Entre otras normas, la ley obliga a los hospitales católicos a cubrir el coste de los anticonceptivos
El presidente estadounidense Barack Obama
J. L. CELADA | El 29 de enero, miles de sacerdotes y obispos estadounidenses aprovecharon su homilía dominical para leer una carta abierta al presidente del país, Barack Obama, en la que muestran públicamente su firme rechazo a la normativa por la que el Gobierno obligará a entidades caritativas, hospitales y universidades de afiliación religiosa a que cubran los gastos de anticonceptivos a sus empleados, y pidieron a sus fieles que se unan a una campaña de presión sobre el Capitolio para que ponga freno a los planes de la Casa Blanca. [La Iglesia en EE.UU. rechaza el programa de salud de Obama – Extracto]
Este clamor únanime de los católicos se producía una semana después de que la Administración Obama presentara su polémico programa de salud, por el que las organizaciones sin ánimo de lucro vinculadas al ámbito religioso deberán ofrecer cobertura sanitaria a sus empleados para el control de la natalidad.
Una medida que ya había sido criticada por la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos (USCCB, por sus siglas en inglés), que, por boca de su presidente y arzobispo de Nueva York, el recién designado cardenal Timothy M. Dolan, arremetió contra una decisión que, “en sus planes sanitarios, ordena proporcionar a casi todos los contratantes y aseguradores del país la esterilización y la anticoncepción, incluyendo algunos fármacos que inducen al aborto”.
“Nunca antes –se ha lamentado Dolan– el Gobierno Federal había obligado a individuos y organizaciones a salir al mercado y comprar un producto que viola su conciencia. Esto no debería ocurrir en un país donde el ejercicio libre de la religión ocupa el primer lugar en la Declaración de Derechos”.
La norma emitida por el Departamento de Salud y Servicios Humanos (en inglés, HHS) obliga a casi todos los planes de salud privados a que incluyan en su cobertura todos los medicamentos y dispositivos anticonceptivos aprobados por la FDA (la agencia de medicamentos y alimentos), así como la esterilización quirúrgica. Todo ello figura en la lista de “los servicios de prevención para las mujeres”, publicada por el HHS el pasado mes de agosto, que todos los planes de salud tendrán que cubrir sin copago u otros gastos compartidos, con independencia del asegurador, el contratante o el patrocinador del plan, o incluso aunque la propia mujer renuncie a dicha cobertura.
Exención estrecha
Desde la USCCB, se recuerda que la exención prevista para los “contratantes religiosos” es tan estrecha que no contempla a la gran mayoría de organizaciones religiosas, incluyendo hospitales católicos, universidades y organizaciones de servicios que ayudan a millones de personas cada año.
Durante el período público de consultas de la nueva normativa, el otoño pasado, la campaña emprendida por los obispos generó entre el colectivo católico de base más de 57.000 reacciones que, a modo de comentarios, fueron enviadas al HHS oponiéndose a dicha resolución.
Sin embargo, “ahora que la Administración se ha negado a reconocer el derecho constitucional a la libertad de conciencia de organizaciones e individuos que rechazan este mandato”, los prelados estadounidenses están movilizando a los católicos y a todas las personas de buena voluntad para luchar contra “este ataque sin precedentes a la libertad religiosa y los derechos de conciencia”.
“No podemos y no cumpliremos esta injusta ley”, escribía recientemente el obispo de Phoenix, Thomas J. Olmsted, para quien se trata también de “un ataque a la libertad religiosa protegida en la Constitución” del país. “Nuestros padres y abuelos –añadía– no llegaron a esos extremos para ayudar a construir América, o para alcanzar la prosperidad”.
Asimismo, más de 400 líderes católicos han pedido al Congreso y al Gobierno, a través de una carta abierta aparecida en varios periódicos el pasado mes de diciciembre, que se protejan los derechos de conciencia en el cuidado de la salud.
El nuevo programa sanitario no se aplicará a iglesias, sinagogas, mezquitas, templos ni escuelas de afiliación religiosa, exentas de cumplir la normativa, pero sí afectará a organizaciones confesionales cuyo principal objetivo no es ofrecer un servicio religioso a sus miembros, como los hospitales católicos.
Obama, por su parte, ha argumentado que este cambio, que se aplicará a tales organizaciones a partir de 2013, tiene por objeto reducir costes de salud, embarazos no deseados y abortos, precisamente el gran punto de fricción entre el presidente y la jerarquía católica en este año electoral.
En el nº 2.787 de Vida Nueva.
