Estructurará las relaciones de las administraciones públicas con las confesiones
El ministro de Justicia, Francisco Caamaño
MIGUEL ÁNGEL MALAVIA | Tras cinco años de trabajo, ya está en marcha el Observatorio del Pluralismo Religioso, presidido por José María Contreras, director general de Asuntos Religiosos, e impulsado por la Fundación Pluralismo y Convivencia, ligada al Ministerio de Justicia. Presentado en Madrid el pasado 5 de julio por el ministro, Francisco Caamaño, buscará ser un instrumento que garantice el ejercicio del derecho a la libertad religiosa en nuestro país, recogido por la Constitución en su artículo 16. Como explicó el ministro, pese a la garantía de la ley, en la práctica surgen problemas en la “aplicación de esas normas a casos concretos”.
Un ejemplo de estos problemas son las polémicas en ciudades del País Vasco y Cataluña en las que, desde sus ayuntamientos, sin un fundamento jurídico claro, se estarían poniendo trabas a la creación de nuevas mezquitas. Ahora, una simple visita a la página web del Observatorio (www.observatorioreligion.es) permitirá a los regidores conocer la normativa completa relativa a las licencias para la apertura de templos, entre otros muchos aspectos jurídicos ligados al factor religioso.
Normalizar la convivencia
Con el objetivo de normalizar las relaciones con las administraciones públicas y que estas conozcan cuáles son sus límites competenciales en la materia, el funcionamiento del Observatorio orbitará en torno a la página web, donde se dedican espacios para guías de acción –en materias como alimentación, urbanismo o centros hospitalarios– y un Manual sobre la Gestión del Pluralismo Religioso.
Captura de la página web del Observatorio
A nivel informativo, se ofrece un Mapa del Pluralismo Religioso, aún incompleto, pero del que se extraen datos oficiales, como que hay casi 28.000 templos repartidos por todo el país; de los cuales 4.493, casi una sexta parte, no son católicos.
Además, se ofrece un glosario con todas las confesiones, en el que se incluyen los principios doctrinales que las configuran, sus costumbres más características, su situación en el país y la normativa jurídica que las atañe.
Otra iniciativa es el Banco de Buenas Prácticas, en el que se ofrece información útil para el “establecimiento de espacios de interlocución con las confesiones religiosas”, el “acompañamiento a las comunidades religiosas en la apertura de lugares de culto” o la “creación de equipo y metodología de trabajo para la gestión de la diversidad (incluida la religiosa) en la Policía Local”.
En su discurso, Caamaño defendió que el Observatorio busca “señalar líneas de planificación y procedimientos de gestión y resolución relacionados con la libertad religiosa en sus diversas manifestaciones diarias”. “No buscamos fomentar el pluralismo religioso”, aclaró, para a continuación incidir en que ya “este es una realidad”, debida a su garantía por la Constitución y la Ley de Libertad Religiosa de 1980. Y es que, a su juicio, la actual “diversidad de creencias y convicciones era difícilmente imaginable” hace tres décadas. Al igual que sucede con la inmigración, que “se ha convertido en un factor cuantitativamente potenciador de ese pluralismo, que ahora es necesario gestionar de un modo adecuado y realista”.
En definitiva, para el ministro de Justicia, el Observatorio permitirá “conocer la realidad existente en España y, a partir de ese conocimiento, crear herramientas de gestión dirigidas a mejorar la cohesión social y la convivencia”.
Fuerte implicación institucional
La conformación del Observatorio del Pluralismo Religioso ha contado con la implicación de numerosas instituciones. En cuanto a las administraciones públicas, se ha dado a un nivel estatal (con la colaboración de al menos ocho ministerios), autonómica (siete comunidades) y municipal (a través de la Federación Española de Municipios y Provincias, una de las impulsoras del proyecto).
En cuanto a las confesiones, han participado las ocho con mayor arraigo (Iglesia católica, Iglesias evangélicas, Iglesia ortodoxa, Comunidades judías, Comunidades musulmanas, Iglesia de Jesucristo de los Santos Últimos Días, Iglesia Cristiana de los Testigos de Jehová y Comunidades budistas). Además, han prestado su apoyo sindicatos, fuerzas políticas y universidades. La labor de estas (unas 16 en total) ha sido fundamental en la elaboración de las guías de acción.
En el nº 2.762 de Vida Nueva.
