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La Iglesia, “prudente” ante las regulaciones por arraigo familiar

(Miguel Ángel Malavia) Recientemente, el Gobierno ha anunciado que en el reglamento de la Ley de Extranjería, pendiente aún de su aprobación, figurará el que los inmigrantes con hijos nacidos en España puedan regularizar su situación, en virtud del principio de arraigo familiar. Pese a que esta demanda ha sido una constante entre las instituciones eclesiales dedicadas a esta cuestión, la palabra que marca ahora la reacción es la de “prudencia”. Aunque, eso sí, recalcando que “la familia es el principal factor de integración”.

Así se manifiesta el secretario de la Comisión Episcopal de Migraciones de la CEE, José Luis Pinilla, sj. En declaraciones a Vida Nueva, pide esperar “hasta ver el texto aprobado”, apuntando la posibilidad de que, en realidad, la difusión de la medida podría tratarse de un modo de “pulsar la opinión” pública. Y es que “el Ejecutivo acumula ya un retraso de ocho meses en la aprobación del reglamento”.

Asimismo, reclama la “necesidad de una mayor precisión” en la redacción de la norma: “No hay que olvidar que los hijos de los extranjeros nacidos en España no adquieren automáticamente la nacionalidad española. Su procedimiento se suele alargar entre uno y tres años”. Además, el borrador del reglamento especifica que los beneficiarios del arraigo familiar verían aplicado el permiso de residencia “por un año”, cuando otras situaciones permiten alargarlo a los cinco años.

Por su parte, el sacerdote y profesor en la UPSA, José Luis Segovia, muy implicado en este ámbito, considera que, si finalmente se aplica la medida, sería una “cuestión de justicia”: “Ya están entre nosotros, pagan impuestos… y tienen sus hijos aquí. Se trata de reconocer por ley lo que se da en la práctica”.

Respecto al hecho de que algunos ayuntamientos reclamen que sus informes particulares sean vinculantes a la hora de decidir el Estado –es competencia suya– si otorga o no un permiso de residencia, Segovia denuncia que éstos ya lo son: “No oficialmente, pero sí en la práctica”. Lo cual presupone una “actitud policial, a la defensiva, que ya parte de la sospecha ante el extraño y que, en el fondo, no busca sino restringir derechos”.

En el nº 2.742 de Vida Nueva

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