Pretende facilitar su aplicación ante la disparidad de criterios de los ayuntamientos
JORDI LLISTERRI | Hace dos años Cataluña fue la primera comunidad en aprobar una ley para regular la ubicación y características de los centros de culto. Ahora, el nuevo Gobierno catalán lleva al Parlamento una propuesta para modificarla y flexibilizarla.
La ley obtuvo el consenso de los partidos de izquierda y de los nacionalistas catalanes, pero el trámite legislativo tuvo que superar las reticencias del poder municipal, que temían por su autonomía. También la Iglesia católica expresó su preocupación ante una regulación excesiva que obligase a adaptar sus templos a nuevas exigencias urbanísticas. Ahora, el nuevo gobierno propone introducir algunas modificaciones que no prosperaron en su momento.
El fondo que explica la tramitación de la ley está en el crecimiento de los centros de culto no católicos impulsado por la inmigración. Aunque la mayoría católica continua siendo evidente y visible, los espacios de culto no católicos casi se han multiplicado por dos en diez años. Después de la católica, la presencia más numerosa es la evangélica y la islámica.
Pero la mayoría de estos centros de nueva creación son locales comerciales, garajes o bajos de edificios que se han adaptado al culto de forma precaria. La mayoría de comunidades no pueden financiar templos. En los últimos años, solo la Iglesia Evangélica Unida ha construido un templo de nueva planta en Terrassa, y son muy pocas las comunidades islámicas que tienen en marcha proyectos para construir mezquitas. En Barcelona, el único templo no católico de nueva planta en marcha es de la Iglesia ortodoxa rumana.
Mientras, locales que no cumplen las normas de insonorización o con aforo excesivo, han levantando las protestas de los vecinos. Y los criterios con los que cada ayuntamiento responde son dispares.
Esta realidad es la que impulsó al anterior gobierno catalán a tramitar la ley, que creó una nueva modalidad de licencia municipal destinada a los centros de culto con la intención de unificar los requisitos. Este aspecto no se modifica en la propuesta de reforma, lo que se amplia es el período para certificar que los centros en funcionamiento antes de la ley se adecuan a los nuevos requisitos, que pasa de cinco a de diez años. Unos requisitos de los que continúan exentos los templos incluidos en el inventario de patrimonio cultural.
La reserva de suelo
El cambio mas importante que se propone es eliminar la obligación de que los planes urbanísticos prevean suelo destinado a usos de carácter religioso. Se deja esta decisión en manos de los ayuntamientos que ya no estarían obligados a revisar sus planes urbanísticos si no consideran que hay una demanda o una necesidad.
La creación de la calificación de suelo para usos religiosos pretendía que cada municipio explicitara qué terrenos o edificios eran aptos para ubicar centros de culto y cuáles no. Una reserva que no implicaba ceder o regalar el terreno, sino que las comunidades religiosas supieran dónde estaría permitido ubicar nuevos centros.
Con la reforma, esta calificación continuará existiendo, pero ya no será obligatorio reformar el planeamiento urbanístico antes del 2019 para aplicarla en todos los municipios. El nuevo gobierno cree que no se pueden imponer esta obligación a los casi mil municipios catalanes.
LA REALIDAD ES TOZUDA
A pesar de que la nueva ley facilitará la apertura de nuevos centros de culto y unificará los criterios para autorizarlos, la realidad es tozuda y en muchos municipios la ubicación de los templos continúa siendo causa de disputa política.
Por ejemplo, el nuevo gobierno de CiU en Salt (Gerona) ha congelado durante un año la aprobación de nuevas licencias para centros de culto. La oposición de izquierdas se opone por el perjuicio que causa a las comunidades musulmanas y evangélicas y porque la medida lamina la libertad religiosa.
Mientras en Figueres, a pocos kilómetros de Salt, la historia es al revés. El alcalde convergente quiere sacar adelante el Parque de la Confesiones y ceder cinco parcelas a las nuevas comunidades religiosas para construir sus templos. En este caso, los socialistas se oponen a lo que consideran que será “el Disneyland de la confesiones”.
En el número 2.767 de Vida Nueva
