La institución eclesial pide más implicación a las administraciones
MIGUEL ÁNGEL MALAVIA | Ante una de las peores crisis económicas registradas en España, la respuesta de las administraciones públicas no está siendo suficiente. Así lo evidencia Cáritas en la última entrega de su Informe del Observatorio de la Realidad Social. Teniendo en cuenta que el anterior estudio correspondía a junio de 2009, en el segundo año de impacto de la crisis, este, presentado hoy miércoles 6 de julio en Madrid, hace balance de sus efectos hasta 2010, con lo que la perspectiva es más global y actualizada.
De entre todos los datos, resulta muy significativa la comparativa entre la respuesta a las demandas de ayuda entre la institución eclesial y los organismos públicos. En cuanto a los plazos para concertar una primera cita con los servicios sociales, alcanzan una media de 25,9 días, por los cuatro de promedio en Cáritas.
En lo referente al tiempo de tramitación y gestión de las respuestas a las solicitudes de ayuda, en los servicios sociales asciende a 65,3 días de media, por los 7,3 en Cáritas. Finalmente, el tiempo que transcurre entre la solicitud de una renta mínima y su cobro efectivo se elevó, a lo largo de 2010, a 132 días de media.
Con estos datos, según recoge el Informe, el 87% de las Cáritas diocesanas consideran que su labor está supliendo lo que no se hace desde las administraciones públicas. De ahí que se insista en que la vía correcta, en pro de una mayor eficacia, es la de la complementariedad y no la de “asumir un papel de sustitución”.
Desde Cáritas se señala que el 67% de las personas que llegan hasta ella en busca de ayuda vienen derivadas directamente desde los servicios sociales públicos, siendo la acción de estos, principalmente a nivel municipal, “de muy baja intensidad”. Concretamente, se indican la siguientes carencias: insuficientes prestaciones económicas; escasez de recursos humanos; ayudas limitadas en el tiempo; requisito de acceso a las mismas cada vez más duros y, en ocasiones, excluyentes; tramitación demasiado lenta; falta de tiempo para realizar un seguimiento personalizado y respuesta insuficiente a los problemas de desahucio.
Más del doble de atendidos
A nivel general, la evolución de la acción de Cáritas entre 2007 y 2010 arroja un balance preocupante: se ha pasado de 400.000 a 950.000 personas atendidas; duplicándose el número de solicitudes recibidas, que el pasado año llegó a 1.800.000. De estas, 300.000 fueron de personas que acudieron por primera vez a la institución eclesial, pasando de la vulnerabilidad a la pobreza o, en el menos malo de los casos, de la integración a la vulnerabilidad. El esfuerzo emprendido por Cáritas en estos cuatro años la ha llevado a duplicar su inversión económica, hasta ascender a los 30 millones de euros.
Como es habitual en los Informes de Cáritas, se ofrece un perfil de los demandantes de ayuda. Estabilizándose el parámetro (se advierte contra el riesgo de “cronificación”), los grupos más afectados son los parados (predominando los de larga duración y afectando cada vez más a personas con formación y experiencia laboral), las familias jóvenes (con cónyuges de entre 20 y 40 años y uno o dos hijos pequeños), los jóvenes (sin expectativas de encontrar el que muchas veces es su primer empleo), las mujeres (muchas de ellas solas y con cargas familiares) y los inmigrantes. De estos últimos, Cáritas extrae un dato ciertamente crítico: 100.000 extracomunitarios que llevaban varios años en proceso de regularización han quedado en situación de irregularidad sobrevenida.
Un panorama desolador
En la misma presentación del Informe del Observatorio de la Realidad Social, Cáritas hizo público un estudio sobre el impacto social de la crisis, obra de Miguel Laparra, profesor de la Universidad de Navarra. En él se ofrecen cifras realmente demoledoras, como que hay más de 8 millones de personas afectadas por procesos de exclusión social; más de medio millón de hogares no reciben ningún tipo de ingresos; ha aumentado en 10 puntos, desde 2007, la incapacidad de pagar facturas relacionadas con la vivienda o que la tasa de paro entre los inmigrantes no comunitarios duplica a la nacional, estando en un 30,72% para los hombres y un 25,5% para las mujeres.
En el nº 2.761 de Vida Nueva.
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