En las elecciones de octubre volverá a suceder: ladrones y asesinos resultarán elegidos con los votos de gentes honestas pero inconscientes sobre el poder de bien o de daño que produce un voto.
El gobernador que defraudó, o el alcalde a quien le preguntaron qué hizo con 4.500 millones que debieron destinarse a la lucha contra el hambre, están en sus cargos porque tuvieron votos. Los votos están manteniendo en el poder a ladrones y asesinos.
Porque detrás de cada voto hay un votante: ¿quiso ese votante apoyar a ladrones y asesinos? ¿Fue consciente de que su voto hacía ese mal a su sociedad? No; el elector depositó ese voto porque en cambio le dieron un mercado, unos bultos de cemento, una comida o algún dinero.
La mujer que perdió su casa y sus tierras porque a su rancho llegaron hombres armados que le dieron la orden de salir, porque “el patrón” necesitaba esas tierras, salió con la intención de acudir a las autoridades. Al fin y al cabo había votado por el alcalde al que le contó su desgracia. Pero cuando vio que no hacían nada y averiguó, le dijeron que “el patrón” que le había quitado su tierra era amigo del alcalde. Tal vez su socio. Con su voto, ella le había ayudado a obtener el poder que se volvió contra ella.
Son historias que se repiten en todas partes en las vísperas electorales: sin saberlo ni proponérselo, los votantes están apoyando a los que les hacen daño. Son electores que eligen sin saber a quién eligen, ni han tenido quién se los informe.
El hecho cierto es que con los votos se pueden hacer daños a los otros y se puede perjudicar uno mismo. Al padre Napoleón García le ha tocado en la diócesis de Quibdó una singular pastoral: la de abrir los ojos de los votantes y de las autoridades para que vean y tomen nota de los casos de corrupción electoral; y ha comprobado -él no sabe si con tristeza o con rabia- que un billete de 50 mil pesos puede más que cualquier consideración sobre los males o los bienes que se pueden hacer con un voto. Para encontrar sus colaboradores en la Misión de Observación Electoral que dirige, los billetes de 50 mil se le han convertido en un obstáculo.
A los electores les han arrebatado el poder que da el voto. En teoría la democracia “es poder del pueblo sobre el pueblo, gobierno del pueblo sobre sí mismo”. Pero en la práctica, anota el mismo Sartori, “el gobierno sobre el pueblo corre el riesgo de no tener ninguna relación con el gobierno del pueblo”. La realidad en Colombia es aún más cruda: ese gobierno del pueblo ha pasado a manos de los que mandan con armas o con mucho dinero en la mano.
Con alguna retórica la prensa se pregunta, como si fuera un misterio, cómo logran los políticos delincuentes, ganar elecciones desde la cárcel. Parecen desconocer el evidente poder del dinero para enajenar voluntades. Los guardianes de las cárceles se convierten de la noche a la mañana en la corte del congresista preso, merced al poder del dinero; ese mismo fenómeno ocurre con los electores que ante el billete de 50 mil abdican del poder que les confiere el voto y lo entregan, no a los mejores como sería el ideal, sino a los peores, como si esos votantes fueran sus cómplices.
Ante esto, los partidos han comenzado a reaccionar. El liberalismo les negó o retiró su aval a 518 candidatos; los conservadores desautorizaron a 435 de sus aspirantes a candidatos, Cambio Radical les negó aval a 308, el Polo a 16 y el partido Verde a 70. Es posible que si los partidos no hubieran tomado esa radical decisión, los votos inconscientes o los comprados o los impuestos con amenazas, hubieran apoyado esas campañas. Un dato crudo indica que de 93.000 candidatos investigados, 2.280 figuran en las listas a pesar de sus antecedentes judiciales. Más grave aún: 27 candidatos tenían orden de captura, algunos con circular de interpol. A pesar de eso, el poder de los votos les habría abierto camino a unos delincuentes, como funcionarios, es decir, como encargados del bien público.
Ese poder se manifestó en la preparación de estas elecciones como lo detectó la Misión de Observación Electoral cuando afirmó que la mitad de los municipios de Colombia, 544, están en la mira de los criminales que operan aliados con los políticos o en plan de hacer política por su cuenta. En esos municipios el poder criminal cuenta con el apoyo de los votos de electores que no son criminales y que incluso se consideran buenos ciudadanos.
Los criminales han obtenido ese apoyo por la vía de la violencia en 447 municipios; en 241 municipios opera la endiablada manguala de amenazas, sobornos y fraude, para manipular el poder de los votos. El poder que logran de este modo no desaparece cuando las autoridades ponen en prisión a esos predadores. Ellos saben que de ese poder que les dan los votos su influencia en sus regiones lo mismo que su poder económico y social crece, por eso lo defienden con toda clase de armas, convertido en negocio de familia. Generalmente tienen hacienda, ganados, sembrados, tienda en el pueblo y votos que hacen parte del inventario familiar. Así, un congresista que había tenido parte en una matanza y que fue condenado a 40 años, mantiene el “negocio” a través de su hermana, elegida congresista; un exgobernador condenado a 7 años mantiene su poder en manos de su esposa, que fue elegida para el cargo; una empresaria de chance, procesada y encarcelada, sigue vigente a través de su hijo; en otros casos el socio político es el que retiene el poder en una especie de testaferrato. Ellos cuidan como un valioso activo los votos que les han dado el poder, pero no sucede así con los electores que venden barato su voto, como si se tratara de un bien de dudosa o de mala calidad.
