Advertencias y sugerencias se harían en un congreso que prepara el episcopado

En medio de la efervescencia y el entusiasmo generado por la reciente aprobación de la Ley de Víctimas en el Congreso de la República, hecho considerado por múltiples opiniones como un histórico primer paso para la reconciliación nacional, el Observatorio Social de Caritas Colombia hizo un diagnóstico en donde advierte varios de los aspectos que en adelante el Estado colombiano deberá superar para concretar que la ley logre pasar fielmente del papel a la sinuosa realidad en las regiones.

Las observaciones se basan en la minuciosa recolección de información en torno a la vida del proyecto mismo, sus objeciones y modificaciones durante su trámite, así como la lectura permanente que hace este organismo de la vida en el contexto rural.
Sancionada la ley por el Presidente de la República, es ahora, cuando empieza el verdadero camino, el de su aplicación. Sobre ese panorama  los técnicos del Observatorio Social de Caritas Colombia exponen sus consideraciones y sugerencias, las cuales se orientan en varios aspectos, los que, darán a conocer los días 10, 11 y 12 de agosto durante el V Congreso de Reconciliación, que prepara la Dirección Nacional de Pastoral Social, y que este año se denomina “Su dignidad, su esperanza y su lugar – Reparación integral y restitución de tierras-”.
La primera salvedad que se haría es: “que no sea solo política de este gobierno  sino una política de Estado, que continúe en la agenda de la política pública y no solo como un proyecto Santos, sino como un proyecto de país. Si se da un acuerdo  en ese sentido será un avance”, expresó Camilo Ramírez, coordinador del Observatorio Social y responsable de documentar la discusión pública en torno a distintos temas para el episcopado.
El segundo aspecto tiene que ver con la adopción de mecanismos que garanticen la efectividad de la atención a las víctimas. “En la observación de la política pública sobre la atención a desplazados la Corte Constitucional estableció indicadores de medición de acción del Estado, creó todo un comité técnico de seguimiento para que la política pública que no se quede solo en el nivel declarativo; y en el tema técnico… que los funcionarios que estén encargados de su aplicación tengan conocimiento tanto de los temas jurídicos como de su implementación y  aplicación. En eso tendría que avanzar el gobierno, que los funcionarios encargados de la aplicación conozcan muy bien las dos líneas… la jurídica y la implementación, que conozcan todo el andamiaje”.
Un tercer aspecto que señala el coordinador del Observatorio Social, tiene que ver con lo económico. “El financiero es de los temas complicados para las entidades, pues se ha expresado que las reparaciones tienen que respetar los principios de sostenibilidad fiscal del Estado. Por principio eso es algo que todo Estado debe tener, pero, lo que no es deseable es que la financiación de la reparación se condicione a razones o tecnicismos de economía; tiene que haber un diálogo entre entidades sobre finanzas -Ministerio de Hacienda y Planeación Nacional- y las entidades encargadas de la ejecución que son Acción Social y el Ministerio de Agricultura”.
Agregó el especialista que “el Estado tiene que avanzar en un marco de financiamiento más claro… es una ley que tiene aplicación a 10 años y eso supone un reto en lo técnico y lo financiero muy grande”. En ese sentido, reiteró que es más que deseable  “que la aplicación de la ley ojalá tenga en cuenta los indicadores  que la Corte Constitucional ha diseñado, que son indicadores de seguimiento y cumplimiento, herramientas que deben ser integradas totalmente a la aplicación”.
El Observatorio Social señala como cuarto aspecto, que uno de los mayores retos que tendrá que superar la nueva Ley de Víctimas es la relación entre el nivel central (entidades nacionales) y el nivel local, en virtud de que gran parte de la ejecución de esta ley depende de la voluntad política en los entes territoriales (departamentos y municipios), desde las administraciones locales.
Las relaciones entre poder local, agentes corruptos y grupos armados podrían distorsionar los objetivos y la aplicación de la Ley de Víctimas. También tendrá que ver el resultado de las elecciones de octubre cuando habrá renovación en el poder. Son factores que serán puestos en evidencia en el V Congreso de Reconciliación. VNC
TEXTO: J. ESCOBAR
FOTO: SNPS