Abusos. Ya no hay excusa para el silencio

Benedicto XVI impulsa una guía con las líneas maestras para frenarlos, priorizando a las víctimas

JUAN RUBIO | Cuando en la década de los ochenta algunos obispos norteamericanos recibían denuncias por parte de víctimas y familiares de quienes habían sido objeto de abusos sexuales por parte de clérigos o personal adscrito a centros eclesiásticos, los prelados sentían escalofríos, limitándose a instruir un expediente canónico que, en algunos casos, se eternizaba. Si acaso, se limitaban a retirar al acusado del ministerio, trasladarlo de parroquia o alojarlo en una casa de retiro y espiritualidad. El silencio, el sigilo y un mal sentido de paternidad espiritual asistía a los sacerdotes; no así a las víctimas, que empezaron a asociarse para defender sus derechos y a pedir ser escuchados en Roma. [Siga aquí si no es suscriptor]

En el 2001, y en Boston, tras un sonado escándalo, el gabinete de prensa del arzobispado, ante las informaciones que iban apareciendo en los medios de comunicación, especialmente en el Boston Globe y luego en The New York Times, se limitó a decir que el cardenal Law “había actuado con paternal solicitud, abordando el tema y actuando en todo momento con prudencia y sigilo”. Unos días más tarde, insistía: “Somos pastores; no policías”. Un torrencial de críticas, junto a una avalancha de noticias, iba llegando, mientras en las cortes judiciales americanas aumentaban los expedientes.

Desde el lunes 16, esas respuestas como la del portavoz del cardenal de Boston, o las de otros similares, no caben. Los obispos del mundo ya cuentan con unas directrices que les servirán para elaborar guías propias de cara a tratar los casos de abuso sexual de menores por parte del clero. También los responsables de órdenes religiosas tienen ya sus directrices.

Una víctima en EE.UU. durante una rueda de prensa en 2010

La Congregación para la Docrina de la Fe daba a conocer el pasado 16 de mayo, la Carta Circular a las conferencias episcopales dentro de la política de tolerancia cero que Benedicto XVI está llevando a cabo para erradicar esta lacra, pecado para la ley moral, delito para la civil. La Carta sale al paso de estas indecisiones y respuestas superficiales y aborda con claridad y contundencia cómo se debe actuar ante estos casos. Los obispos ya saben a qué atenerse. Las dudas del procedimiento quedan aclaradas. Ahora toca colaborar con el deseo de Benedicto XVI de sanear la vida interior de la Iglesia.

En la carta se aprecian tres prioridades: las víctimas, la protección de menores y la colaboración con la autoridad civil. El resto, repite y actualiza la legislación de la Iglesia al respecto. Ahora, una prioridad: las víctimas y su protección.

Escuchar y atender a las víctimas

Lo primero a lo que invita la Carta de la Congregación para la Doctrina de la Fe es a “escuchar a las víctimas y a sus familiares y a esforzarse en asistirles espiritual y psicológicamente”, aludiendo a palabras del Papa en su Carta a los católicos de Irlanda: “Habéis sufrido inmensamente y me apesadumbra tanto. Sé que nada puede borrar el mal que habéis soportado. Vuestra confianza ha sido traicionada y violada vuestra dignidad”.

Palabras contundentes en el primer párrafo de una carta en la que también se aboga por el apoyo de “programas educativos de prevención para propiciar ambientes seguros para menores, ayudando a los padres, a los agentes de pastoral y al personal educativo incluso a reconocer los indicios de abuso sexual y adoptar mediadas adecuadas”.

Como se ve, no solo se trata de escuchar, sino también de prevenir. Y en esto hay una novedad importante, una acción preventiva que tendrá muy en cuenta el perfil de los educadores en centros eclesiásticos, y no solo los ministros consagrados. Son muchos los centros educativos de propiedad eclesiásticas, o de congregaciones religiosas, que se han visto involucrados en estos delitos. La prevención se extiende también al personal laico. Y esta prevención ha de cuidarse aún más entre los responsables de la formación del clero, a los que se les pide un “discernimiento mayor” e, incluso, un intercambio de informaciones si el candidato procede de otra diócesis o congregación religiosa. En este sentido, había habido negligencia en algunas ocasiones en que ni tan siquiera se había pedido la información adecuada (de algo parecido se le había acusado al Papa durante su período al frente de la Archidiócesis de Munich).

Otra novedad es la importancia de estar al tanto para detectar indicios en el ejercicio del ministerio o de la docencia. No solo faltan las pruebas, sino también los indicios. Es una de las grandes aportaciones de esta guía. Se pretende afinar en los perfiles psicológicos algún indicio que pudiera derivar en abusos. Estudios psicológicos realizados recientemente insisten en este aspecto. Tal es el caso de los artículos escritos por los profesores jesuitas G. Cuzzi y H. Zollner. Esta prevención, desde el período de formación, es fundamental para la madurez del candidato. Incluso, se advierte en la Carta, que si en el ejercicio del ministerio pudieran atisbarse estos indicios, habría que atajarlos.

