La Iglesia en Bolivia pide al Gobierno diálogo con los indígenas

Protestas por el trazado de una carretera en el país han causado la muerte de dos niños

Manifestación en defensa de los territorios indígenas

RONALD GREBE. LA PAZ | El cardenal Julio Terrazas convocó al Gobierno boliviano a retomar el diálogo con los pueblos indígenas que se oponen a la construcción de una carretera entre Villa Tunari y San Ignacio de Moxos, ubicada en los departamentos de Beni y Cochabamba, en el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS). Los indígenas rechazan lo que será una carretera de más de 300 kilómetros, financiada por Brasil y que realizará una empresa brasileña, por los daños ambientales que ocasionará y porque temen que promueva la invasión de la zona por los productores de coca, base para fabricar la cocaína.

Hasta 26 instituciones defensoras de los Derechos Humanos de Cochabamba y otras del resto del país exhortaron a las organizaciones sociales que no comparten la reivindicación de los movilizados a “deponer cualquier acción de confrontación que pueda impedir el derecho de los pueblos a expresar sus legítimas demandas”.

El cardenal Terrazas, presidente de la Conferencia Episcopal de Bolivia (CEB) y arzobispo de Santa Cruz, hizo este llamamiento para evitar escenarios de confrontación entre bolivianos, deplorando que, pese a los intentos de instalar mesas de diálogo, no se haya logrado una solución al conflicto.

A su vez, el purpurado lamentó el fallecimiento de un segundo niño durante la última marcha, señalando que “viene a ser una víctima quizá de la dureza de no poder sentarse y enfocar los problemas en forma global para bien de todo el país y no solo para bien de algunos”.

Marchas y bloqueos

La octava marcha indígena partió el 15 de agosto de la localidad beniana de San Borja y ya recorrió más de 275 kilómetros con destino a La Paz, pero en los próximos días prevé arribar a la localidad de Yucumo, donde colonizadores de la región afines al Gobierno de Evo Morales han instalado, desde hace más de una semana, un bloqueo que, según anunciaron sus dirigentes, no dejará pasar a los indígenas.

Los manifestantes tienen un pliego de 16 demandas, mayormente relacionadas con la intromisión del Gobierno y de empresas privadas en los territorios indígenas para explotar recursos naturales. El Ejecutivo pretende que el asfalto atraviese el territorio indígena, una reserva natural de un millón de hectáreas, sin haber consultado a los dueños legítimos, los pueblos Yuracaré, Mojeño y Chimán, como establece la Constitución.

“Ignorar y reinterpretar los derechos de los pueblos –manifestaron los participantes en la marcha– no solo es una abierta violación a los postulados de la Constitución, sino que es una amenaza a la construcción del verdadero Estado plurinacional por el que los pueblos indígenas originarios campesinos luchan”.

“Nos van a matar a los pueblos indígenas dentro del TIPNIS para favorecer a otros. Para los pueblos indígenas va a ser una total desaparición y va a afectar al agua, la flora y la fauna que aún se preserva en el parque nacional. Por eso continuará la marcha pacífica”, expresó la dirigente indígena Judith Rivero.

Los 34 pueblos indígenas del Chaco, el Oriente y la Amazonía, tras varios intentos fallidos, determinaron convocar al canciller David Choquehuanca para reanudar el diálogo con el Gobierno y llegar a un acuerdo pacífico. Ahora, la marcha busca un diálogo “de indígena a indígenas”, ya que, según ellos, ministros como Carlos Romero (Presidencia) o Wálter Delgadillo (Obras Públicas) carecen de representación y no son “interlocutores válidos”.

El dirigente indígena guaraní Celso Padilla dijo que si los campesinos que bloquean la vía por la que marchan los provocan y los ofenden, se defenderán, e insistió en que el Gobierno será responsable de lo que suceda, porque dirigentes oficialistas organizaron el bloqueo.

El aimara Rafael Quispe, por su parte, pidió que representantes de Naciones Unidas y el Defensor del Pueblo estén presentes en Yucumo cuando llegue la marcha indígena. Mientras, el ministro de la Presidencia, Carlos Romero, pese a que aseguró la presencia preventiva de las fuerzas policiales, aclaró que confía en que no habrá enfrentamientos porque, a su juicio, los pobladores de Yucumo intentan respaldar el diálogo.

En el nº 2.768 de Vida Nueva.

INFORMACIÓN RELACIONADA

Compartir