Las dos realidades vividas en la XCII Asamblea General de Obispos

Preparan nuevo proyecto para recaudar fondos que sostengan la evangelización, los obispos eméritos y la propia Conferencia Episcopal

Dos agendas se movieron paralelamente en el desarrollo de la primera Asamblea General de Obispos en 2012 (versión XCII). Mientras los prelados de todo el país trabajaban alrededor de los temas propios de la Iglesia, se vieron también abocados a leer y conceptuar durante aquella semana (6 al 10 de febrero) para los medios masivos de comunicación sobre hechos, fenómenos y situaciones de la realidad nacional.

En torno al primer caso, esta fue una de las jornadas más prolíficas de los jerarcas colombianos, en virtud de que se aprobó, se avaló y se apropió el plan global de la Conferencia Episcopal Colombiana. A partir de ese plan global, se hizo la planeación de las actividades de la Conferencia a nueve años (2012-2020), se planificó todo el primer trienio (2012-2015) y así mismo, se programaron las actividades en cada una de las 14 comisiones para el primer año (2012).
Como lo informó Vida Nueva-Colombia (Edición 41) uno de los aspectos abordados fue el tema arquitectónico. En este sentido, se escuchó un informe sobre el plan de ampliación y remodelación de la sede del episcopado, específicamente sobre la casa de encuentros y en áreas particulares como el salón comedor y el auditorio principal. Otro aspecto fue la intención de la presidencia del episcopado en cabeza del arzobispo de Bogotá, monseñor Rubén Salazar, de presentar próximamente un proyecto para recaudar nuevos fondos que ayuden al sostenimiento de la evangelización del país, de la sede de la propia Conferencia Episcopal, de los obispos eméritos y de los sacerdotes que necesitan una ayuda especial. “Hay una propuesta concreta, que seguramente será aprobada porque espero que vean la bondad de la misma”, manifestó el presidente del Episcopado colombiano a este respecto.

 

La impresión de la primera visita

La percepción general que dejó el Presidente de la República, Juan Manuel Santos, quien asistió a la apertura de esta asamblea, fue positiva en cuanto a la forma de pensar y exponer su ideal de país. “Es un hombre muy ecuánime, que expone los principios fundamentales de sus políticas con mucha claridad, que está empeñado en sacar al país adelante, en el sentido de darle un piso sólido y fuerte, para una sociedad más equitativa, próspera y en paz. El señor Presidente tiene un excelente propósito y hay que pedirle al Señor que lo ayude”, expresó monseñor Salazar. No obstante, agregó sobre el primer mandatario que: “Uno ve que sobre temas tan importantes como la ley de restitución de tierras, la reparación de víctimas, el intento por una reforma educativa, que va a empezar a concertarse con todos los interesados, en todo esto, se advierte un deseo porque las cosas marchen bien, falta ver la metodología concreta o los proyectos hasta dónde son acertados”. “No fue una reunión de grandes discusiones, fue más bien una reunión tranquila y sin grandes vuelos”, remató el secretario general de la Conferencia, monseñor Juan Vicente Córdoba.
De otro lado, los obispos se empaparon de realidad con la exposición de monseñor Héctor Fabio Henao, secretario nacional de Pastoral Social, frente a tres dimensiones de la actualidad colombiana en los ámbitos sociocultural, sociopolítico y socioeconómico de los últimos meses, una lectura recogida del monitoreo que permanentemente hace el observatorio de Pastoral Social.

 

Atentos y asediados por la realidad del país

Más allá de las consultas que les hicieran día por día los informativos de radio, televisión y prensa, el Episcopado también se informó de primera mano en torno a la reforma de la justicia, que viene promoviendo el gobierno nacional a través del titular de esa cartera, Juan Carlos Esguerra. Los obispos escucharon también del procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez, sus propias inquietudes alrededor de la ética y la moral en el sector público y la forma en que ese organismo viene abordando las investigaciones sobre quienes actúan como funcionarios públicos.
“Fue interesante la presentación de los dos (procurador y ministro). Habría que discutir un poco más el tema, no somos expertos en la materia, pero uno descubre que de parte del Gobierno se desea que la justicia funcione mucho más, que sea más ágil, eficiente y transparente en Colombia”, destacó monseñor Rubén Salazar. Sin embargo, su percepción, como la de buena parte de los pastores allí presentes, se afinó luego de la visita y exposición, que en torno al mismo tema hicieron los representantes de las altas cortes (el Presidente de la Corte Suprema, Javier Zapata Ortiz; el presidente del Consejo de Estado, Gustavo Gómez Aranguren; Ricardo Monroy Church, presidente del Consejo Superior de la Judicatura; y el vicepresidente de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, José Agustín Suárez Alba). “Buscaremos por todos los medios lograr que las partes lleguen a un acuerdo”, dijo el presidente del episcopado colombiano al advertir las preocupaciones y diferencias de los magistrados visitantes con el Gobierno. Éstos manifestaron sus dudas con respecto al verdadero acceso de los colombianos a la justicia y su gratuidad con la eventual reforma. Enfatizaron igualmente sobre otros detalles, como la necesidad de modernizar y agilizar procesos. Al respecto, el secretario general del Episcopado, monseñor Juan Vicente Córdoba, habló de mediar para facilitar el entendimiento entre las partes de cara a los desacuerdos.
Los obispos del país concluyeron su nonagésima segunda asamblea, expresando en cinco puntos su deseo común por erradicar el mismo número de males, que más aquejan al país y que a continuación se resumen.
Vemos con esperanza las reformas e iniciativas legislativas que tienden a proteger los derechos humanos y en particular a garantizar la reparación a las víctimas y la restitución de tierras.
Vemos con profunda preocupación los altísimos costos en vidas y la situación humanitaria intolerable que se deriva de las incursiones terroristas de los grupos al margen de la ley que constituyen graves infracciones del Derecho Internacional Humanitario. Hacemos un llamado para que todos los alzados en armas cesen toda violencia, respeten las normas universales de protección de la persona humana y en especial de la población civil, liberen a todas las personas secuestradas y den muestras creíbles de querer iniciar procesos de negociación para poner fin al conflicto armado y aclimatar la paz en nuestro país.
La impunidad es una grave amenaza para la democracia y de hecho la ha minado en la medida en que se pierde la credibilidad en las instituciones y no se logra la adecuada protección a los derechos y libertades ciudadanas.
El narcotráfico sigue siendo un verdadero “negocio de la muerte” en nuestra sociedad tan afectada por el microtráfico y por el consumo al que se inicia en forma cada vez más temprana.
Constatamos cómo está surgiendo una cultura del egoísmo y del hedonismo que pone en tela de juicio los valores fundamentales del respeto y la promoción de la vida, la centralidad de la familia y la búsqueda del bien común. Reafirmamos que el fundamento de nuestra sociedad es la familia en la que padre, madre e hijos asuman la tarea del desarrollo humano pleno de todos. VNC
TEXTO: J. Escobar
FOTOS: Cortesía CEC

Compartir