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‘Estuve preso y vinisteis a visitarme…’

Pueblos Unidos forma un grupo de voluntarios para asistir a los ‘sin papeles’ de un CIE de Madrid

(Texto: Marina de Miguel. Fotos: Pueblos Unidos) Es muy difícil que te pueda sacar de aquí, pero te prometo que vendré a visitarte de nuevo, que escucharé tu historia, que te acompañaré, que defenderé tu dignidad”. Con esta promesa, Pueblos Unidos (entidad de integración del inmigrante que los jesuitas tienen en el barrio madrileño de La Ventilla) lleva esperanza y consuelo a esas “fábricas de llanto” –parafraseando a Miguel Hernández– que son los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE). En estos lugares dependientes del Ministerio de Interior se retiene de manera cautelar y preventiva al inmigrante sin documentación a la espera de ser expulsado.

Desde hace un año, el centro de la Fundación San Juan del Castillo, miembro del Servicio Jesuita a Migrantes España, cuenta con un equipo de nueve voluntarios que visita a los internos en el CIE de Aluche. “Desde el año 2008 teníamos esta inquietud. Lo que pasa es que en España estos centros son muy opacos, auténticos agujeros negros para las ONG, y hasta el curso 2009-2010 no pudimos crear este grupo”, denuncia Daniel Izuzquiza, sj, coordinador general de Pueblos Unidos.

Acompañar, servir y defender, las tres líneas que inspiran al Servicio Jesuita al Refugiado, que desde hace años trabaja en los centros de detención de varios países europeos con conocimiento y aprobación de las autoridades, constituyen también la filosofía de este proyecto. “Se trata, en primer lugar, de acompañar: intentar humanizar, poner un rostro amable en algo que es deshumanizador y desgarrador”.

Dentro de la labor asistencial, el equipo contribuye a mejorar las condiciones de privación de libertad cubriendo cosas tan básicas como la ropa, el champú o una tarjeta telefónica. “Son necesidades muy primarias que entendemos que la Administración debe cubrir, aunque no lo hace. Por ejemplo, se entrega a cada interno un kit higiénico, pero no se repone”, añade. También se movilizan para agilizar ciertos trámites legales o cualquier gestión que esté a su alcance.

La tercera línea es la defensa efectiva de los derechos los inmigrantes internados. Por un lado, se pretende asegurar que la defensa jurídica sea buena y facilitar el trabajo de los abogados de oficio, y, por otro, detectar irregularidades, incumplimiento de los derechos fundamentales, etc. En esto cuentan con la asesoría jurídica de Pueblos Unidos.

Otra preocupación en la que se está trabajando desde los comienzos es el acompañamiento pastoral. Ya en 2008 se presentó al Ministerio de Interior una propuesta formal que fue denegada. Se permitió la entrada en casos muy puntuales, como la Navidad de 2009. “Fue una experiencia espiritual tremenda. Participaron alrededor de 150 internos de distintas nacionalidades, idiomas y confesiones religiosas”, recuerda el religioso. Despues se volvió a intentar, aunque sin resultados. Izuzquiza añade que la Conferencia Episcopal comparte este interés y está trabajando en ello. “La atención pastoral es algo que los internos demandan explícitamente. La libertad religiosa es un derecho fundamental y, si ya de por sí es muy importante para el ser humano, en estas situaciones lo es aún más. Dios es fuente de sostén y de apoyo”.

“En el CIE todos los días son tristes. No puedes hacer nada, solo dar vueltas a la cabeza. Cuando ellos venían a verme, me daban tranquilidad”. Houdou, un joven senegalés que pasó 28 días en las dependencias de Aluche, solo tiene palabras de agradecimiento hacia el equipo. “Dentro se sufre mucho, es una tragedia, nadie se imagina cómo se vive allí, es mejor no recordarlo.

Pueblos Unidos acudió a verme desde el primer día, me puso en contacto con mi familia. Me llevaban alegría”. El equipo visitó, durante 2010, a 109 personas de los cerca de 5.000 inmigrantes que durante ese período estuvieron en el centro. Su labor y seguimiento ha dado origen al informe 1.000 ventanas a 5.000 vidas truncadas, que fue presentado el pasado diciembre junto a la exposición Fronteras Invisibles, de los fotoperiodistas Edu León, Olmo Calvo y David Fernández, del periódico Diagonal.

