Pastoral das Favelas denuncia miles de casos de expropiación ilegal
GRAZIELA CRUZ. BRASIL | Anita Gomes dos Santos, de 51 años, vivía y trabajaba en las calles de Belo Horizonte, la tercera ciudad más grande de Brasil. Hace 11 años, Anita y su familia conquistaron, junto a otras 65 familias, el derecho a tener su hogar en la Vila UFMG (que recibe este nombre por ubicarse frente a la Universidad Federal de Minas Gerais). En su camino de luchas y conquistas, Anita empezó a participar en movimientos sociales, y hoy es miembro de la coordinación de la Pastoral de la Calle de la Archidiócesis de Belo Horizonte y del Movimiento Nacional de la población que vive en la calle.
Anita, su esposo, sus cuatro hijos y sus ocho nietos viven ahora un drama que perturba a miles de familias en otras ciudades brasileñas: el abando de sus casas para dar espacio a las obras urbanísticas para la Copa del Mundo de Fútbol de 2014. El drama se repite en Río de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre, Fortaleza y en las otras siete ciudades sede del evento deportivo.
“Las expropiaciones causan problemas muy graves, como la separación de las familias, la destrucción de los lazos comunitarios o el desempleo; muchas personas son llevadas a vivir a sitios lejanos del trabajo, y los niños dejan la escuela”, explica Anita a Vida Nueva.
Además de la Vila UFMG, al menos 315 familias que viven en el barrio de San Gabriel deben ser desalojadas para construir la nueva terminal de autobuses de la capital. Se estima que un total de 20.000 personas serán expulsadas de sus hogares en la capital de Minas Gerais. “Esa expropiación de nuestras casas ha provocado un gran drama. Muchos niños nacieron aquí, hemos construido nuestros hogares, hecho nuestros amigos y ahora tendremos que dejarlo todo atrás”, lamenta Anita; ella y sus vecinos tienen hasta junio para irse.
En Río de Janeiro, el impacto es aún más grave, por las obras, además, para los Juegos Olímpicos de 2016. Se están construyendo grandes vías para facilitar la circulación de turistas entre el aeropuerto, la terminal de autobuses y el estadio Maracaná y otros locales.
Más de 500 familias viven en lugares como las Vilas Recreio, Harmonía, Restinga y Taboinha –en el barrio de Recreio dos Bandeirantes, cerca de la zona donde estará la Villa Olímpica–. Ellos y los residentes de regiones como el Campinho y la Villa Autódromo están sufriendo la intervención del ayuntamiento, que expropia a las familias y las envía a barrios alejados hasta 70 kilómetros.
Tractores en casas habitadas
Según Luiz Severino da Silva, miembro de la Pastoral das Favelas de la Archidiócesis de Río de Janeiro, se han mantenido muchas reuniones para buscar una solución pacífica. Junto con el Consejo Popular de Río de Janeiro y el Núcleo de Tierra y la Vivienda de la Defensoría Pública, la Pastoral das Favelas ha ayudado en la movilización y el asesoramiento jurídico.
Da Silva asegura a Vida Nueva que los residentes no están en contra del desarrollo de la ciudad, pero cuestionan la forma arbitraria en que las autoridades municipales están llevando a cabo la retirada, sin un diálogo con los residentes, ofreciendo un precio muy inferior al valor real de la propiedad, sin tener en cuenta la ley y, en algunos casos, actuando con violencia.
“En la Vila Harmonía, la situación fue dramática. Cuando las personas se resisten al desalojo, ellos amenazan con conducir los tractores sobre las casas y las personas”, dice Luis Severino. En la Vila Harmonía, situada cerca de la Barra da Tijuca –conocido barrio noble de la Zona Sur de Río–, cien familias fueron sorprendidas en la mañana del 15 de diciembre de 2010 por una operación de demolición de las casas dirigida por equipos del ayuntamiento y la guardia municipal. Según la denuncia recibida por la Pastoral, los agentes llegaron de madrugada, y con excavadoras derribaron casas aún habitadas.