La colaboración con las leyes civiles es una exigencia clara en la Carta. Con ella quedan disueltas las dudas de algunos prelados que, como ha sucedido, desconfiaban de los testimonios de las víctimas.

Se les advierte para que, a la hora de los nombramientos, se tenga en cuenta que no se puede poner al frente de instituciones, especialmente docentes, a personas con este perfil. Los rectores de los seminarios deberán afinar, y mucho, el conocimiento previo de la procedencia de los candidatos, si es que vienen de otros centros. Y también los obispos a la hora de acoger a sacerdotes extradiocesanos. Los obispos deberán articular la forma de hacer llegar a conocimiento de la justicia los casos que conozcan; y esto, de forma independiente de los procesos canónicos.

Los obispos diocesanos ya tienen normas precisas. Era un paso que se venía demandando desde que en mayo de 2010 se modificaran las normas sobre “delitos graves” por decisión de Benedicto XVI. Fueron cambios, tanto en las normas sustanciales como en las procesales, encaminados a una mayor claridad en lo que se refiere a la respuesta de la Iglesia ante los casos de pederastia en el clero. Y también a las penas canónicas, la máxima de la cual, como es la dimissio del estado clerical, también se contempla en la Carta.

Una lucha continuada

Hace ahora un año, Benedicto XVI viajaba hasta Lisboa, esquivando la nube tóxica que se extendía por el espacio aéreo europeo. En el vuelo, ante los periodistas que lo acompañaban, se refirió al “tercer secreto” de Fátima, lugar que iba a visitar en su viaje. El secreto se refiere a los ataques que el Papa y la Iglesia vienen sufriendo. La visión habla de una blanca sotana manchada de sangre.

Ratzinger no escatimó la pregunta sobre el secreto y su relación con los abusos sexuales a menores por parte del clero: “La novedad que podemos descubrir hoy en este mensaje reside en el hecho de que los ataques al Papa y a la Iglesia no solo vienen de fuera, sino que los sufrimientos de la Iglesia proceden precisamente de dentro de la Iglesia, del pecado que hay en la Iglesia (…); la mayor persecución de la Iglesia no procede de los enemigos externos, sino que nace del pecado en la Iglesia y que la Iglesia, por tanto, tiene una profunda necesidad de volver a aprender la penitencia, de aceptar la purificación, de aprender, por una parte, el perdón, pero también la necesidad de la justicia. El perdón no sustituye la justicia”, dijo el Papa.

Perdón y justicia, dos palabras que vienen marcando su actuación ante este problema, un pecado para las leyes morales y un delito ante la justicia humana. La Iglesia, a través de sus organismos, ha venido poniendo en marcha su maquinaria para atajar este problema, respondiendo así al “pánico moral” desatado en los medios de comunicación y que ha afectado gravemente a comunidades cristianas en diversos países, especialmente en los Estados Unidos, Irlanda, Alemania, Bélgica, Holanda y Austria.

Los abusos a menores por parte de ministros consagrados en diversos países del mundo ocuparon la atención de los medios de comunicación, especialmente el pasado año, annus horribilis para el Papa, quien en la homilía de clausura del Año Sacerdotal, el 10 de junio, ante cerca de diecisiete mil sacerdotes reunidos en Roma para el evento, decía: “En este año de alegría por el sacramento del sacerdocio, han salido a la luz los pecados de los sacerdotes, sobre todo el abuso a los pequeños, en el cual el sacerdocio, que lleva a cabo la solicitud de Dios por el bien del hombre, se convierte en lo contrario. También nosotros pedimos perdón insistentemente a Dios y a las personas afectadas, mientras prometemos que queremos hacer todo lo posible para que semejante abuso no vuelva a suceder jamás; que en la admisión al ministerio sacerdotal y en la formación que prepara al mismo haremos todo lo posible para examinar la autenticidad de la vocación”.

El mecanismo de depuración de responsabilidades ya estaba en marcha. Han sido años densos de trabajo en los que, paralelamente a lo que se ha llamado el juicio social de los medios de comunicación, la Iglesia ha trabajado para ir dando respuesta a las víctimas, colaborando con la justicia y previniendo para el futuro. Decir lo contrario es faltar a la verdad.

Monseñor Charles J. Scicluna, promotor de Justicia de la Congregación para la Doctrina de la Fe, decía el pasado año, respondiendo a quienes acusaban a la Iglesia de tapar el problema y mirar para otro lado: “En total, en los últimos nueve años hemos evaluado las acusaciones referidas a unos 3.000 casos de sacerdotes diocesanos y religiosos que remiten a delitos cometidos en los últimos cincuenta años. Los casos de sacerdotes acusados de verdadera y auténtica pedofilia son, entonces, unos trescientos en nueve años”.

“Son siempre demasiados casos, es indudable –continuaba–, pero hay que reconocer que el fenómeno no está tan difundido como se pretende hacer creer (…). En el 60% de los casos, sobre todo debido a la edad avanzada de los acusados, no hubo proceso, pero se aplicaron contra ellos medidas administrativas y disciplinarias, como la obligación de no celebrar misa con los fieles, no confesar, llevar una vida retirada y de oración. En un 10% de los casos, particularmente graves y con pruebas abrumadoras, el Santo Padre asumió la dolorosa responsabilidad de autorizar un decreto de dimisión del estado clerical (…). En el restante 10% de los casos, los mismos clérigos acusados pidieron la dispensa de las obligaciones derivadas del sacerdocio, la cual fue aceptada con prontitud”.

