Manejo de recursos para mitigar el invierno e influencias políticas vigentes desde la cárcel, desafío para el gobierno, señala evaluación

Una perspectiva detallada y para muchos preocupante se ha recogido desde el episcopado a través del observatorio social y político que funciona en el Secretariado Nacional de Pastoral Social a propósito de la coyuntura electoral que se aproxima para elegir 1.099 alcaldes, 32 gobernadores, más de 500 curules en las asambleas departamentales y cerca de 12 mil en los concejos municipales. La veeduría que se ha hecho ha servido como material de apoyo ilustrativo para cada obispo en su área geográfica, pues recoge desde el contexto y la realidad los desafíos que enfrenta el país en sus regiones.

Se trata de dos informes, realizados por el equipo de profesionales especializados que tienen como tarea confeccionar estos documentos destinados a facilitar el trabajo pastoral y social de la Iglesia Católica.
El informe inicial hace un diagnóstico del primer cuatrimestre de 2011. El segundo y más reciente (mayo) es una nueva evaluación con una perspectiva de mayor cercanía sobre los puntos neurálgicos y la influencia que fuerzas ilegales ejercen a lo largo y ancho del país en coyunturas políticas como la de octubre y que empieza en uno de sus primeros apartes advirtiendo que “si no se logra una verdadera lucha contra el poder político local, que cada vez más está consolidando los grupos paramilitares y mafiosos, será muy difícil para el Presidente Juan Manuel Santos aplicar, de la forma más conveniente para el pueblo, leyes como la de víctimas, restitución de tierras y la de reforma a las regalías”. Posteriormente hace otra no menos dolorosa. “Encontramos como amenaza a la transparencia electoral los dineros destinados a resarcir los estragos causados por la ola invernal que ha venido azotando al país durante los dos últimos años”. Vale recordar que las autoridades investigan a 26 alcaldes y cuatro gobernadores por malos manejos en las ayudas por el invierno.
“A la corrupción en los manejos de los dineros destinados a los damnificados se deben agregar los riesgos que el proceso electoral deberá asumir por el cambio de sitio de las mesas electorales y la inscripción de cédulas en sitios no aptos para tal fin, debido a la afectación que han sufrido muchos pueblos, lo que podrá generar trashumancia electoral así como trasteo de votos”, reza otro de sus apartes.
De fuerzas ilegales e influencias vigentes
El diagnóstico es igualmente certero sobre otras expresiones.
“Una de las manifestaciones del carácter del sistema político colombiano es la tensión permanente entre los poderes locales y la política nacional. Y la consecuente heterogeneidad de procesos políticos entre varias regiones del mismo país”, expresa el primer informe, el cual se refiere también al alcance de algunas de las influencias a las que están aún expuestas las regiones. “Evidencias de esta situación se desprenden de la lectura de los resultados de las elecciones parlamentarias del 2010, y la reacomodación de los actores políticos en muchas regiones de cara a las elecciones locales en octubre de 2011. En la conformación del actual congreso quedó claro el poder electoral que aún mantienen varios barones electorales incluso estando encarcelados”.
Destaca eso sí la acción de la justicia durante los últimos meses. “En varias regiones, el poder de las redes políticas que han sido vinculadas a procesos de parapolítica han sido debilitadas. Se puede señalar que una primera generación de parapolíticos fue afectada en su capital político gracias a los procesos judiciales abiertos y sentencias proferidas por las instituciones de la rama judicial, particularmente la Corte Suprema de Justicia”. Pero igualmente se agrega en el mismo documento que “no se puede afirmar que la democracia colombiana esté totalmente libre de la amenaza de incidencia de herederos políticos en el poder local. Los resultados de las elecciones de congreso del pasado año, nos muestran que muchos de estos capitales políticos siguen vigentes en algunas regiones”.
Evidencia sin ambages lo que para la mayoría de colombianos resulta doloroso y que en escenarios mediáticos se ha aprovechado para que hagan carrera expresiones como “la culebra está muy viva” y que este documento resume en dos de sus apartes así: “La cooptación de los poderes locales por grupos paramilitares es innegable en varios departamentos del país, especialmente la región de la Costa Atlántica”. Seguidamente refuerza lo expuesto, “Esta cooptación no solo ha desequilibrado los periodos de cada gobernador destituido, sino que trastoca las dinámicas políticas en cada región, ya que al buscar sucesores que reemplacen los gobernadores sancionados, el escenario de liderazgos regionales es modificado de manera constante” y sentencia con más argumentos la situación. “En el escenario actual es factible que esta cadena de acontecimientos se repita. En muchos departamentos, se están impulsando candidaturas de líderes pertenecientes a las estructuras de poder político que han sido las responsables de las sistemáticas crisis institucionales”.
Se interpela igualmente al gobierno con estudios de otras fuentes ya conocidas, pero que cobran importancia ante la posibilidad de fenómenos recurrentes. “Según investigaciones realizadas por la Corporación Nuevo Arco Iris los movimientos políticos ligados a los paramilitares obtuvieron 251 alcaldías, 9 gobernaciones y más de 4 mil concejales en 2003 cifras casi iguales para las elecciones locales del año 2007. ¿Cuál será la estrategia del nuevo gobierno para blindar el ejercicio político de los poderes ilegales consolidados en las regiones del país?”.
Así mismo hace una clara advertencia con respecto a la fatal dinámica que caracteriza a Colombia. “Hasta que no sean mitigadas las falencias del Estado y las comunidades sigan teniendo un sin número de necesidades básicas insatisfechas, será muy fácil que políticos, faltos de ética y moral, hagan creer a las comunidades que el voto y el derecho a elegir es un bien intercambiable. Y será aún más fácil para los grupos armados ilegales entrar a estos pueblos a punta de amenazas y fusiles para que sus candidatos sean elegidos”.
Conclusiones como desafíos para el actual Gobierno
“Este es el panorama electoral al que el país debe enfrentarse en las próximas contiendas, a realizarse en octubre. Por un lado, es responsabilidad del gobierno dar las garantías necesarias para mitigar las amenazas que el proceso tiene, como son: la presión que ejercen los grupos guerrilleros y paramilitares que buscan cooptar el poder político con el fin de accionar libremente en las regiones de ubicación estratégica para el narcotráfico y el despojo de tierras”.
“La lucha por las elecciones regionales ya ha dejado (de noviembre a mayo de 2011) ocho candidatos a alcaldías y concejos asesinados (según el MOE van 14 candidatos asesinatos, seis han sufrido atentados y 19 han sido amenazados). VNC
TEXTO: JIMMY ESCOBAR G.
FOTOS: VNC