Así lo entienden los obispos, que han creado un comité destinado a su defensa y vigilancia
El arzobispo Timothy Dolan (centro)
MIGUEL ÁNGEL MALAVIA | Apesar de que los Estados Unidos de América se autoproclaman habitualmente como “el país de las libertades”, sus obispos parecen no tenerlo tan claro. Eso es al menos lo que se desprende de la reciente creación de un Comité para la Libertad Religiosa en el seno de la Conferencia Episcopal de los Estados Unidos (USCCB).
El presidente del Comité, el obispo de Bridgeport, William Lori, defiende que su objetivo es “afrontar las crecientes amenazas a la libertad religiosa de nuestra sociedad, de manera que la misión de la Iglesia pueda proceder sin impedimentos y los derechos de los creyentes de toda fe religiosa o de ninguna puedan ser respetados”, informa Zenit.
Un tono similar al empleado por el presidente del Episcopado estadounidense, Timothy Dolan, quien, en una carta a todos los miembros de la USCCB, denunció que la libertad de conciencia “está siempre sometida a ataques en América”, en lo que constituye un hecho “sin precedentes”. “Si no actuamos ahora, las consecuencias serán graves”, concluyó el arzobispo de Nueva York.
Pero, ¿cuáles son las amenazas concretas que preocupan a los prelados estadounidenses? El propio Dolan ofreció una lista, en el documento que hizo llegar a todos los prelados, que consta de seis puntos. Y en ellos se comprueba que los choques se producen por las decisiones de instituciones judiciales y gubernamentales que violarían el derecho de conciencia de los profesionales cristianos en ámbitos como el de la anticoncepción, el aborto o el matrimonio homosexual.
El primer punto señala al Departamento Federal de Salud y Servicios Humanos (HHS), que autorizaría la cobertura de la anticoncepción y de la esterilización en todos los niveles de la asistencia sanitaria privada. Ello forzaría a promover dicha cobertura, que incluye fármacos abortivos, en los centros de salud de titularidad católica.
Relacionado con esto, destaca otro apartado, los Servicios para los Inmigrantes y los Refugiados, pertenecientes a la USCCB, estarían obligados por el HHS –en virtud de los acuerdos de cooperación y los contratos gubernamentales ya establecidos– a proveer de “todas las posibilidades de servicios reproductivos” a las víctimas del tráfico de seres humanos y a los menores no acompañados. Algo que, entienden los obispos, incluiría el aborto y la anticoncepción.
Otro punto señala directamente al Departamento de Justicia, que en julio tachó de “intolerante” la Ley de Defensa del Matrimonio, que apoya el matrimonio entre hombre y mujer, presentando informes que ponen en duda incluso su constitucionalidad. El presidente de la USCCB, partidario de esta ley, advirtió que, “si somos etiquetados como ‘intolerantes’ –sobre todo en un tribunal– a causa de nuestra enseñanza sobre el matrimonio, como resultado tendremos conflictos entre el Estado y la Iglesia en los próximos años”.
En este sentido, también se rechaza la nueva legislación del Estado de Nueva York, según la cual los empleados públicos que se nieguen a participar en uniones del mismo sexo podrían enfrentarse a acciones legales.
En su protesta, los obispos no están solos. Como informan en su página web, su rechazo a las medidas impuestas por el HHS ha sido apoyada por más de 57.000 personas, quienes, siguiendo una campaña organizada por los propios prelados, enviaron sus reivindicaciones a la Administración exigiendo la aplicación de una legislación sobre la objeción de conciencia.
El “escándalo” de la pobreza
Además de la denuncia de “amenazas” a la libertad religiosa, el presidente Dolan, también se ha mostrado muy crítico con las consecuencias de la crisis económica entre los más desfavorecidos. Así lo hizo, semanas atrás, en una carta dirigida a sus hermanos en el episcopado, en la que les pedía su compromiso para combatir “un escándalo de esta naturaleza”.
Apoyado en datos, como que el 15% de los norteamericanos (46 millones de personas) viven en condiciones de pobreza, apuntó la injusticia de que inmigrantes, afroamericanos y ciudadanos estadounidenses de origen latinoamericano “estén expuestos a la explotación y a un trato desleal”, además de vivir “en una condición de desempleo y pobreza a niveles más altos que los demás”.
En el nº 2.773 de Vida Nueva.
