En 2009 en España falló la identificación de casi 5.000 posibles víctimas
La actriz Mabel Lozano, en uno de los habituales actos de denuncia
(Miguel Ángel Malavia) Pese a que en 2009 se identificaron en España 6.157 víctimas potenciales de explotación sexual por redes ilegales de proxenetismo, finalmente, sólo 1.301 fueron consideradas como tales. Este dato, reconocido en marzo por los Ministerios de Interior e Igualdad, y que se une a la constatación, según la ONU, de que sólo se consigue identificar a una de cada 20 víctimas de la extorsión, es el que motiva la denuncia de las asociaciones comprometidas en este campo, muchas de ellas católicas. Destaca, entre las numerosas entidades eclesiales que trabajan con víctimas de esclavitud sexual, Proyecto Esperanza, a cargo de las Religiosas Adoratrices.
Desde 1999 este proyecto ha atendido a más de 570 personas. Con la intención de reivindicar la implicación y coordinación de todos los instrumentos del Estado, el pasado día 2 hizo público un informe de Valoración del Nuevo Marco Jurídico contra la Trata de Seres Humanos.
Como expresó en rueda de prensa su coordinadora, Marta González, el informe destaca que ha habido “avances” legislativos significativos en los dos últimos años, culminando este 23 de diciembre con la entrada en vigor de la reforma del Código Penal por la que se tipificará el delito de trata según las directrices del Convenio Europeo. Aunque, avisaba, tal progresión sólo es “el primer paso”, siendo lo principal la concreción de las medidas.
Fallos del sistema
Según denuncian las religiosas, el sistema español falla en diversos aspectos. Entre ellos, la identificación y protección de las víctimas; el periodo de restablecimiento y reflexión; la autorización de residencia y trabajo por colaboración o por situación personal o la compensación económica, que, en caso de ser percibida, resulta muchas veces insuficiente.
Estas deficiencias llevaron a González a reclamar una ley integral contra la trata. O, al menos, “la elaboración de un Reglamento” que debería desarrollar la actual Ley de Extranjería, “y que aún no está hecho”.
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