Duro pronunciamiento en defensa de la “Pacha mama”

Conjunto de organizaciones cuestiona la explotación voraz y depredadora de la tierra

La Red Nacional en Democracia y Paz, (RNDP) entidad integrada por 55 organizaciones sociales y eclesiales suscribió el pasado 27 de abril un documento en donde demanda del gobierno nacional cuatro puntos que hacen parte de su propuesta al país de compromiso por una “Ética del cuidado de la tierra”.

Adelantar procesos de participación ciudadana de las comunidades y sus organizaciones sociales  afectadas con los megaproyectos, para que a través de consultas previas se formulen nuevas políticas públicas minero-energéticas.
El respeto por los derechos de las comunidades campesinas, indígenas y afrocolombianas y la protección y creación de las zonas de reserva campesinas, como estrategia para alcanzar el buen vivir (Sumak Kawsay).
La suspensión de las licencias ambientales de los megaproyectos El Quimbo, La Colosa, Hidrosogamoso, Ituango, Angostura porque atentan contra la pervivencia de los territorios.
Garantías para las defensoras y defensores de los derechos humanos y ambientalistas para el libre ejercicio democrático.
“La naturaleza se nos ha encomendado a mujeres y hombres, para que la cuidemos y  disfrutemos, en el espíritu de hacer con ella una comunidad, de tenerla como nuestra casa (oikos) más preciosa”, reza en uno de sus apartes el documento. En este también condena el capitalismo, “sobre todo en la expresión neoliberal que absolutiza el libre mercado, convirtiéndose en voraz explotador de los bienes de la naturaleza y del trabajo humano, sin controles ni regulaciones o buscando con triquiñuelas burlarlos, no importando los desastres naturales que se  produzcan o las desgracias humanas que se padezcan”.
Así mismo esgrimieron argumentos de distintas corrientes con el mismo propósito de proteger y cuidar la tierra. “Nos ponemos del lado del planeta enfermo y del cuidado que debemos brindarle, asumiendo los criterios de Aldo Leopold, pionero de una “Ética  de la tierra”, enriquecida por el concepto del Sumak Kawsay (buen vivir) que nos proponen los indígenas en distintos lugares del continente, que además de manera entrañable llaman y sienten a la tierra como: madre tierra (pacha mama). Nos identificamos con el llamado del Papa Benedicto XVI ‘los proyectos para un desarrollo humano integral no pueden ignorar a las generaciones sucesivas, sino que han de caracterizarse por la solidaridad y la justicia intergeneracional, teniendo en cuenta múltiples aspectos, como el ecológico, el jurídico, el económico, el político y el cultural’”.
La RNDP denunció también en tres puntos principales la manera en que se ha venido agravando a su juicio una actitud oficial que va en  detrimento del entorno.
El gobierno nacional ha flexibilizado las leyes y normas ambientales, mineras y energéticas favoreciendo los intereses de las grandes empresas transnacionales en detrimento de las familias campesinas, indígenas y afrocolombianas que habitan las regiones con megaproyectos.
En Colombia los megaproyectos mineros y energéticos se realizan por empresas transnacionales y nacionales en las cuales prima el interés económico. Se otorgan licencias mineras sobre páramos, altas montañas, humedales y otras áreas protegidas; se militarizan territorios; se cometen abusos laborales con los trabajadores y trabajadoras y se desplazan a comunidades campesinas, indígenas, de pescadores y de pequeños mineros.
Los megaproyectos minero-energéticos han destruido las formas de vida campesina.
Reiterando su vocería la RNDP también cuestionó la posición oficial frente al tema durante los últimos años.
“El pasado gobierno con total desprecio por nuestro territorio entregó 8.828 concesiones mineras, es decir, casi todo el país pretende ser enajenado y destruido por decisiones ejecutivas de un gobierno depredador. El nuevo gobierno, asumiendo esta herencia no se ha quedado atrás y pretende que la economía sea jalonada a cualquier precio por lo que llama “el motor de la minería”. En la actualidad, Ingeominas está estudiando más de 16.000 solicitudes de legalización y/o concesión”.
Por todo lo anterior, la misma organización concluye que hará lo pertinente y legal para oponerse a políticas y prácticas contrarias a la conservación y cuidado de la tierra y de todo lo que a ella atañe. VNC
TEXTO: VNC  FOTO: ALANÍS

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