Los obispos de Venezuela denuncian el proyecto “totalitario” de Chávez

Constatan la desconexión del Gobierno con los problemas reales del país

(Andrés Cañizález. Caracas) Las críticas y llamados de atención, por parte de la Iglesia católica en Venezuela, han subido de tono este mes de enero. Por primera vez en años, un documento de la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) denunció, de forma abierta, la intención de implantar “un régimen socialista y totalitario” por parte del presidente Hugo Chávez, como se recoge en el pronunciamiento final de su XCV Asamblea Plenaria, recién concluida.

La CEV ha coincidido con una amplia ola de cuestionamientos a la aprobación, en diciembre pasado, de un conjunto de leyes por parte del Parlamento saliente, en donde Chávez tenía mayoría. Los diputados incluso aprobaron leyes que sólo minutos antes habían ingresado a la sede legislativa, enviadas directamente desde el Gobierno. La mayoría chavista en el Parlamento sesionó incluso en los días navideños y aprobó esas normas en horas de la madrugada.

Esa febril actividad legislativa incluyó la concesión de poderes especiales a Chávez en un amplio rango de temas y por un año y medio. El ex presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Pedro Nikken, calificó esos hechos de un golpe contra la Constitución de 1999.

“Los Obispos de Venezuela consideramos un ineludible imperativo ético y legal el respeto a la letra y al espíritu de la Constitución vigente. Ella es el fundamento jurídico del Estado de derecho y la garante principal de los derechos del pueblo y de cada persona en particular, de la convivencia pacífica entre los ciudadanos y del correcto funcionamiento de las instituciones públicas y privadas”, sostiene el documento difundido el 11 de enero.

Los prelados recordaron que, en menos de un mes, se aprobaron 25 leyes, “muchas de las cuales contienen disposiciones que restringen derechos y garantías de los venezolanos, e incorporan propuestas de la reforma a la Constitución que fueron rechazadas por el pueblo en el referéndum del 2 de diciembre de 2007”, enfatiza el texto episcopal.

“Agenda ideológica”

“En diciembre pasado, en medio de la calamidad pública provocada por las persistentes lluvias, y durante el acostumbrado receso de actividades, el Gobierno y la Asamblea Nacional priorizaron una agenda ideológica destinada a la implantación de un sistema socialista y totalitario de Estado y de gobierno contrario a la vigente Constitución”, recalcaron los obispos.

Para la CEV, es preocupante la desconexión entre estas leyes y los problemas reales del país. “La situación de Venezuela es ya muy grave por el auge incesante de la inseguridad y de la violencia (…); por la contracción económica y el progresivo endeudamiento del país; por el inmenso déficit de viviendas y los problemas en la vialidad; por el encarecimiento continuo del costo de la vida que afecta especialmente a los más pobres, y los problemas de suministro de alimentos; por la inhumana situación de las cárceles y la deficiente administración de justicia (…). En vez de resolver estos problemas, las recientes leyes crean una gravísima situación política”, resaltan.

“Como ciudadanos, como cristianos y pastores de la Iglesia, los Obispos no podemos callar. Jesús nos enseña que el poder no debe ser ejercido como un dominio sobre los demás, como si los gobernantes fueran dueños de las naciones, sino más bien como un servicio a todos”, destacan los obispos, quienes con frecuencia son acusados por el Gobierno de estar politizados.

El documento, igualmente, recalca que las elecciones legislativas del 26 de septiembre muestran “una sociedad deseosa de que se produzcan cambios en la correlación de las fuerzas políticas que han dominado en los últimos años”. De hecho, en ellas, la oposición obtuvo más votos que el bloque progobierno, pero un sistema electoral reformado un año antes permitió que los chavistas obtuviesen una mayoría de cargos.

Sin embargo, tal como sostiene la CEV, “la respuesta del Gobierno y del partido oficial, lejos de acatar la voluntad popular, ha sido la de acelerar la radicalización a través de la aprobación apresurada de un paquete de leyes por la Asamblea Nacional. Estas acciones polarizan aún más la sociedad política, incitan al surgimiento de situaciones de conflicto político y estrechan los márgenes de diálogo y negociación entre la diversidad de actores e intereses que constituyen la compleja sociedad venezolana actual y sus relaciones con el mundo”.

En el nº 2.738 de Vida Nueva.

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