JUAN MARÍA LABOA, sacerdote e historiador | El Estado español, propietario del Valle de los Caídos, no pidió permiso a la Iglesia para enterrar a Franco, ni necesita de su permiso para enterrarlo en otro lugar. Los expertos del Gobierno han orientado mal sus pretensiones al determinar que es la Iglesia quien tiene la última palabra sobre este traslado.
Quiero creer que no se ha tratado de un dardo envenenado con el fin de responsabilizarla de un posible fracaso de sus pretensiones. Tanto la voluntad de la familia Franco como la del Estado son suficientes para que se cumpla el traslado sin más requisitos.
Otra cosa sería si se tratase del cuerpo incorrupto de un santo canonizado, venerado universalmente por la santidad de su vida y por sus milagros. [Seguir leyendo]
En el nº 2.780 de Vida Nueva.
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