Notarios y registradores que no ven ni preguntan: un obstáculo
Oscar Manuel Maussa emprendió la recuperación de la hacienda La Esperanza, cuando la propiedad figuraba a nombre de tres dueños, uno de ellos, un paramilitar del bloque “Bananero”, con el alias de “Palillo”.
En esa tierra se concentraban todos sus trabajos y las esperanzas de su familia; por eso, cuando como respuesta a sus primeras gestiones aparecieron las amenazas, los seguimientos y las intimidaciones, se mantuvo firme en su propósito de recuperar su tierra al precio que fuera.
El 24 de noviembre del año pasado lo encontraron en la finca La Posa, de San Juan Nepomuceno (Bolivar). Su cuerpo estaba amarrado y en medio de un charco de sangre. Lo habían matado a palo.
El de Maussa es un episodio dentro de la guerra por la tierra, que en Colombia nunca ha cesado, pero que se ha intensificado desde que el presidente Juan Manuel Santos anunció su ambicioso proyecto de devolverles sus tierras a los desplazados por los grupos paramilitares, al servicio de sus intereses o de terratenientes y empresarios agrícolas.
Es un conflicto que ha estado en el origen de todas las guerras del país y que se mantendrá por largo tiempo porque la obstinada actitud de los ladrones de tierras es tan firme como las razones para reclamar un régimen de tierras fundado en la justicia.
En 1930, al término del más prolongado período de paz vivido por el país, la Conferencia Episcopal Colombiana llamó a los agricultores “verdaderos padres de la patria, por cuanto nos dáis el alimento”. Una razón elemental que hoy cobra importancia ante los estragos de las lluvias y el encarecimiento de los alimentos en los mercados del mundo.
Hubo otras razones cuando en 1958 la Conferencia Episcopal abogó por la expropiación de los extensos terrenos utilizados solo para la cría de ganados. Entonces los obispos le pidieron al gobierno “expropiar esos terrenos y parcelarlos para beneficio común”. Pero su idea iba más allá. “Es de desear que al alcance de todos esté el poseer una tierra que puedan cultivar por sí mismos”.
Dos años después escribirían: “La reforma agraria es hoy una de las necesidades más apremiantes que presenta nuestro país”.
El episcopado pensaba entonces en el atraso de la población campesina: “sin recursos de producción y sin las condiciones que exige una vida humana digna”.
Ocho años después, el presidente Carlos Lleras Restrepo logró la aprobación de la ley 1 sobre Reforma Agraria, que los terratenientes del país se encargarían de sepultar. Hoy esos terratenientes cuentan con aliados armados: paramilitares y, en ocasiones, brigadas militares, en abierta rapiña por la tierra dan lugar a una guerra como la que costó a Oscar Manuel Maussa su vida, porque según las leyes de esa guerra, la propiedad de la tierra no se reclama, se impone.
Sin embargo, las razones para reclamar una justa distribución de la tierra se mantienen. El director técnico del Informe de Desarrollo humano 2011, Absalón Machado, enumera, entre otras, estas razones:
– Las estructura agraria actual es un obstáculo para el desarrollo;
– Pone en peligro la seguridad alimentaria del país: “el derecho a la alimentación resulta vinculado con el acceso a la tierra como factor productivo”.
Los obstáculos
Ni las bienintencionadas expresiones del episcopado, ni las decisiones presidenciales, ni leyes del congreso como la Ley 1 de 1968, ni acciones violentas como las de las FARC o del ELN han logrado cambiar esa estructura. En los nueve meses del proyecto de devolución de tierras han surgido como hongos los obstáculos para las operaciones de restitución de las tierras arrebatadas o usurpadas.
Un juez de Justicia y Paz en Medellín es uno de esos obstáculos. Al despacho de este funcionario llegaron los papeles con que “Pedro Bonito”, el alias del paramilitar Raul Hazbún, alegaba la legalidad de la propiedad que le había arrebatado a una de sus víctimas en Urabá. Los papeles se quedaron ahí, engavetados, para júbilo de los paras expoliadores, bajo el peregrino argumento de la falta de competencia del juez. Por estas u otras razones parecidas el mismo juez mantiene en un limbo jurídico otros documentos con que el mismo Hazbún se apropió de doce predios en Mutatá. En las gavetas de otro despacho reposan los documentos con que el Alemán se adueñó de 14 terrenos en Tulapas.
Para remover ese obstáculo de los jueces -aterrorizados o comprados o ineptos o negligentes- el 31 de marzo la Corte Suprema de Justicia en su sala penal falló invalidando esos documentos y anuló el pretexto dilatorio de los jueces de Justicia y Paz. Así había 600 investigaciones en que los jueces se lavaban las manos con un fingido acatamiento a la Corte.
El examen de los documentos ha dejado al descubierto otro obstáculo: el de los registradores y notarios.
Hasta la Corte llegó el caso del notario y el Registrador de Carepa, en donde el despojo de las fincas Casa María, el Alto de los almendros y el Roble eran de común conocimiento. En efecto, el notario y el registrador habían dado por válidos documentos que aparecían firmados por el dueño de esas fincas, dos años después de su asesinato, por sicarios del mencionado Hazbún, que así se hizo dueño de esas fincas. La Corte ordenó investigar al notario y a la oficina de instrumentos públicos.