En vista del poder del voto y de los males que producen los votos que caen en manos de los delincuentes, se ha convertido en un asunto de interés público cualquiera acción que tienda a proteger la libertad de los votantes.
¿Qué hacer? La amenaza para la democracia colombiana es tan evidente que las autoridades se están movilizando y atacan manifestaciones externas del problema como el trasteo de votos. Promotores de candidatos en una localidad, trasladan con gastos pagos a votantes hacia los municipios en donde existe el interés por el triunfo de un candidato. Proveen transporte, alimentos y dinero por cada voto y así concentran en un municipio los votos necesarios para imponer su candidato; así se ha llegado al fenómeno de los municipios en donde hay más votantes que habitantes. Las autoridades electorales dieron la alerta y dejaron en las manos de la policía la tarea de controlar el fenómeno.
Gestión tan difícil como la de combatir a los grupos armados que aplican toda clase de presiones -paros armados en regiones enteras, amenazas individuales, ofrecimientos, también individuales- para construir con votos favorables, un poder político. El gobierno sabe que solo con las armas no podrá neutralizar el poder armado de los ilegales y pide ayuda, u ofrece apoyo, a entidades como la Iglesia, que intentan defender la libertad de los votantes mediante tareas de formación de la conciencia cívica sobre el valor del voto. Hay ONG que trabajan en la misma dirección que el periodismo cívico ha adoptado.
Se trata de un cambio de los esquemas tradicionales y se parte de la idea de que en unas elecciones el primer lugar de importancia lo tiene el elector y no el candidato. Los candidatos son personas que buscan y piden un empleo, como tales deben demostrarle al empleador -el ciudadano elector- que merecen el empleo porque tienen la capacitación suficiente, porque se han desempeñado con éxito en anteriores empleos, porque ofrecen buenos programas.
Si el interés de la sociedad y de los medios se transfiere a los electores, mientras los candidatos pasan a ser figuras subordinadas, se recupera el recto orden de las cosas y se establece un principio sano: el rango superior y definitivo de los electores y de su agenda. En el periodismo cívico esto ha producido cambios radicales: los periodistas miran a los electores como sus fuentes noticiosas más importantes; la agenda de los electores es objeto de las informaciones con prioridad sobre los discursos promeseros de los candidatos, pero sobre todo, el periodismo investiga qué es lo que la sociedad necesita, no lo que los candidatos prometen. Son actividades que se desarrollan en la dirección correcta, pero ¿es todo?
Algo hace falta y es lo definitivo: ¿se está formando la conciencia de los electores, no solo para valorarse como protagonistas de primera importancia en el proceso electoral, sino para entender por qué es importante su gestión en un proceso democrático?
Esta formación de la conciencia comienza a ser posible cuando se vence el prejuicio inicial que muestra este trabajo como una indebida intrusión en política.
Es muy probable que esta actividad no haya entrado en la agenda pastoral de la Iglesia, por la fuerza de ese prejuicio. Esta podría ser la explicación de la debilidad con que los pastores y la sociedad imponen una sanción moral a cuantos atentan contra el bien común. La pequeña población de Puerto Gaitán es el municipio que recibe la mayor cantidad de dinero por regalías, 96 mil millones, dinero suficiente para constituir un modelo en cuanto a la solución de las necesidades de la población. A los visitantes sin embargo, les asombra el contraste entre el ostentoso arco de entrada, una obra inútil que costó 2.500 millones de pesos, y el caso de las partidas dedicadas a la salud, 4.500millones que no han logrado impedir la muerte de los niños indígenas por hambre. Ante el dato de los 13 niños muertos por desnutrición en los primeros seis meses de este año, los investigadores preguntan con razón, ¿dónde está ese dinero? Y descubren asombrados que una consulta médica puede costar 927 mil pesos o en otros casos 1.300.000 según consta en los presupuestos citados por Semana.
Una información amplia sobre excesos como estos cumple una función pedagógica en la medida en que es objeto de emisiones o de ediciones de amplio cubrimiento. Pero la realidad es menos entusiasta: ni los medios locales tratan estos asuntos, porque se afectarían sus intereses, ni la población parece interesada o sensible a lo que significan hechos como estos. El apoyo inconsciente a personajes que roban los dineros públicos, o que han utilizado la violencia o el fraude para llegar a los puestos públicos, se seguirá produciendo mientras a la conciencia de electores y poblaciones no llegue esa señal de alerta que es salvadora en casos de catástrofe. En esta catástrofe social se echa de menos una red de alertas que prevenga los votantes contra el daño que significa un mal gobernante, o un gobernante protegido por bandidos. VNC
