Colombia tiene unas tareas pendientes para este año 2012. Como sucede en las agendas de empresas, de instituciones, de familias o personales, en este comienzo de año es necesario recordar esas tareas, subrayarlas y ordenarlas como una defensa contra el olvido o contra los efectos letales de la multiplicación de actividades en que lo urgente suele sacrificar lo importante.

Estos son, pues, los asuntos que en el 2012 no se podrán olvidar:

1. Los secuestrados

Muchas veces se volverá al pensamiento de que una política guerrera, de exterminio por las armas, es la que debe adelantarse por sus evidentes repercusiones políticas, y seguirán gastándose ingentes cantidades de dinero en armas y en personal armado, mientras en la selva continúa la agonía de los militares secuestrados. Sin embargo, ellos deben ser la prioridad y la esperanza de sus familiares, el mandato para el gobierno y para los ciudadanos.
El intento de convertir la marcha de diciembre por la liberación de los secuestrados en una manifestación de derechas, reveló uno de los nudos que mantienen estos colombianos en su largo secuestro. De la misma manera que la política oficial está dictada por las conveniencias personales y políticas de los gobernantes y no por consideraciones humanitarias, las manifestaciones populares de solidaridad con los secuestrados, resultan debilitadas e ineficaces por la intrusión de la política.
El agenda de 2012 debería contemplar como un objetivo, que la causa de los secuestrados llegue a descontaminarse de las motivaciones de los políticos.

2. Los damnificados por el invierno

Con el mismo grado de urgencia se presenta en este año el drama de quienes lo perdieron todo, o casi todo, por las inundaciones.
Los datos oficiales muestran a 2.3 millones de personas que necesitan ayuda en el 96 por ciento de los municipios colombianos; y las previsiones de expertos indican que aún están por venir situaciones extremas sin precedentes por los rigores del clima.
En estas condiciones, el año que comienza estará marcado por los desastres de las lluvias y por la necesidad de acciones solidarias en todo el país.
Lo primero es responsabilidad principal de las entidades gubernamentales de quienes dependen las tareas preventivas. La relativa ineficacia de las acciones realizadas desde las inundaciones de comienzos de 2011 demuestra que la reacción oficial ha sido insuficiente e ineficiente y que en este 2012 esa acción forzosamente deberá ser de mayor calidad. El hecho de que las ciudades también comienzan a estar bajo las aguas está multiplicando la sensación de inseguridad, que puede ser el comienzo de un cambio de mirada sobre el cuidado que requiere la naturaleza. Considerados como asuntos de especialistas y de románticos de la ecología, las relaciones del ciudadano con los fenómenos naturales, se están convirtiendo en tema vital y en una preocupación urgente.
Las inundaciones en Bogotá, los arroyos en Barranquilla, la angustia de los habitantes de los 19 caseríos que han crecido junto al Canal del Dique, las amenazas de inundación en Aguablanca, el populoso barrio de Cali, son hechos de imprevisión pero, sobre todo, de un desconocimiento de la necesidad de convivir con la naturaleza respetando sus leyes. Una política inteligente y solidaria para 2012, deberá aprovechar todos los recursos para convertir la crisis en una oportunidad propicia para iniciar un cambio de mente sobre los deberes para con la naturaleza.
No bastarán las grandes obras de fortalecimiento de jarillones, diques y dragado de ríos si no se construye una actitud nueva hacia la naturaleza. Es, pues, el reto educativo de 2012.

3. Lucha contra la corrupción

El 2011 se cerró con la sensación de que los desastres del invierno se agravan por la acción de los funcionarios corruptos, esos sí el verdadero karma del país, que retardan las obras públicas, que les dan otro destino a los recursos o que se roban el dinero y los elementos de ayuda, para enriquecimiento personal, para campañas políticas o para favorecer entidades o personas amigas. El trabajo de protección contra las aguas invasoras tendrá que complementarse con la lucha contra las aguas negras de la corrupción que amenazan romper todos los diques.
La corrupción se roba los presupuestos de la salud, retrasa o imposibilita la construcción de vías, mete la mano en los dineros de los impuestos, altera las funciones de notarios y registradores, crea regímenes de privilegio en las cárceles, abre las puertas de las leyes a los micos, altera las actas electorales lo mismo que pruebas y exámenes forenses, es omnipresente y ubícua como los cánceres que han hecho metástasis.
Parece exagerado decir que esta también debe ser una prioridad en la agenda de 2012, pero resulta realista cuando se tiene en cuenta que las otras operaciones inaplazables y urgentes del año resultan imposibles si no se para a los corruptos. Ellos son una calamidad agregada y agravante de los desastres naturales.
Más que leyes de policía, necesarias, ¿quién lo duda? es necesaria la construcción de actitudes honestas en los ciudadanos. Frente a la cínica expresión de autoexculpación: “la corrupción es inherente a la naturaleza humana” tendría que recuperar su vigencia la diferencia radical entre lo correcto y lo incorrecto y el rechazo a los intentos de borrar la frontera que los separa. A esta tendría que sumarse otra acción pedagógica y pastoral: la de desarrollar el sentido del otro y de sus derechos como fundamento de la actuaciones honestas.
Son tareas educativas de largo plazo en las que la acción de la familia y de la escuela deberá ser apoyada y fortalecida por la gestión pastoral. Un ciudadano honesto es el natural resultado de una vida de fe.

