Durante agosto, el caso de los ‘mártires de la UCA’ ha vuelto a la actualidad, y no sin polémica, después de que El Salvador arrestara primero, y liberara después, a nueve exmilitares presuntamente implicados en el asesinato de los jesuitas en 1989 y reclamados ahora por la Justicia española.
Tras dos años de instrucción, el juez de la Audiencia Nacional española Eloy Velasco ordenó en mayo de 2011 el procesamiento y captura internacional para 20 militares implicados en la matanza, el 16 de noviembre de 1989, del rector de la Universidad Centroamericana (UCA), Ignacio Ellacuría, y cinco compañeros jesuitas, más dos empleadas.
El 7 de agosto se supo que nueve de los militares reclamados estaban en la Brigada Especial de Seguridad Militar, en San Salvador. Pero el día 25, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) del país los dejó en libertad, alegando que la orden era solo para localizar a los exmilitares, no para detenerlos ni extraditarlos a España. Y a pesar de que incluso el presidente Mauricio Funes había asegurado que estaban “arrestados”, la Corte dice que “nunca estuvieron arrestados legalmente; ellos se resguardaron voluntariamente”.
El juez Velasco ha asegurado no tener constancia de tales detenciones, y ha pedido a las autoridades salvadoreñas que aclaren la situación jurídica de los nueve procesados.
El asesinato de los jesuitas es uno de los crímenes emblemáticos de la guerra civil salvadoreña, que en la década de los 80 dejó 75.000 muertos. Algunos de los militares acusados de la matanza fueron juzgados en 1991, si bien la mayoría resultaron absueltos. Dos años después, se promulgó una ley de amnistía que enterraba el caso. En 2001, la UCA intentó reabrirlo, pero un tribunal declaró que el crimen había prescrito y absolvió a los implicados. Sin embargo, el juez Velasco estima que la responsabilidad penal de los acusados no está extinguida a pesar de la amnistía y que ambos procesos fueron ilegítimos, ilegales y fraudulentos. VNC
María Gómez
