Publicado el Protocolo de actuación de la Iglesia ante posibles denuncias

La Conferencia Episcopal de Chile (CECh) ha dado a conocer ya su Protocolo ante denuncias contra clérigos por abusos de menores y ha anunciado la creación de un Consejo Nacional de la CECh para la Prevención de Abusos contra Menores y Acompañamiento de Víctimas (ver recuadro).

“Queremos hacer cuanto sea necesario –con caridad, pero con justicia– para evitar los males que provienen de las graves faltas que algunos ministros de la Iglesia pueden cometer contra los más pequeños y particularmente las relacionadas con el sexto mandamiento del Decálogo, que ofenden a Dios, causan un gravísimo daño a la unidad de la Iglesia y escandalizan al Pueblo de Dios, particularmente, a los más amados de Jesús, los más pequeños y los más pobres, a la par que representan un profundo atentado al bien común”, explicó el secretario general del Episcopado, Santiago Silva, durante la rueda de prensa de presentación de ambas iniciativas, a finales del pasado mes de abril.
Tras reiterar que no hay lugar en el sacerdocio para quienes abusan de menores, ni pretexto alguno que pueda justificar este delito, el también obispo auxiliar de Valparaíso manifestó que “es total nuestro compromiso de velar incesantemente por que estos gravísimos delitos no se repitan”. Una obligación episcopal, la de proteger a los menores y evitar el abuso sexual, que constituye un deber emanado de la misión y del ejemplo del propio Jesucristo, en cuyo nombre sirven.
Según explicó en el mismo acto el portavoz de la CECh, Jaime Coiro, el citado Protocolo actualiza un texto similar de 2003, a partir de las nuevas normas de la Santa Sede y de las experiencias vividas por la Iglesia en Chile. Entre sus novedades, el documento amplía la posibilidad de recibir “noticias” (no solo denuncias formales firmadas por escrito) y propone que todas ellas sean investigadas para comprobar su verosimilitud. Asimismo, contempla que, para llevar a cabo la investigación previa, podría designarse a una persona distinta del Promotor de Justicia, un laico o laica con la debida preparación; reduce considerablemente las formalidades que pudieran retrasar la causa; e insiste en la necesidad de acompañar a las posibles víctimas.
La abogada Ana María Celis, por su parte, desveló que, entre las materias abordadas por primera vez, el Protocolo destaca la necesidad de investigar aunque haya prescrito el delito. También propone un abanico de posibles medidas para hacer frente a denuncias, y especifica el procedimiento para enviar toda la información a la Congregación para la Doctrina de la Fe.
Verdad y justicia
Siguiendo las normas más recientes de la Santa Sede en este campo, el Protocolo recoge la ampliación del plazo de prescripción, así como la posibilidad de derogarla, facilitando de este modo el esclarecimiento de la verdad y la justicia. En este sentido, insta al respeto y a la colaboración con los procesos ante los tribunales de la República, recordando la obligación incluso jurídica de denunciar cuando se ejercen ciertas funciones, como es el caso de los directores de centros educativos.
“El Protocolo –resumió Coiro– promueve que desde la Iglesia se facilite la investigación de todos los hechos que lleguen a conocimiento de las autoridades eclesiásticas, en un tiempo razonable, sin exigir demasiadas formalidades y acogiendo la colaboración de los laicos”. VNC

PROPONER, ORIENTAR, SUPERVISAR Y EVALUAR

El recién creado Consejo Nacional de la CECh para la Prevención de Abusos contra Menores y Acompañamiento de Víctimas, que dependerá directamente del Comité Permanente del Episcopado, estará presidido por el vicepresidente de la CECh y obispo de Rancagua, Alejandro Goic, y tendrá como tarea “proponer, orientar, supervisar
y evaluar” políticas
de prevención de abusos sexuales y de ayuda a las víctimas, y vigilar que sean aplicadas en cada diócesis. Su labor no se circunscribirá solo a los casos relativos a sacerdotes o religiosos, sino que se concebirá como un servicio a la sociedad en su conjunto, para colaborar en la superación del grave problema de la pederastia.
Junto al prelado, integrarán el Consejo el obispo de San Bernardo, Juan Ignacio González; las abogadas Ana María Celis, doctora en Derecho Canónico, y María Elena Pimstein; la directora de la Comisión Nacional de la CECh para la Infancia Vulnerada, Pilar Ramírez, de la Diócesis de Talca; y los sacerdotes Fernando Ramos, rector del Seminario Pontificio Mayor de Santiago, y Juan Francisco Pinilla, vicario para la Educación de Santiago.