Contra las violaciones, más investigación, no impunidad

Visita oficial a México de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos

El presidente Felipe Calderón y la Alta Comisionada de la ONU, Navanethem Pillay

PABLO ROMO CEDANO. MÉXICO DF | La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Navanethem Pillay, realizó del 3 al 9 de julio una visita oficial a México que le llevó del Estado de Oaxaca a la capital federal, donde tuvo decenas de reuniones con autoridades, ministros de la Corte, organismos públicos y civiles de derechos humanos y con víctimas de la violencia. [Siga aquí si no es suscriptor]

En su encuentro con el presidente del país, Felipe Calderón, esta abogada sudafricana afirmó que ve “con preocupación los crecientes informes sobre violaciones a los derechos humanos atribuidos a agentes del Estado en la lucha contra el crimen organizado”, y recordó que es preciso “asegurarse de que haya una investigación plena de todos estos sucesos, que deberían ser tratados y manejados en los tribunales civiles, independientemente de quien haya sido el perpetrador”, en clara alusión a la supuesta parcialidad de los tribunales militares.

Pillay corroboró lo que se ha venido diciendo en los últimos años sobre el grave deterioro del respeto a los derechos humanos en México. Por ejemplo, en el derecho de los periodistas y comunicadores a desarrollar su trabajo, la organización Artículo XIX le presentó un informe señalando que “México es el país más peligroso de América Latina para ejercer el periodismo”.

El documento desvela que, “en los últimos tres años, 24 periodistas han sido asesinados y tres han desaparecido. En lo que va de la Administración del presidente Calderón, de acuerdo a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, 35 han sido asesinados”. Esta reconocida organización denunció que, del total de casos de periodistas asesinados, prácticamente todos permanecen en la impunidad.

Durante 2009 “registramos que el 38,9% (95) de las agresiones provenían de fuerzas de seguridad: ejército (26), policía federal (14), policía estatal (33) y policías municipales (22)”. Una tendencia que apenas varió en 2010 y que dista mucho del discurso oficial del Gobierno actual, que imputa todas esas agresiones al crimen organizado.

La Alta Comisionada participó también en el lanzamiento de la gran campaña Declárate defensor o defensora, promovida por su oficina en México con el apoyo de organismos públicos y civiles de derechos humanos y que persigue “defender el derecho a defender los derechos humanos” entre la ciudadanía en general. En esta iniciativa participan activamente cientos de jóvenes tuiteros, que diseminan en las redes sociales información promoviendo el irrenunciable derecho al ejercicio de defensoría y de acompañamiento de poblaciones en situación de riesgo como las indígenas.

“Estoy profundamente conmovida –reconoció Pillay– por la extraordinaria forma en que, a pesar de los inmensos desafíos en materia de derechos humanos, las personas que conocí mantienen viva la esperanza y la voluntad por construir un país regido por el imperio de la ley en el que sus derechos fundamentales sean respetados. Ellos y ellas son el recurso más valioso de México”.

Migrantes centroamericanos

La funcionaria de Naciones Unidas se reunió, además, con el P. Alejandro Solalinde, junto al que emitió un llamamiento a que se respeten los derechos de los migrantes, sobre todo de los centroamericanos que transitan sin protección alguna por el país. Aunque reconoció los avances que se han producido, al modificar la Constitución para incorporar los instrumentos internacionales, reiteró su consternación “por los muy altos y aún crecientes niveles de violencia criminal”.

Pillay urgió a velar por la “seguridad ciudadana”, distinguiéndola de la “seguridad nacional” y de la “seguridad pública”, pues la primera se refiere a los derechos de la persona, mientras que la segunda y la tercera privilegian al Estado o los intereses presuntamente privados.

Una guerra que no cesa

Durante la estancia de la Alta Comisionada, y en el contexto de la propuesta de creación de una Comisión de la Verdad para esclarecer la guerra sucia de los años 60 y 70, fueron asesinadas Isabel y su hermana Reyna Ayala Nava, esposa y cuñada del legendario guerrillero Lucio Cabañas. Las dos mujeres salían de misa en una población cercana a Acapulco, en el Estado de Guerrero. Aunque las autoridades aseguran que se trata del crimen organizado, cientos de opositores políticos y sociales han muerto en los últimos cinco años de idéntica manera.

En la misma semana de la visita se incrementaron los hechos delictivos, particulamente en Nuevo León y Coahuila, donde comandos armados tirotearon a decenas de personas en la calle y en bares de las principales ciudades.

En el nº 2.762 de Vida Nueva.

Compartir