La protección a los débiles, imperativo cristiano en tiempos de recortes sociales

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JOSÉ LUIS PALACIOS | Uno de cada cinco hogares en España se encuentra bajo el umbral de la pobreza. Según el Instituto Nacional de Estadística, el porcentaje ha pasado del 19,5% en 2009 al 21,8% en 2010. La distancia que separa a los más pudientes de los más pobres de nuestro país ha llegado a 6,9 puntos, la mayor diferencia desde que en 1995 comenzó a medirse este indicador. Hay menores en peligro. [Siga aquí si no es suscriptor]

Unicef y la Fundación Pere Tarrés han alertado de que la pobreza infantil considerada alta afecta al 15,6% de los niños y jóvenes de origen extranjero, cifra que se reduce al 6% en el caso de los menores autóctonos. La pobreza severa, que implica pasar hambre de forma habitual, alcanza el 6,2% entre los inmigrantes menores de edad; el doble que entre los hijos de españoles. Más de 205.000 –uno de cada cinco menores de edad de origen inmigrante– están tocados por la precariedad.

La última Encuesta de Población Activa sitúa la cifra de parados, a finales de septiembre, en 4.978.300 personas, mientras que el INEM los cifra en 4.360.926 en octubre. La realidad aumenta en crueldad si, ademas, tenemos en cuenta que tres de cada 10 parados no reciben prestación por desempleo, que entre los menores de 25 años la tasa de paro supera el 45% o que hay 1.425.200 hogares en España en los que todos sus miembros están en paro.mendigo sentado en la puerta de un banco

La insuficiencia de los sistemas públicos de protección social se hace evidente cuando se ve el número de atendidos por Cáritas. En 2010 fueron más de un millón y medio de personas, un 4,3% más que el año anterior. Aproximadamente un millón recibieron ayuda primaria (acogida y asistencia), un 15% más que el ejercicio pasado. Lo grave es que siete de cada 10 personas llegaron al servicio caritativo de la comunidad cristiana tras ver cómo se les cerraban las puertas en los ayuntamientos y comunidades.

Las dotaciones de las prestaciones y servicios públicos están a dieta. Solo en la educación pública, se calcula que hay 12.000 profesores interinos menos, mientras que la concertada ha visto también cómo se recorta su financiación. En el sistema público de sanidad se pretende reducir el gasto en 6.000 millones de euros. En Cataluña peligran, según los sindicatos, unos 5.000 empleos.

Desde el punto de vista ético, la profesora de la Universidad Autónoma de Barcelona, Victoria Camps, ante los recortes en el gasto público y el papel de los gobiernos en la gestión económica, se pregunta: “Tal y como se están llevando a cabo los ajustes, ¿se resiente la equidad?”. Su respuesta es que “parece claro que sí. Siempre las crisis, las catástrofes, se ciernen sobre los más vulnerables, que es a los que se debería proteger”.

“Siempre las crisis se ciernen
sobre los más vulnerables,
que es a los que se debería proteger”.
Victoria Camps.

Para la catedrática de Ética, la gestión de la actual crisis deja mucho que desear: “Hay que reaccionar rápidamente, y en esa reacción rápida no se están haciendo las cosas bien porque se ha ido a lo más fácil, a aquello en lo que los estados tienen más poder: el gasto público”. En cambio, se queja, “lo que nadie parece estar haciendo en estos momentos es castigar a aquellos que han provocado esta crisis: los especuladores, los inversores, los mercados a los que nadie regula…”. Según la experta, “la cuestión es si es la forma moral o inmoral” de afrontar las actuales circunstancias económicas.

Injusticia distributiva

Para el profesor de Ética Política de la Universidad de Deusto, Xabier Etxeberría, desde el punto de vista de la justicia redistributiva, “lo que está sucediendo es justo lo contrario: el grueso de los costes lo está asumiendo el ciudadano común”. En su opinión, “el modo como se está gestionando la crisis supone una gravísima injusticia desde el punto de vista retributivo, pero además aumentada, porque acrecienta la injusticia desde el punto de vista distributivo, que pide redistribuir bienes y servicios en función de las posibilidades, para igualar en oportunidades, cubriendo en todos las necesidades básicas”.mujer rebusca contenedor de basura

Si se analizan las medidas adoptadas por las autoridades públicas, desde el punto de vista de la solidaridad social, según el catedrático nacido en Navarra, estamos ante “la radical negación de la misma”.

Según explica, “la solidaridad reclama atención prioritaria, pública y social, al desaventajado y al oprimido; hacerse cargo, los que pueden, de las cargas de los que no pueden”; la antítesis de lo que está pasando. Por eso es consciente de que “los principios tienen que ser situados en los contextos a través de la prudencia, que atiende tanto a lo que es posible como a las consecuencias de las medidas que se toman”.

Si no queda más remedio que hacer excepciones de los principios, la prudencia exige “la denuncia y el trabajo eficaz para cambiarla”, sostiene Etxeberría, algo que también brilla por su ausencia: “Tras unas iniciales y tímidas sugerencias de que había que cambiar el sistema financiero, los grandes responsables públicos lo están asumiendo como inevitable, plegándose a él, no señalando en ningún momento, con contundencia, que es un sistema perverso que, como tal, debe ser cambiado, aunque sea a medio plazo”. Prevalece, en cambio, “la prudencia que conviene al que está bien situado”, sigue este especialista.

