Mensaje de los obispos de Centroamérica, México y EE.UU. sobre este colectivo
Centro temporal de acogida a migrantes en tránsito en México
J. L. CELADA | Obispos responsables de movilidad humana y pastoral de migrantes de los Estados Unidos, México, Costa Rica, Panamá, Honduras y Guatemala se reunieron el pasado mes de junio en San José para expresar su compromiso y solidaridad con tantos compatriotas que dejan sus países en busca de una vida mejor en la región, analizar su situación y denunciar unos hechos que les causan una honda preocupación.
Fruto de aquel encuentro en la capital costarricense, en el que también participaron representantes del Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM), Cáritas Internacional y varios expertos religiosos y laicos en la materia, los asistentes han hecho pública una declaración en la que exigen a sus gobiernos “hacerse responsables de la protección legal a los y las migrantes, incluyendo a quienes buscan trabajo, solicitan asilo, refugio y han sido víctimas de la trata de personas”. En este sentido, piden “especial atención y protección para familias, mujeres y niños”.
Testigos del “gran sufrimiento” que viven los migrantes de la zona, “víctimas de explotación y abuso por parte de varios actores (funcionarios públicos, empleadores sin escrúpulos y organizaciones criminales)”, los prelados centroamericanos y sus hermanos del norte consideran “injustas e inhumanas y, por lo tanto, objeto de cambio o supresión, las leyes que provocan la separación de familias migrantes, detenciones arbitrarias y amenazas a la vida”.
En el texto dado a conocer recientemente con las conclusiones de la reunión, se detallan algunos de los aspectos que fueron objeto de reflexión y en los que se manifiesta la dramática realidad del colectivo migrante.
Los firmantes alertan, en primer lugar, del “incremento de la violencia en los secuestros de las personas migrantes por parte del crimen organizado”, que con frecuencia acarrea homicidios, sobre todo en México, y cómo en la mayoría de casos “continúan en la impunidad”. No olvidan tampoco los pastores “el incremento en las deportaciones entre los Estados Unidos y México”, a pesar de los llamamientos de la Iglesia católica solicitando la reforma de la ley migratoria; ni “el incremento en las amenazas a agentes de la Pastoral de Migrantes en su carácter de defensores y defensoras de derechos humanos”, cuyo valiente testimonio de fe agradecen.
Trata de personas
El mensaje urge también a los gobiernos a luchar contra “la tragedia de la trata de personas”, gente pobre o con “un alto grado de vulnerabilidad” (niños y niñas migrantes no acompañados), víctimas en los países de tránsito y destino de un problema humanitario al que se ha hecho frente durante la última década con “pasos importantes pero no suficientes”.
“El crecimiento de la inequidad económica” y “los efectos de la globalización en las personas” son otras de las inquietudes episcopales. “La solución a la migración es el desarrollo y las oportunidades económicas en todo el hemisferio”, defienden los obispos, que llaman al “desarrollo económico y social sostenible” como meta. En cuanto a la actual circulación de personas, lamentan que los gobiernos sigan beneficiándose del trabajo de los indocumentados sin ofrecerles protección legal. Circunstancia que, como “tema moral”, a su juicio, “no puede continuar”.
Asimismo, instan a los países que no han ratificado la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Trabajadores Migrantes y sus Familias a “aprobarla y armonizar su legislación”, de tal modo que sus políticas “reflejen el espíritu” de este acuerdo.
La declaración concluye llamando a los católicos a acoger a los migrantes, “actitud que forma parte de nuestra fe y nuestro compromiso cristiano”.
La recuperación de Haití
Entre los temas abordados en San José, figuró “el proceso de recuperación de Haití” tras el terremoto de enero de 2010. Los participantes urgieron a la “continua colaboración” con el país más pobre del continente y felicitaron a los gobiernos que “ofrecen protección ampliada para los haitianos en sus territorios”.
De ahí su preocupación por las “nuevas deportaciones de migrantes haitianos hacia Haití en un contexto de inseguridad económica y política”, una medida que no debería seguir poniéndose en práctica hasta que el país caribeño “se recupere y esté en condiciones de recibirles”.
En el nº 2.761 de Vida Nueva.