4. Reforma de la ley 30

En el 2011 quedó pendiente la reforma de la ley 30 sobre educación universitaria. En una decisión políticamente táctica, el gobierno nacional decidió retirar su proyecto y ofreció al estudiantado la instalación de unas mesas de trabajo para un nuevo proyecto, con participación de los estudiantes.
En este año deberá comenzar ese estudio en el que la organización estudiantil promotora de las marchas contra el proyecto oficial mantendrá, entre otros, los puntos de vista proclamados durante sus acciones de protesta:
La reforma a la educación prescindirá de los criterios y mecanismos del actual sistema en que una es la condición de privilegio de los estudiantes con recursos y otra la del estudiantado sin recursos. El estado deberá garantizar en sus colegios públicos una educación de igual calidad que la recibida por los estudiantes adinerados.
Aunque el tema de la reforma es la educación universitaria, esta no puede desligarse de la calidad alta o baja de los estudios de bachillerato que, sometidos a la evaluación de entidades internacionales han aparecido deficientes. En esas condiciones los estudiantes pobres enfrentan la exclusión cuando se presentan en la universidad porque sus conocimientos no les permiten pasar los exámenes de admisión: si pasan enfrentan la dificultad de una matrícula que no pueden pagar; y si la pagan, en los dos primeros semestres se ponen en evidencia su inferioridad académica y la necesidad de desertar. Es, pues, el bachillerato el que debe ser reformado.
Presionado por el movimiento estudiantil, el gobierno dio el primer paso atrás cuando eliminó de su proyecto los artículos relacionados con las inversiones mercantiles en la educación. La idea de convertir la educación en mercancía y a las universidades en empresas comerciales concentró el rechazo de los estudiantes, dispuestos a impedir la entrada de los comerciantes a la universidad. Al poner sobre la mesa este tema se plantearon asuntos polémicos: ¿la inversión pública en educación deberá igualar al menos, las inversiones en defensa? ¿Con qué criterios se harán esas inversiones? ¿Se privilegiarán las universidades públicas para dar condiciones de igualdad a los estudiantes sin recursos?
El año 2012, al incluir en su agenda este tema educativo, puede convertirse en el gran año de la educación.

5. La ley de tierras

El ministro de agricultura, Juan Camilo Restrepo, habla de una gran deuda del país con los campesinos a quienes, en los últimos 25 años, han robado sus tierras y han obligado a la crueldad del desplazamiento.
Devolverles las tierras, propiciar su regreso al lugar donde están su trabajo, su hogar y sus raíces, es el proceso que deberá continuarse este año en desarrollo de una política que el gobierno califica como prioritaria.
Las cifras del problema son abrumadoras: se trata de 7 millones de hectáreas; cuatro millones de hectáreas están abandonadas porque sus propietarios huyeron, intimidados por las amenazas de grupos armados al servicio de terratenientes; a 450 mil familias les arrebataron dos millones de hectáreas con engaños o con amenazas; al propio Estado colombiano le robaron 500 mil hectáreas, y otras 500 mil que hacían parte de las posesiones de narcotraficantes y que las autoridades habían entregado en custodia a la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE) salieron de manos del Estado y deben ser recuperadas.
Esos siete millones de hectáreas en este momento están en manos de los despojadores en algunos casos, otras tierras están a nombre de testaferros, y otras más tienen como titulares a poseedores de buena fe que a su vez fueron engañados.
Para apoderarse de estas tierras se han utilizado toda clase de trucos: es el caso de las 500 mil hectáreas del Estado. Los ladrones, con la complicidad de notarios y de registradores borraron de las actas el nombre del estado y lo reemplazaron con el nombre del delincuente; algo parecido sucedió con las tierras encomendadas al DNE; y los dos millones de hectáreas de los campesinos, fueron a parar a manos de los ladrones porque alteraron resoluciones del Incora, o deI Incoder, suplantaron en las registradurías y notarías los nombres de los campesinos; o con la anuencia de comités de protección credos para darle una apariencia de respetabilidad al despojo.
En otros casos la firma de registradores o de notarios fue comprada o se obtuvieron matrículas nuevas para burlar la protección legal de las tierras.
Deshacer todos esos entuertos y trampas, capturar a los ladrones y lograr su castigo, sanear los títulos de propiedad, garantizarles a los campesinos su seguridad y propiciar su regreso, son algunas de las tareas que deberán mantenerse durante el 2012.
No se trata solamente de una tarea de legalización de las tierras, sino de una guerra contra los ejércitos de asesinos de los terratenientes. En los últimos tres años han sido asesinados 50 líderes campesinos que promovían la devolución de tierras. Como ha sucedido a lo largo de nuestra historia, la tierra se sigue arrebatando a sangre y fuego y el gobierno del presidente Santos se ha comprometido a cambiar esa historia.
En todas estas tareas para 2012 hay un elemento común: se trata de pagar una deuda de justicia a los más pobres y débiles de la sociedad. Que esta sea la agenda de Colombia para este año es un hecho que tiene un sentido de reconstrucción, de rectificación, de conversión. Es pues, la de 2012 una agenda para convertidos. VNC