Luis Severino denuncia que el desalojo no se está haciendo solo para la construcción de las rutas de tránsito: “La municipalidad está aprovechando para echar a los residentes y dejar espacio para la construcción de hoteles y edificios de lujo en las zonas que están altamente valoradas y, hasta hoy, ocupadas por los pobres”. En su mayoría, son descendientes de africanos y personas de bajos ingresos que se asentaron en la región de Recreio dos Bandeirantes hace más de 40 años, cuando el lugar aún no estaba urbanizado. La zona fue creciendo gracias a las pequeñas empresas que se fueron estableciendo como medio de subsistencia.
En enero de 2011, los residentes de los pueblos afectados en Río de Janeiro denunciaron a la municipalidad ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (CIDH-OEA), afirmando que el Gobierno está implementando una política de retirada forzada de los barrios marginales, en favor de la construcción de las vías Transcarioca y Transoeste, y pidiendo al organismo internacional que se pronuncie sobre la situación de emergencia de violación de los derechos en estas comunidades. En febrero, la OEA solicitó más informaciones y los residentes están a la espera de una respuesta de la entidad.
Para evitar el avance de un proceso injusto, ya se está articulando en las ciudades una red de vigilancia y resistencia. El pasado noviembre tuvo lugar en São Paulo el seminario Impactos urbanos y violaciones de derechos humanos en mega-eventos deportivos, organizado por la Relatoría Especial de la ONU para el Derecho a una Vivienda Adecuada, en colaboración con la Escuela de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de São Paulo (USP) y el Núcleo de Derecho a la Ciudad de la Facultad de Derecho de la USP. Allí, la relatora de la ONU, Raquel Rolnik, explicó que, cuando se trata de la retirada de las familias de bajos ingresos para la construcción de infraestructuras de mega-eventos deportivos, “no hay información sobre presupuestos, proyectos, lugares y cuántas serán las personas afectadas”. Las obras de construcción para los dos eventos en Brasil –añadió– han dado lugar a “una intervención urbana con proyectos que afectan profundamente la vida de las comunidades, provocando la eliminación de favelas y el desalojo, que es una violación de los derechos humanos”. 
Según Rolnik, falta una planificación más estructurada de atención a las familias con bajos ingresos. La urbanista aboga por la creación de espacios para esta población en las zonas más desarrolladas de las regiones metropolitanas, donde hay una mejor infraestructura, como escuelas, hospitales, entretenimiento y trabajo. “Sacar a las personas de donde viven y llevarlas a lugares a 50 kilómetros de distancia es alimentar la máquina de exclusión y ocupaciones territoriales en las zonas de riesgo”.
Un drama en todo el país
El problema se repite en todas las ciudades que albergarán la Copa del Mundo. En Porto Alegre, Río Grande do Sul, el secretario extraordinario de la Copa del Mundo de 2014, Ricardo Gothe, estima que la ciudad tendrá que realizar unas cuatro mil expropiaciones, como en Grande Cruzeiro, lo que ha causado mucha polémica. En Fortaleza, al norte del país, según el informe publicado en el periódico Folha de São Paulo, las obras en los alrededores del estadio Castelão afectarán a los habitantes de la favela de Lagamar, una de las más grandes. Se estima que cuatro mil familias serán desalojadas.
En São Paulo, la implementación del tren de alta velocidad que unirá la ciudad de Campinas con Río de Janeiro (una ruta de 511 kilómetros) también está generando controversia debido a los fuertes impactos ambientales y urbanos. Más de 600 familias tendrán que ser retiradas de sus hogares para construir la infraestructura para el tren-bala, lo que requerirá una inversión de más de 34.000 millones de reales (cerca de 14 millones de euros). Según el diseño, la obra pasa por un área de protección del medio ambiente conocida como “los pulmones de São José dos Campos”, y en Río de Janeiro, las pistas pasan por el campus de la Universidad Federal de Río.
En el número 2.752 de Vida Nueva
