Los obispos advierten eutanasia encubierta

Critican la “indefinición y ambigüedad” del proyecto de la llamada Ley sobre la muerte digna

FRAN OTERO | Decía el cardenal arzobispo de Madrid y presidente de la Conferencia Episcopal (CEE), Antonio Mª Rouco Varela, el pasado 26 de mayo, que el anteproyecto de la llamada Ley de muerte digna –tras una primera valoración de sus colaboradores– no se trata de una ley de eutanasia, y avanzaba que la iniciativa sería estudiada en profundidad por la CEE. Pues bien, tras hacerlo y haberse aprobado el proyecto de ley para remitirlo a las Cortes, la Comisión Permanente aprobó el pasado 22 de junio una declaración con la que pretende contribuir “al debate público”. Llama la atención que ahora sí se perciban cuestiones que “podrían suponer una legalización encubierta de prácticas eutanásicas”.

Aunque reconoce que la pretensión de proteger la dignidad de la persona humana en el final de la vida sin despenalizar la eutanasia es “laudable”, la nota estima que concebir la autonomía de la persona como absoluta, “acaba por sobrepasar el límite propuesto de no dar cabida a la eutanasia”.

En este sentido, recoge que la absoluta autonomía del paciente es “la espina dorsal” del proyecto y que, como consecuencia, quedan fuera de su atención determinadas distinciones y limitaciones que son fundamentales. Así, “el propio concepto de dignidad humana queda negativamente afectado, puesto que parece sostenerse que una vida humana podría carecer de dignidad tutelable cuando así lo dispusiera autónomamente la parte interesada e incluso un tercero”. El Episcopado insiste en su preocupación, porque, además, “desaparece el criterio de la lex artis (buena práctica médica) como límite a la absoluta autonomía del paciente”.

Sedación inadecuada y abandono

En la reflexión, los obispos exponen cuáles son las conductas eutanásicas a las que daría cobertura el proyecto: la posible sedación inadecuada y el abandono terapéutico o la omisión de los cuidados debidos.

En el primer caso, argumentan que deja en manos del paciente la decisión de recibirla o no. “El hecho de que la administración de la sedación resulte apropiada o no es algo que depende del juicio del médico y no de la voluntad del paciente, lo cual no queda claro en el texto que consagra el tratamiento específico de la sedación como un derecho de este último”.

En el segundo caso, apuntan que no se menciona la obligación moral de no interrumpir las curas normales debidas al enfermo, ni contempla los cuidados necesarios como la alimentación y la hidratación. Censuran también la ambigüedad a la hora de establecer el límite del derecho de los pacientes a rechazar tratamientos y de la correlativa obligación de los profesionales de la salud de reducir el esfuerzo terapéutico.

Otra cuestión reprobable, según los obispos, es que los profesionales sanitarios “queden reducidos a ejecutores de la voluntad de los pacientes” y que no se les reconozca la objeción de conciencia. “Tienen derecho a que no se les impongan criterios o actuaciones que resulten contrarios a la finalidad básica del acto médico, que es el cuidado del enfermo”. Tampoco comparten el tratamiendo del derecho a la libertad religiosa.

Antes de realizar este análisis, el texto recuerda la postura de la Iglesia, y subraya la sacralidad de la vida de cada persona, la existencia de bienes indisponibles como la vida; condena la eutanasia y el encarnizamiento terapéutico; y apoya los cuidados paliativos. Recuerda la opción del testamento vital, y que la legalización expresa o encubierta de la eutanasia generaría presión social y conduciría a verdaderos homicidios, algo que justificaría no obedecerla.

Plan Pastoral y nombramientos

La Comisión Permanente abordó otras cuestiones que fueron relegadas a un segundo plano por la declaración ya referida. En concreto, se comenzó a elaborar el nuevo Plan Pastoral de la Conferencia Episcopal, que se desarrollará en el marco de la Nueva Evangelización. La intención es que el texto llegue a la Permanente de octubre para ser aprobado en la próxima Asamblea Plenaria.

Por otra parte, los obispos mostraron su adhesión al Papa por el 60º aniversario de su ordenación sacerdotal, aprobaron un donativo de 500.000 euros para la diócesis de Cartagena como ayuda a la reconstrucción de iglesias en Lorca, fijaron el calendario para el 2012 y nombraron a los directores de algunos secretariados.

Muchos repiten, aunque destacan los cambios en los secretariados del Clero y de Medios de Comunicación, que dirigirán Santiago Bohigues y José Gabriel Vera, respectivamente.

En el nº 2.760 de Vida Nueva.

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