En medio del dolor

Ana Navarro es la encargada de coordinar las visitas, que pretenden cubrir todos los días de la semana. La mayoría de las veces son las familias, a las que conocen durante las esperas de los turnos de visita, las que les indican a quiénes deben visitar, pero también los propios internos les alertan sobre compañeros que se encuentran en una situación muy frágil o que no tienen a nadie. “En medio de tanto dolor, estos gestos son como signos de esperanza o semillas del reino”, sostiene.

Hasta el pasado 1 de febrero, los voluntarios tenían que acudir en el turno general, lo que implicaba largas colas de espera, una visita por día y condiciones de poca calidad, como presencia policial, mamparas de cristal o la necesidad de utilizar aparatos telefónicos. Desde esta fecha, a requerimiento del juez Ramiro García de Dios, del Juzgado de Instrucción número 6, se ha habilitado un horario de mañana y tarde para que los representantes de las ONG puedan entrar en el recinto. Esto permite ver a más residentes.

“Procuramos que cada interno sea visitado por lo menos una vez por semana y que siempre lo haga el mismo voluntario, para que no tenga que repetir su historia de nuevo. Pero si se encuentra muy frágil o enfermo, vamos tantas veces como sea necesario”, explica Ana. Desde que dio a luz el pasado agosto, Adriana Osset, otra de las voluntarias, no puede acudir con tanta asiduidad, así que muchas veces se dedica a cubrir estas urgencias. “Para mí es una cuestión de justicia. Es una satisfacción muy grande cuando ves que, con muy poco, puedes hacer feliz a una persona”.

Presentación del informe de la ONG

Uno de sus casos es el de Óscar Salazar, boliviano y padre de un niño de dos años, que hasta hace unos días permanecía en el Centro listo para su expulsión. Su caso apareció en El Mundo, y la Delegación del Gobierno prometió sustituir la expulsión por una multa; el cierre de este reportaje coincidía con su salida. “Está destrozado, lleva tres años en España, tiene trabajo y familia. Teme ser deportado a su país y volver a ver a su hijo”, aseguran desde Pueblos Unidos.

De prosperar el borrador del Reglamento que desarrolla la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, los inmigrantes con hijos menores de nacionalidad española –siempre que el menor esté a cargo de y conviva con el progenitor que lo solicite– tendrían autorización de residencia temporal los inmigrantes con hijos menores de nacionalidad española –siempre que el menor esté a cargo de y conviva con él.

Defensa de derechos

La sociedad desconoce qué son los CIE. Hablas con ellos y les parece una película, no creen que esto ocurra en un país como España”, afirma la voluntaria Adriana Osset. Pueblos Unidos sí que conoce la dura realidad de estos lugares, por eso su postura es firme. “Nos gustaría que los CIE cerrasen, pero, mientras existan, sin dejar la denuncia, tenemos que contribuir en lo que esté en nuestras manos para mejorar la condición en la que se encuentran los internos”, afirma Daniel Izuzquiza.

En esto juega un papel crucial la asesoría jurídica de Pueblos Unidos, coordinada por Cristina Manzanedo. Además de la formación básica de los voluntarios sobre infracciones y régimen sancionador de la Ley Orgánica de Extranjería, se ocupa de la defensa de los derechos y de las quejas y denuncias, tanto durante la estancia el centro como en el traslado al aeropuerto de Barajas para su expulsión.

Manzanedo llama la atención sobre aquellas personas que no deberían estar internadas. “De las 109 visitas que vimos en 2010, un tercio están en una gran situación de vulnerabilidad y no deberían estar allí. Gente con hijos menores a su cargo, mujeres embarazadas, personas con enfermedades físicas o psíquicas, ancianos”. Todas estas situaciones son registradas por entidad de los jesuitas y puestas en conocimiento de los jueces de control de los CIE.

Hay un aspecto que desde la asesoría jurídica se considera clave: “La ley orgánica –afirma la letrada– solo reserva la expulsión a los casos más graves, la sanción por estancia irregular en España es una sanción administrativa. Pero no se cumple esto”.

En el 2.743 de Vida Nueva

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