Pueblos Unidos denuncia en un informe la situación de los internos en el CIE de Aluche
La ONG jesuita denuncia la presión policial
FRAN OTERO. Fotos: PUEBLOS UNIDOS | Hay una cifra, entre las muchas que se publican en torno a la crisis económica, muy significativa. Los ricos son más ricos en el peor año de la crisis. Cabría preguntarse entonces: ¿quién paga las consecuencias? ¿quién soporta el peso de esta situación? Son muchas las personas, pero hay determinados grupos que se han visto afectados en mayor medida y cuyas capacidades para sostenerse son menores. Los extranjeros integran uno de estos grupos, tal y como lo ponen de manifiesto distintos informes. [Siga aquí si no es suscriptor]
El ejemplo puede encontrarse en Cataluña, donde uno de cada cuatro hijos de inmigrantes son pobres. Otro, en el que profundizará esta información, no está directamente relacionado con la crisis aunque es consecuencia. Y es que el número de inmigrantes que se queda sin trabajo y a los que sobreviene la irregularidad es cada vez mayor, circunstancia que, unida a la mayor presión policial, como denuncian las ONG, está poblando los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), donde las condiciones dejan mucho que desear.
Justo antes de concluir el año, Pueblos Unidos, centro de la Fundación San Juan del Castillo, miembro del Servicio Jesuita a Migrantes (SJM)–España publicó un informe sobre el CIE de Aluche (Madrid), Miradas tras las rejas, que se ha convertido en una realidad gracias al trabajo de un grupo de voluntarios dedicado a apoyar a las personas internas. De hecho, han sido ocho personas las que de manera estable han visitado el CIE cada semana, acompañando así a 248 extranjeros con 1.049 visitas.
Las cifras son preocupantes, pues, de todas las personas que la ONG visitó en 2011, se detectaron 173 situaciones de particular vulnerabilidad, así como se documentaron 14 casos de agresiones físicas y otras malas prácticas policiales, cuatro casos de atención médica deficiente, y falta de información y conocimiento de su situación jurídica. Como consecuencia, Pueblos Unidos presentó un total de 24 quejas ante distintos estamentos, o lo que es lo mismo, una queja cada 15 días.
También aumentó el trabajo de los juzgados de vigilancia y control del CIE, a pesar, según relata Pueblos Unidos, “de la escasez de recursos, de la falta de atribuciones efectivas y otras dificultades”. Destaca, sobre todas las resoluciones, el auto del juez de vigilancia, en enero 2011, sobre la presencia de entidades sociales en el CIE.
Otras de las situaciones a resolver es la ausencia de reglamento sobre los CIE dos años después de la reforma de la Ley de Extranjería (LOEX), “materia que debe ser una prioridad para el nuevo Gobierno”.
Ante esta situación, Pueblos Unidos propone una serie de recomendaciones (ver más abajo) para mejorar las condiciones de internamiento y expulsión forzosas agrupadas en tres bloques: la adecuación de la práctica administrativa al marco legal sancionador, la elaboración urgente de un reglamento de los CIE y la mejora de las condiciones de internamiento en el caso concreto de Aluche.
En el primer bloque, se propone la utilización con carácter general del procedimiento ordinario y de la sanción de multa según prevé la Ley Orgánica de Extranjería (LOEX) en vez de la utilización indiscriminada del procedimiento preferente y la sanción de expulsión. Asimismo, aconseja que el internamiento se utilice como último recurso.
PRINCIPALES QUEJAS:
– Ingresos indiscriminados.
– Duración excesiva del internamiento.
– Gestión centrada en el control y la seguridad.
– Restricción de comunicación y visitas.
– Falta de información.
Limitación del derecho de defensa.
– Agresiones físicas y obstáculos a su persecución.
– Atención médica deficiente.
– Irregularidades en la expulsión.
– Imposibilidad de acceder al baño por las noches.
– Alimentación deficiente.
En el segundo bloque, destacan la propuesta de que la gestión de los CIE sea mixta contra la actual gestión exclusivamente policial, la prevención de la violencia policial, la información o la regulación de unos servicios mínimos.
Finalmente, en el tercero, se pide evitar la duración excesiva del internamiento, la mejora de información a internos y familiares, que se garantice un servicio médico apropiado, una alimentación variada, así como el acceso a los baños durante la noche.
Insiste en este informe la ONG jesuita, dirigida por Daniel Izuzquiza, en que detrás de cada denuncia, de cada cifra, de cada recomendación, hay personas. Personas con nombres y apellidos, con una historia, complicada casi siempre; con la familia a miles de kilómetros y con problemas sociales y económicos, también de salud. Y esas miradas son las que 12 periodistas, gracias a la correa de transmisión que son los voluntarios, han podido contar. Son historias estremecedoras, llenas de dolor, pero con un hálito de esperanza, la que les ofrece Pueblos Unidos.
Entre las historias, destaca la de una mujer, enferma de cáncer de colon, que tuvo que vivir hacinada en una celda y con dificultades para ir al baño; en condiciones higiénicas y sanitarias inadecuadas, igual que la alimentación. También la de un hombre que, tras pasar 55 días retenido y cuando le quedaban solo cinco para ser libre (la Ley no permite estar más de 60), le expulsaron. “Si me van a expulsar, por favor, que no me tengan aquí hasta el día 59”, se quejaba.
Igual de dramático que el caso de un argelino que pasó seis años en la cárcel por no tener papeles. Venía buscando esperanza y, al final, por el sufrimiento, enfermó de oligofrenia y esquizofrenia. Son historias que no debieran caer en el olvido.
Recomendaciones de Pueblos Unidos para los CIE:
Adecuación de la práctica administrativa al marco legal sancionador:
- Utilización con carácter general del procedimiento ordinario y de la sanción de multa.
- El internamiento, último recurso.
- Análisis de la situación concreta de la persona antes del internamiento.
- Extremar cautelas por parte de los juzgados de instrucción a la hora de autorizar el internamiento y examinar el expediente de expulsión.
Elaboración urgente de un reglamento de los CIE:
- Gestión mixta de los centros para que no sea exclusivamente policial.
- Formación de los funcionarios del CIE en los aspectos básicos del marco sancionador de extranjería para no criminalizar ni estigmatizar a los internos.
- Prevención y control de la violencia policial.
- Regulación de servicios mínimos y aspectos esenciales.
- Información a las personas internas.
- Garantías para la efectividad de los derechos de los internos.
- Designación de un Juzgado de control en concreto en cada localidad donde hay un CIE, y acceso efectivo de los internos a este.
- Acceso de las entidades sociales a los CIE.
- Elaboración anual de información pública.
Mejora de las condiciones de internamiento:
- Evitar duración excesiva del internamiento.
- Garantizar que personas que no tienen antecedentes penales compartan habitación con otras que sí los tienen.
- Unificar normas y procedimientos.
- Mejorar la información a internos y familiares.
- Adecuada comunicación con el exterior.
- Agilizar y mejorar el sistema de visitas. Eliminar la comunicación a través de mamparas y teléfonos que tanto asemeja el CIE a una cárcel.
- Garantizar el acceso efectivo a los baños durante la noche.
- Introducir medidas que permitan la práctica de la libertad religiosa.
- Retornar a las personas puestas en libertad a la ciudad donde fueron detenidas.
En el nº 2.783 de Vida Nueva.
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