Culpan de la situación al sector financiero, a los compradores y, sobre todo, al Estado
MIGUEL ÁNGEL MALAVIA | El derecho a disfrutar de una vivienda digna, amparado por la Constitución, se trata solo de una utopía para miles de jóvenes y familias”. Esta es la denuncia que las Cáritas Diocesanas de Lleida, Solsona y Urgell han hecho pública en un reciente comunicado conjunto. A su juicio, se da la “paradoja” de que, según señalan estudios recientes, en España hay hoy entre 700.000 y un millón de viviendas vacías, que, unidas a las que se encuentran en periodo de construcción (en muchos casos parado por la crisis), suman un total de 2.300.000 hogares deshabitados.
Para las Cáritas catalanas, a esta situación se une la problemática de muchas personas que sí han podido acceder a una vivienda, pero a costa de “contratar unas hipotecas que los dejarán endeudados por entre 25 y 30 años en la mayoría de los casos, con unas cuotas que se comen una parte del total de los ingresos familiares mensuales que supera los límites aconsejables”.
Algo que, con el estallido de la crisis, ha derivado en impagos y en los consecuentes desahucios. Una realidad que los firmantes del comunicado señalan como causada por “la depreciación sufrida por las viviendas y a la sobrevaloración con que se calculó la tasación para la hipoteca”. Una situación que afecta especialmente, como señalan, a las familias rotas, las monoparentales y aquellas en las que uno o dos miembros de la pareja han perdido su empleo.
Responsables
Para las Cáritas, los “culpables” del estallido de la burbuja inmobiliaria son el sector financiero, los compradores y el Estado, “que no supo regular un sistema de financiación que a la larga traería problemas” y cuya respuesta ahora “ha sido ponerse solo al lado del sector financiero, con fuertes inyecciones de capital para evitar que quebraran y olvidar a unas familias que, por falta de ayudas, se han visto forzadas a perder sus viviendas y a continuar endeudadas por mucho tiempo”.
De ahí que soliciten a las autoridades medidas como que “se modifique el marco jurídico para que se permita saldar la totalidad de la deuda mediante la dación en pago y que se fomenten políticas de alquiler que permitan acceder a una vivienda a las rentas medias y bajas de la población”.
En el número 2.767 de Vida Nueva
