La modificación de la Ley de Caducidad siembra la polémica en el país
El Senado de Uruguay aprobó recientemente, por un ajustado margen (16 votos contra 15), un proyecto que modifica la ley 15.848 de “caducidad de la pretensión punitiva del Estado” y renueva la posibilidad de reabrir los juicios a militares y policías que violaron los derechos humanos, lo que ha reinstalado la polémica en el país.
La norma obtuvo luz verde en 1986, durante el Gobierno de Julio Mª Sanguinetti, cuando los dos partidos tradicionales (blancos y colorados) consensuaron lo que prácticamente se estableció como una amnistía de los “delitos cometidos hasta el 1 de marzo de 1985 por funcionarios militares y policiales, equiparados y asimilados por móviles políticos o en ocasión del cumplimiento de funciones y en ocasión de acciones ordenadas por los mandos que actuaron durante el período de facto” (1973-1985).
Aunque reclamada por organismos de derechos humanos, la iniciativa había sido rechazada en dos ocasiones (1989 y 2009) por la mayoría de los uruguayos en sendos plebiscitos populares promovidos para derogar la llamada “Ley de Caducidad”, calificada por otros como de “impunidad”. La reforma aprobada ahora en el Senado a instancias del mayoritario y gobernante Frente Amplio contiene modificaciones del texto respaldado en octubre por los diputados, por lo que deberá ser ratificada por esta cámara, donde el Frente Amplio también cuenta con mayoría.
Durante la dictadura uruguaya desaparecieron unos 200 opositores, muchos de ellos en Argentina debido a la complicidad de ambos regímenes autoritarios. Hasta hoy, apenas una docena de acusados (incluidos los ex dictadores Juan Mª Bordaberry y Gregorio Álvarez) fueron juzgados y condenados en Uruguay, pero la mayoría evitaron a la justicia amparados en la “Ley de Caducidad”.
Reacciones políticas
La media sanción a la norma que habilitaría los juicios no solo generó la reacción de la oposición, sino que abrió brechas en el oficialismo. El senador del Frente Amplio y ex dirigente de Tupamaros, Eleuterio Fernández Huidobro, secundó la votación de su partido por “disciplina partidaria”, pero luego renunció a su cargo argumentando que no se puede desconocer la voluntad popular expresada en dos plebiscitos. Otro frenteamplista, Jorge Saravia, votó en contra porque se está pasando “por encima del derecho ciudadano”. Mientras, el presidente José Mujica, víctima de la dictadura, adelantó que, de aprobarse la ley, no la vetará, como solicita la oposición. VNC
Washington Uranga. Montevideo
