El Gobierno portugués deja a la persona en ‘segundo plano’

Portugal manifestación contra la reforma laboral

Cáritas cree que la política de reducción del déficit agrava la situación del ciudadano

Portugal manifestación contra la reforma laboral

Reciente manifestación en Portugal contra la reforma laboral

ANTÓNIO MARUJO. LISBOA | La situación social en Portugal es cada vez más difícil. Así lo reconoce el presidente de Cáritas Portuguesa, Eugénio Fonseca, quien, en declaraciones a Vida Nueva, califica de “muy agresivas” las consecuencias de las medidas de austeridad negociadas en 2011 con la “troika” (Fondo Monetario Internacional, Comisión Europea y Fondo Europeo de Estabilización Financiera).

“Lo que gobierna el país es la preocupación por el pago de la deuda. Las personas quedan en segundo plano. La única política son los recortes y no hay inversión. Hay mucho pesimismo entre los ciudadanos”, denuncia.

Portugal, con diez millones de habitantes, cuenta con 700.000 parados, dos millones de personas que viven en riesgo de exclusión y más de 200.000 en situación de pobreza extrema. Esta dura realidad es la que tratan de hacer frente en Cáritas y otras instituciones.

Como destaca Fonseca, hay muchas personas que les piden ayuda porque carecen de dinero para pagar sus hipotecas, así como muchas otras la solicitan para poder comprar medicamentos o hacer frente a las tasas de consulta o de exámenes de diagnóstico en los hospitales (los precios de tales servicios ha aumentado mucho desde enero).

Según desvela su presidente, “Cáritas está haciendo una profunda reflexión sobre esta situación para entregar un documento al ministro de Sanidad”. Por indicación de la Conferencia Episcopal, la institución eclesial gestiona desde hace año y medio también un Fondo Social Solidario, que ha recogido y distribuido ya más de 415.000 euros.

Otro grave problema, apunta Fonseca, está en el ámbito educativo, donde muchos estudiantes no pueden pagar sus mensualidades en colegios y universidades. Ante esto, “es necesario que las parroquias se organicen”, algo que ya se está haciendo. De hecho, en el Congreso de Pastoral Social celebrado en septiembre, esta fue una de las principales conclusiones: cada parroquia debe tener un servicio de ayuda social organizado, como lo tiene de liturgia o catequesis.

Nuevo tipo de pobreza

Aunque aún queda mucho por concretar, las comunidades cristianas tienen que empezar por concienciarse de que hay un nuevo tipo de pobreza: personas provenientes de las clases medias a las que la crisis acaba arrastrando. En este sentido, Fonseca cree que habrá “situaciones de profesores que quedarán sin empleo, debido al cambio de reglas en las oposiciones y a las alteraciones curriculares que el Gobierno está promoviendo”.

Ocurre que ya “muchos de estos profesores quedaron sin derecho al subsidio por desempleo y no tienen posibilidades de solicitar el RSI, una prestación social que el Estado concede a las familias más pobres”.

Para ayudar a las organizaciones en dificultades, el pasado 17 de enero, el Gobierno firmó un acuerdo con las federaciones de las instituciones sociales, que prevé varias medidas de apoyo, como la flexibilización de las exigencias a las familias y un aumento de la participación del Estado en la financiación.

Denuncia sin matices

Más allá de la acción práctica, los diferentes responsables católicos (clericales o seglares) llaman la atención sobre el modelo económico predominante. Así, la Comisión Nacional Justicia y Paz ha criticado, en los últimos meses, “la dictadura de los mercados y el modelo de dominio del sistema financiero”.

También los obispos portugueses divulgaron por Navidad un mensaje titulado Esperanza en tiempo de crisis, en el que denunciaban la “excesiva especulación financiera” que, aliada con la “poca consistencia económica” del país, ha provocado la presente situación. Y es que, añadían los obispos, “queda cada vez más claro que la política internacional no puede reducirse, ni menos someterse, a oscuros juegos de capital que podrían hacer desaparecer la democracia misma”.

Paradójicamente, el pasado 17 de enero, el mismo día del acuerdo con las instituciones sociales, el Gobierno portugués firmaba también con la patronal y una de las principales centrales sindicales un acuerdo que prevé una gran pérdida de derechos para los trabajadores.
Un acuerdo que muchos temen que traiga consigo todavía más dificultades a tanta gente que está atravesando ya serios problemas.

En el nº 2.787 de Vida Nueva.

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