Los ‘ilegales’ en México buscan la protección de la Iglesia ante las mafias

Sacerdotes encabezan un marcha para exigir a las autoridades que frenen la oleada de violencia

(Pablo Romo Cedano. México DF) La celebración de la eucaristía llegó a su fin y el P. Heyman Vázquez Medina dio la bendición a los fieles reunidos. Aún con gran incertidumbre, las mujeres llorosas se acogieron a la bendición y los hombres, con el rostro tenso, voltearon hacia la puerta del templo esperando que, en cualquier momento, sucediese lo que todos temían. Eran más de 200 inmigrantes hondureños, salvadoreños y guatemaltecos que, tras ese acto, comenzaban el pasado mes la primera etapa de la Caravana Paso a Paso por la Paz, con la que se pretende que las autoridades federales y estatales frenen la oleada de secuestros, homicidios, redadas y abusos sexuales contra los inmigrantes ilegales que cruzan México en su tránsito hacia los Estados Unidos.

La presencia de sacerdotes con sus sotanas blancas y de algunas decenas de jóvenes activistas de derechos humanos con grandes pancartas que los acompañaban animaba a estos inmigrantes en esta primera caminata desde la frontera hasta la ciudad de Arriaga, en Chiapas. Poco a poco se iban incorporando en el camino hacia la carretera, fotógrafos, reporteros, gente del pueblo de Tapachula, que los despedía haciendo la señal de cruz, pues esa marcha había sido muy amenazada.

El P. Heyman dirige la Casa del Migrante “Hogar de la Misericordia”, en Arriaga, un ejemplo más de la labor de la Iglesia en favor de estas personas y, también, de su lucha contra las mafias que les hostigan. En esa casa los acoge, alimenta y protege de los miembros del crimen organizado, coludidos con autoridades, que han encontrado en la migración de cientos de miles de centroamericanos un pingüe negocio.

Los criminales secuestran a los migrantes –a veces, los propios agentes de migración–, los policías y soldados se los entregan a estos criminales, quienes hacen que llamen por teléfono a sus parientes en los Estados Unidos para que les envíen inmediatamente dinero. Los migrantes cobran el dinero, que se lo entregan inmediatamente a sus captores.

Más de 20.000 secuestros

El P. Alejandro Solalinde

Aurora Huet, madre de uno de ellos, desaparecido tras un secuestro el 16 de diciembre, habla ante las cámaras de televisión: “Mi hijo desapareció junto con otros 75 migrantes de Honduras, El Salvador y Guatemala. Se lo llevaron y el P. Alejandro Solalinde dice que fue el crimen organizado. Desde entonces no sé nada de él”.

Alejandro Solalinde denunció públicamente que el pasado 16 de diciembre, más de 50 centroamericanos fueron bajados por la fuerza de La Bestia –como se le llama al tren de carga que va de Arriaga hacia el Valle de México– en la localidad de Chahuites, en Oaxaca. “Los obligaron a subirse a unas camionetas y se los llevaron”, afirmó en un conocido programa de radio. Y agregó: “Tengo testigos de los hechos”.

No es la primera vez que el P. Solalinde denuncia este tipo de crímenes. Desde hace al menos cuatro años, reporta frecuentemente crímenes que suceden en las inmediaciones de su parroquia, y conoce bien los hechos porque atiende a esas personas en la Casa del Migrante “Hermanos en Camino”, en Ixtepec. De hecho, él mismo ha sufrido constantes amenazas y hostigamientos.

Apoyo de los obispos

La Caravana Paso a Paso por la Paz llegó, finalmente, a Oaxaca y fue recibida por el recién electo gobernador, Gabino Cué, quien se comprometió a esclarecer los hechos y a detener la “ola de crímenes contra migrantes”.

La marcha ha ido crecido conforme pasan los días. Ahora caminan varios miles de activistas, más miembros de la Iglesia y voluntarios solidarios que exigen el esclarecimiento de los hechos.

El obispo de San Cristóbal de las Casas, Felipe Arizmendi, envió una misiva saludando el valor de las familias que salen de la oscuridad para exigir justicia por sus familiares secuestrados. De igual manera, el obispo de Tehuantepec, Óscar A. Campos Contreras, hizo un llamado urgente a autoridades municipales, estatales y federales, para que den un seguimiento oportuno a las denuncias presentadas por migrantes centroamericanos que han sufrido vejaciones y abusos contra sus derechos humanos.

Más información, en el nº 2.740 de Vida Nueva. Si es usted suscriptor, lea el reportaje completo aquí.

 

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