La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos denuncia la impunidad en México

Contra las violaciones, reclama más investigación

El presidente Felipe Calderón y la Alta Comisionada de la ONU, Navanethem Pillay

PABLO ROMO CEDANO. MÉXICO DF | La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Navanethem Pillay, realizó del 3 al 9 de julio una visita oficial a México que le llevó del Estado de Oaxaca a la capital federal, donde tuvo decenas de reuniones con autoridades, ministros de la Corte, organismos públicos y civiles de derechos humanos y con víctimas de la violencia.

En su encuentro con el presidente del país, Felipe Calderón, esta abogada sudafricana afirmó que ve “con preocupación los crecientes informes sobre violaciones a los derechos humanos atribuidos a agentes del Estado en la lucha contra el crimen organizado”, y recordó que es preciso “asegurarse de que haya una investigación plena de todos estos sucesos, que deberían ser tratados y manejados en los tribunales civiles, independientemente de quien haya sido el perpetrador”, en clara alusión a la supuesta parcialidad de los tribunales militares.

Pillay corroboró lo que se ha venido diciendo en los últimos años sobre el grave deterioro del respeto a los derechos humanos en México. Por ejemplo, en el derecho de los periodistas y comunicadores a desarrollar su trabajo, la organización Artículo XIX le presentó un informe señalando que “México es el país más peligroso de América Latina para ejercer el periodismo”.

El documento desvela que, “en los últimos tres años, 24 periodistas han sido asesinados y tres han desaparecido. En lo que va de la Administración del presidente Calderón, de acuerdo a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, 35 han sido asesinados”. Esta reconocida organización denunció que, del total de casos de periodistas asesinados, prácticamente todos permanecen en la impunidad.

Durante 2009 “registramos que el 38,9% (95) de las agresiones provenían de fuerzas de seguridad: ejército (26), policía federal (14), policía estatal (33) y policías municipales (22)”. Una tendencia que apenas varió en 2010 y que dista mucho del discurso oficial del Gobierno actual, que imputa todas esas agresiones al crimen organizado.

En el nº 2.762 de Vida Nueva (artículo completo para suscriptores).

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