Guatemala acogió la I Conferencia de Apoyo a la Estrategia de Seguridad de Centroamérica
PABLO ROMO CEDANO. MÉXICO DF | “Consolidar la democracia y fortalecer sus instituciones sobre la base de la existencia de gobiernos electos por sufragio universal, libre y secreto y en respeto irrestricto a los derechos humanos”. Este es el principal objetivo del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), un organismo regional del que forman parte Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana que acaba de convocar la primera Conferencia Internacional de Apoyo a la Estrategia de Seguridad de Centroamérica.
El encuentro, celebrado los días 22 y 23 de junio en Guatemala para buscar apoyo político, técnico y financiero en la lucha contra la violencia, el narcotráfico y el crimen organizado en esos países, contó con la participación de presidentes de Estado y de Gobierno, de responsables de organismos internacionales y de la secretaria de Estado estadounidense, Hillary Clinton.
Todos, a instancias del SICA, acordaron “concretar un nuevo modelo de seguridad regional basado en un balance razonable de fuerzas, el fortalecimiento del poder civil y la superación de la pobreza extrema; la promoción del desarrollo sostenido y la protección del ambiente; la erradicación de la violencia, la corrupción, el terrorismo, el narcotráfico y el tráfico de armas”.
Tras los problemas que provocó en el SICA el golpe de Estado de hace dos años en Honduras, hoy las naciones centroamericanas han superado el conflicto y debaten sobre la seguridad ante la gran amenaza del crimen organizado que se extiende por la región.
El dilema está servido: ¿seguridad nacional o seguridad humana? La primera significa la protección de las instituciones; y la segunda, el cuidado de las personas en sus derechos humanos. Proteger al país en sus instituciones y en sus empresas, especialmente las exportadoras de energía y materias primas al poderoso vecino del Norte, es la opción estadounidense. Mientras tanto, la seguridad humana queda a cargo de los respectivos gobiernos locales, que en su fragilidad ofrecen solo el respeto de unas cuantas garantías constitucionales.
En el nº 2.760 de Vida Nueva (artículo íntegro para suscriptores).