Como estos, son los casos que hoy estudian los funcionarios del Incoder sucedidos en los Montes de María en donde empresarios antioqueños hicieron negocio: compraron hectáreas a 300.000 pesos y las vendieron a tres millones y medio, sin que a la hora del registro y de las diligencias notariales se hiciera averiguación alguna. Las investigaciones han revelado la existencia de autorizaciones de venta falsas, “firmadas” por sus propietarios, falsificación de actas, negociaciones de tierras en zonas de reserva campesina.
Así, ante la mirada de notarios y registradores se titularon 120.000 hectáreas en Antioquia, Atlántico, Cesar y Vichada. La destitución de cinco registradores, la investigación en 10 de esas oficinas, y la intervención a la Superintendencia de Notariado y Registro en la que el 72% de los funcionarios no son profesionales, son acciones para eliminar este obstáculo llamado por el editorialista de El Tiempo “cartelitos de robatierras enqujistados y funcionando en la actual estructura” notarial y de registro.
Denunciaba el editorialista el otro obstáculo: el de la corrupción en las oficinas púbicas. Que fue el hallazgo de la sala penal de la Corte Suprema al examinar los títulos de propiedad de 36 predios que habían sido adjudicados a 72 familias y que un delincuente, Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, con la complicidad de los funcionarios del Incoder hizo declarar como predios en abandono. La orden de revocar esos títulos de propiedad fue el resultado de un arduo trabajo de desenmascaramiento de documentos falsos, de firmas temblorosas de campesinos amenazados y de sellos comprados por sobornadores astutos.
Pero el mayor obstáculo que se difunde como una peste por todas las partes adonde llega la noticia de los asesinatos, es el miedo. Los ladrones de tierra son, además, asesinos. Al parecer combinan todas las formas de lucha para conservar la tierra mal habida, y después de intentarlo todo en juzgados y notarías, optan por la vía de los hechos sangrientos para intimidar. Entre el mes de agosto del año pasado y el pasado mes de marzo, asesinaron a 14 campesinos que habían osado reclamar sus tierras, o asumir la vocería de los que querían regresar a ellas.
Cada asesinato tiene un efecto disuasor para campesinos, generalmente inermes y habitantes de lugares despoblados y desprotegidos. Las promesas oficiales de mayor seguridad para ellos cuentan menos que las amenazas de los delincuentes. Si la restitución de tierras llega a cumplirse, tendrá que ser después de una doble derrota: a las bandas de sicarios que operan bajo las órdenes de terratenientes e industriales agrarios; y la derrota del miedo.
Las buenas noticias
El contrapunto de esas noticias de muerte lo pone el gobierno con anuncios de devolución de tierras, que se han vuelto frecuentes. En diciembre pasado la navidad de 240 campesinos fue más alegre después de la entrega que les hizo Incoder de sus títulos de propiedad; en el mes de enero fueron 100 campesinos de las sabanas de Chivolo, en el Cesar, los que recuperaron el predio que les había quitado hace diez años, Jorge 40; el 11 de marzo la prensa dio cuenta de otro avance del programa: la entrega de 17 mil hectáreas en Carimagua, a 500 familias desplazadas. Allí no habían intervenido los paramilitares, ni bandas de delincuentes, sino la equivocada política de un ministro de agricultura; el 19 de marzo los campesinos de Curvaradó y Jiguamiandó en el Chocó (Ver Vida Nueva Colombia # 6) recuperaron 25.000 hectáreas.
Conscientes del poder y los métodos de los que habían arrebatado sus tierras para convertirlas en sembrados de palma, fue impartida una orden a todas las notarías del país para que ninguna transacción sobre estos predios del Chocó pueda registrarse en el futuro.
A pesar de todo y contra una inercia histórica de injusticia y de violencia, se están dando los pasos iniciales de una rectificación histórica y la tierra está volviendo a las manos de quienes la trabajan. VNC
Texto: VNC Fotos: OLMOVICH
Para desconcentrar la propiedad de la tierra:
( texto resumido por VNC)
Extinguir el dominio de tierras adquiridas ilícita o ilegalmente.
Extinguir el dominio de tierras no utilizadas.
Afectar por vía tributaria las tierras que hacen mal uso de los recursos, vg. Tierras con vocación agropecuaria dedicadas a ganadería intensiva.
Adquirir tierras, por parte del Estado, para repartir en zonas de alta pobreza y conflicto.
Expropiar por motivos de utilidad pública en zonas de alta concentración de propiedad y de tierras mal utilizadas.
Constituir zonas de reserva campesina.
En casos extremos establecer límites a la posesión de las tierras.
La redistribución de la tierra es un proceso que lleva tiempo, requiere acuerdos políticos, compromisos sociales, sustento en un ordenamiento territorial, disposiciones de orden macroeconómico y control y combate decidido de los grupos armados ilegales y narcotraficantes.
Absalón Machado
