Ha duplicado su acción y ha visto recortados sus ingresos desde la Administración
(Miguel Ángel Malavia) La persistencia de la crisis económica amenaza a los que sufren sus consecuencias más duras; principalmente, a los alrededor de 4,5 millones de parados, de los que más de un millón pertenecen a familias en las que todos sus miembros carecen de empleo. Pero también afecta a los que se dedican exclusivamente a tratar de ayudarles en sus necesidades. Cáritas, que es la institución que más se está volcando en esta tarea –según los datos de su última memoria, atendió en 2009 a casi 800.000 personas, con una inversión de 230 millones de euros–, se encuentra ya al límite de sus posibilidades; lo que podría tener unas consecuencias extraordinariamente graves a nivel social.
Así lo ha advertido esta mañana durante una rueda de prensa en Madrid, para presentar la declaración final de su 67ª Asamblea General, que había congregado en El Escorial, del 28 al 30 de enero, a los representantes de sus delegaciones diocesanas. El texto es meridianamente claro: “Reiteramos con rotundidad que la acción de ayuda que podemos realizar desde Cáritas tiene unos límites que ya están superados y que, dado el recorte en los recursos públicos, lo serán aún más”.
El hecho es que Cáritas, sólo en los dos últimos años, ha visto cómo “se han duplicado el número de solicitudes atendidas en nuestros Servicios de Acogida y Atención Primaria”.
Pese a todo, ha buscado contrarrestar “la insuficiente respuesta de los servicios públicos, la aplicación de nuevos recortes sociales y el insuficiente alcance de las políticas sociales a la hora de atender los derechos básicos de los ciudadanos más golpeados por la crisis económica”. Hasta el punto de ver peligrar su propia capacidad de acción.
Cáritas reclama a las respectivas administraciones públicas “soluciones” que “no conlleven recortes sociales en detrimento de las personas excluidas”; en clara alusión a la reducción en la inversión por parte del Estado en la Ayuda al Desarrollo.
En este sentido, dirigen “un llamamiento a la responsabilidad de todos ante las próximas elecciones autonómicas y locales”, previstas para el 22 de mayo. Con un doble fin. Primero, para que los representantes políticos “propongan, asuman y cumplan los compromisos indispensables” que fueron ratificados en el Pacto de Estado contra la Pobreza, firmado el 19 de diciembre de 2007. Y, segundo, para pedir que “todos los actores sociales” suscriban públicamente “un Acuerdo Marco ‘por la inclusión social y el empleo de los excluidos más vulnerables’”.
El peligro de la xenofobia
La declaración de la 67ª Asamblea General también hace una advertencia contra uno de los grandes peligros en épocas de carestía laboral y crisis generalizada: la xenofobia.
Así, apela “al conjunto de la sociedad” a trabajar por un modelo de convivencia distinto al actual, en el que “todo queda subordinado a los puros indicadores económicos y de crecimiento”, desplazando a un lugar secundario la propia dignidad humana.
En el nº 2.742 de Vida Nueva. Artículo completo para suscriptores