“Cuando nos pongamos a tono y los mercados no nos miren tan mal, será necesario pensar el sistema”, opina la catedrática Camps. Y la ética podría salir en nuestra ayuda al decirnos “lo que no necesitamos: hay necesidad de cambiar de estilo de vida, de pasar de uno de despilfarro a otro de austeridad, que es un valor a imponer tanto por parte de las administraciones y los directivos de las empresas como por parte de los ciudadanos, que deben vivir de otra manera”.

“Los grandes responsables públicos
están asumiendo el sistema financiero actual
como inevitable, plegándose a él”.
Xabier Etxeberría.

Sin renunciar, argumenta la autora de El declive de la ciudadanía, a que “la sanidad y la educación sean más eficientes, entre otras cosas, reduciendo el gasto, hay que mirar a otros bienes que no son tan necesarios, como las televisiones públicas o las administraciones que sobran”.

La Conferencia Episcopal Española, en su reciente Nota ante las próximas elecciones generales del 20 de noviembre, se detuvo a señalar, entre otras cuestiones, que “la grave crisis económica actual reclama políticas sociales y económicas responsables y promotoras de la dignidad de las personas, que propicien el trabajo para todos”.

Para el Episcopado español, que todavía no ha tenido un pronunciamiento conjunto dedicado exclusivamente a los efectos de la mala situación económica, “son necesarias políticas que favorezcan la libre iniciativa social en la producción y que incentiven el trabajo bien hecho, así como una justa distribución de las rentas; que corrijan los errores y desvíos cometidos en la administración de la hacienda pública y en las finanzas; que atiendan a las necesidades de los más vulnerables, como son los ancianos, los enfermos y los inmigrantes”.

“Tenemos que orientar bien el mercado
hacia donde queremos,
o estará en nuestra contra”.
Enrique Lluch.

Política y bien común

El propio Benedicto XVI publicó en 2009, en los comienzos de la ‘gran recesión’, su señera encíclica Caritas in veritate, en la que ya entonces apelaba al predomino de la política, en su acepción y ejercicio más nobles, sobre las supuestas reglas de la economía: “La actividad económica no puede resolver todos los problemas sociales ampliando sin más la lógica mercantil. Debe estar ordenada a la consecución del bien común, que es responsabilidad sobre todo de la comunidad política. Por tanto, se debe tener presente que separar la gestión económica, a la que correspondería únicamente producir riqueza, de la acción política, que tendría el papel de conseguir la justicia mediante la redistribución, es causa de graves desequilibrios”.pensionistas indignados con pancarta mas pan y menos chorizos

El autor de Por una economía altruista (PPC), Enrique Lluch, expone que “el mercado tiene sus fallos, que van en contra del mismo mercado; por lo tanto, el Estado debe intervenir para paliarlo. Uno de esos fallos es el incremento de las desigualdades, porque repercute en su viabilidad a medio y largo plazo. En ese sentido, la Doctrina Social de la Iglesia añade que el mercado tiene que estar al servicio de las personas, pero tal como funciona ahora, sin dirigirlo, no es seguro que sea así”. Lluch considera que “u orientamos bien el mercado o estará en nuestra contra. Es la sociedad la que debe dirigir el mercado adonde considere más conveniente”.

Para este profesor de la Universidad CEU Cardenal Herrera de Valencia, “el Estado del Bienestar ni es perfecto ni nos va durar así toda la vida. La realidad social cambia y, por tanto, no se puede pensar sin más que los instrumentos que vinieron bien hace 30 años lo van a seguir haciendo hasta la eternidad. Debemos estar abiertos a la hora de reconducir, mejorar y buscar los caminos más adecuados”.

De alguna manera, es lo que señala Joseph Ratzinger, de nuevo en Caritas in veritate: “La crisis nos obliga a revisar nuestro camino, a darnos nuevas reglas y a encontrar nuevas formas de compromiso, a apoyarnos en las experiencias positivas y a rechazar las negativas. De este modo, la crisis se convierte en ocasión de discernir y proyectar de un modo nuevo”.

“Las normas para una economía ordinaria
no valen para una situación extraordinaria.
Hay que buscar soluciones creativas”.
Pedro José Gómez Serrano.

En principio, nada hay que oponer en la doctrina cristiana al adelgazamiento del Estado. “Podría ser aceptable que las capas populares aportaran su justa y mesurada contribución en recortes, con tal de que no dañara la satisfacción de sus necesidades básicas; y que se viera correspondida por una muy fuerte contribución de las capas más enriquecidas”, opina Xabier Etxeberría, quien, a renglón seguido, añade: “Desgraciadamente, no está siendo este el caso”.

Del mismo parecer es Pedro José Gómez Serrano, profesor de Economía en la Universidad Complutense de Madrid: “Si se hubieran repartido los recortes de un modo equitativo y se hubieran buscando alternativas para los que se quedan sin casa y sin prestación por desempleo, lo hubiéramos entendido mejor. No ha habido tampoco un estudio sobre qué impuestos habría que subir, cómo luchar contra la evasión fiscal… Esto resta legitimidad al Estado”.

“Las normas para una economía ordinaria no valen para una situación extraordinaria. Hay que buscar soluciones creativas”, asegura Gómez. El también docente en el Instituto Superior de Pastoral de Madrid y coordinador del libro Economía política de la crisis, concluye, parafraseando el punto 37 de Caritas in veritate: “En todas las fases del proceso económico, hay actuaciones morales. Hay moral para la empresa, para el consumidor, el inversor. Igual que hay exigir que una ética mas radical a los banqueros, que invierten el dinero de los depositantes, habría que exigir a los políticos, que gestionan lo que es de todos y para todos”.

En el nº 2.777 de Vida Nueva.

 

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