Estos casos, entre 2003-2004, representaban en los Estados Unidos alrededor del 80% de la totalidad. Hacia 2009, el porcentaje estadounidense disminuyó, pasando a ser el 25% de los 223 nuevos casos señalados en todo el mundo. Efectivamente, en los últimos dos años (2007-2009), la media anual de los casos señalados a la Congregación en todo el mundo ha sido de 250. Muchos países señalan solo uno o dos casos.

Aumenta, por lo tanto, la diversidad y el número de los países de procedencia de los casos, pero el fenómeno es muy limitado. Hay que tener en cuenta que son 400.000 en total los sacerdotes diocesanos y religiosos en el mundo. Este dato estadístico no se corresponde con la percepción creada cuando estos casos tan tristes ocupan las primeras planas de los diarios.

Mientras que desde diversos foros se acusaba a Ratzinger de silencio cómplice con los casos de pederastia, principalmente en algunas diócesis de los Estados Unidos, señalándolo como culpable del problema, el Papa ha ido dando respuestas contundentes, convirtiéndose en el principio de la solución. Una política de tolerancia cero se puso en marcha en los órganos pertinentes del Vaticano para atajar esta situación, que había dañado fuertemente la credibilidad de la Iglesia. También algunas diócesis habían tenido que pagar fuertes sumas de dinero, como es el caso de la diócesis de Boston, rayando incluso en la bancarrota.

La Carta del Papa a los católicos irlandeses, así como las nuevas leyes para estos casos, promulgadas en Roma, además de actuaciones concretas entre las que no faltaron algunas dimisiones por omisión, cuando aparecieron estos escándalos, son muestras de este interés del Papa por acabar con esta lacra en la Iglesia, convirtiéndose en modelo para otros sectores de la sociedad en los que las estadísticas muestran números más elevados de casos de pederastia.

La Iglesia ha liderado un movimiento depurador que ha sido visto con desconfianza por algunos sectores, pero, por la mayoría, como una labor necesaria y apropiada. Las víctimas han sido objeto de atención y el mismo Pontífice se ha reunido con familiares en distintas visitas apostólicas en Malta o Inglaterra.

El entonces cardenal Ratzinger mostró firmeza al tratar esos casos. Más aún. Dio prueba de gran valor al afrontar algunos casos muy difíciles y espinosos, concretamente los referidos al fundador de los Legionarios de Cristo, Marcial Maciel.

Sobre el silencio del Papa

Una acusación recurrente hecha a las jerarquías eclesiásticas es que no denuncian también ante las autoridades civiles los delitos de pedofilia que alcanzan a conocer. En algunos países de cultura jurídica anglosajona, pero también en Francia, los obispos que saben que algunos sacerdotes han cometido delitos fuera del secreto sacramental de la confesión, están obligados a denunciarlos a las autoridades judiciales.Con esta Carta, en el contexto de una política de tolerancia cero contra la pederastia, las conferencias episcopales deberán trabajar para acomodar las leyes generales a las particulares de cada país.

Queda aún tarea por delante. La información ha venido siendo, y es, necesaria para frenar en muchos las tendencias delictivas. Lo reconocía hace poco un obispo que trabaja en la Curia vaticana: “Desde que se habla tanto de este tema, han remitido los casos. Hay más miedo”. Pero debe de haber también más justicia.

Como botón, una muestra. El pasado domingo, el cardenal de Génova y presidente de la Conferencia Episcopal Italiana, Angelo Bagnasco, se presentaba a celebrar misa a una iglesia de su diócesis, sin previo aviso. El párroco acababa de ser puesto a disposición judicial por delitos de pederastia. Rapidez inusitada la condena que el propio cardenal hizo durante la homilía pidiendo perdón a las víctimas y alejando al sacerdote del ministerio. Las cosas han empezado a cambiar.

LO QUE LOS OBISPOS DEBEN HACER:

Tener en cuenta el concepto de abuso sexual según la jurisdicción eclesiástica y civil.
Respeto al denunciante, que puede exigir que su nombre no sea comunicado al sacerdote denunciado.
Los obispos han de ofrecer ayuda espiritual y psicológica a las víctimas.
La investigación se ha de hacer con el respeto a la confidencialidad.
El clérigo acusado, a no ser que haya razones en contra, debe de ser informado.
Los órganos de consulta para la vigilancia no pueden sustituir la potestad de cada obispo.
Se ha de tener en cuenta la legislación civil del Estado en el que la Conferencia Episcopal se encuentra, en lo que se refiere a la eventual obligación de dar aviso a las autoridades civiles.
Durante el procedimiento penal se debe dar al clérigo acusado sustentación digna.
Se debe excluir la readmisión si hay riesgo de abusos o si supone un escándalo para la sociedad.