los ciudadanos no comunitarios y de sus familias que viven en la UE”.
Una realidad a la que pertenecen alrededor de 500.000 inmigrantes en nuestro continente (que suponen un 21% del total de los permisos concedidos).
La institución eclesial, que anteriormente había hecho su propia aportación al Libro Verde (a través de la propuesta de una serie de principios mínimos, como el acceso a una residencia independiente para los familiares reunificados tan pronto como sea factible), insiste en la “necesidad de que la UE garantice la igualdad de trato y no discriminación” de estas personas en aspectos como el “acceso al mercado de trabajo, la educación y la formación”, así como que los plazos para la reunificación –la Normativa prevé en algunos supuestos un período de espera de hasta tres años– se den “en el plazo más breve posible”.
Criterios comunes
Tales políticas, reclaman, habrían de ser comunes en todos los estados miembros de la UE como único medio para ser eficaces. Y es que Cáritas Europa aprecia, en varios de estos países, prácticas que “impiden que los migrantes y los refugiados puedan reunirse con sus familias”.
Un claro ejemplo son las medidas referentes al plazo de permanencia. Mientras en España el permiso de residencia del solicitante debe tener al menos un año en vigor y haber sido renovado, en otros países el plazo es mucho mayor y las condiciones más duras.
Entre esas exigencias a cumplir por parte de quienes apelen al derecho a la reunificación familiar, está la obligación de poseer alojamiento propio y los medios de subsistencia considerados “suficientes” para abastecer a los familiares. Algo que, en sí mismo, se basa en criterios subjetivos.
María Segurado, responsable de la Red Jurídica de Migrantes en Cáritas Española, explica a Vida Nueva que la principal reivindicación de la red europea es la de que “la UE aproveche este período de reflexión, no para poner obstáculos, sino para establecer la prioridad en fortalecer de un modo real el derecho a la reunificación familiar, en todos los Estados y desde los criterios de la rapidez, la transparencia y la objetividad”.
A su juicio, algunas de las cuestiones que forman parte del Libro Verde reflejan un cierto sesgo culpabilizador del inmigrante: “Preguntan por cosas como los matrimonios forzados o de conveniencia. Está claro que estos son hechos que se pueden dar en casos concretos, y para combatirlos pedimos mecanismos de comprobación, pero no se puede generalizar con ellos como si se tratara de algo común, con el fin de establecer condiciones que, en definitiva, dificulten el derecho a la reunificación de las familias”.
Para Segurado, estas son “preguntas trampa” que se centran en cuestiones muy concretas a la vez que contribuyen a que se pasen por alto fenómenos que sí son generalizados, como que “hay países que dificultan la convivencia de familias que pasan muchos años separadas, con unas gravísimas consecuencias para ellas y la sociedad en general”.
Por ello, la representante de Cáritas Española solicita “poner más énfasis en conformar una visión amplia, que combata las desigualdades tanto en los países receptores como en los de origen”.
La UE tiene en su mano, con los posibles cambios que se produzcan en la Directiva, acabar con una situación “por la que se sostiene a la vez un discurso y el contrario. Europa no puede permitirse decir que protege los derechos de las familias inmigrantes al mismo tiempo que permite su discriminación”.
En el nº 2.795 de Vida Nueva.
