J. LORENZO | La asignatura de Educación para la Ciudadanía (EpC) fue uno de los principales caballos de batalla en materia educativa entre el Gobierno del PSOE y el PP durante las dos últimas legislaturas. Por eso, no ha extrañado a nadie que en lo que fue su primera comparecencia oficial en el Congreso de los Diputados, el 31 de enero, el nuevo ministro de Educación, José Ignacio Wert, tumbase sin contemplaciones la materia y la sustituyera por Educación Cívica y Constitucional.
En palabras Wert, se trata de cambiar una asignatura que “ha estado acompañada desde su nacimiento por la polémica, y que creó una seria división en la sociedad y el mundo educativo”, por otra “cuyo temario esté libre de cuestiones controvertidas y susceptibles de adoctrinamiento ideológico”.
Según Wert, la asignatura iba más allá de lo que debería corresponder a una verdadera ‘formación cívica’, conforme a las directrices y orientaciones formuladas por el Consejo de Europa”.
Esta medida ha sido calificada como “buena noticia” desde la Conferencia Episcopal, según informa Europa Press, donde EpC fue objeto de numerosos análisis que cuajaron en una nota de su Comisión Permanente, de 2007. En ella, se denunciaban que, con la asignatura, “el Estado se arroga un papel de educador moral que no es propio de un Estado democrático de Derecho”.
Asimismo, la implantación de EpC, obligatoria en todos los centros, fue causa de tensión entre el propio Episcopado y los centros concertados católicos, a quienes se les advirtió que la materia iba en contra de la Doctrina Social de la Iglesia. Los colegios católicos consiguieron finalmente del Gobierno socialista poder adecuar la asignatura a su ideario. Eso no les libró de una fuerte presión por parte de organizaciones de padres, que promovieron campañas de objeción de conciencia, que tuvieron que ser solventadas en los tribunales.
En el nº 2.787 de Vida Nueva.
