Publicado en el nº 2.724 de Vida Nueva (del 9 al 15 de octubre de 2010).
¿Han aprendido la lección? Deberían, pero no es seguro. El fracaso de la huelga general del 29-S, el escaso seguimiento, el que los ciudadanos piensen que tanto el Gobierno como los sindicatos sean los principales perdedores, la negativa del Ejecutivo a dar marcha atrás y el previsible insuficiente impacto de las reformas, no pueden esconder la realidad. Y la realidad es que el Gobierno estima en sus Presupuestos que terminaremos 2011 con más parados de los cuatro millones que hoy tenemos. La realidad es que los organismos internacionales, casi unánimemente, estiman que la recuperación de la economía española no llegará antes de 2012 (de 2017 los más pesimistas). Tenemos un serio problema que no afecta a las estadísticas ni a los programas, sino a las personas. Detrás de cada desempleado hay una familia, un drama social y una enorme desesperanza.
La huelga general deja numerosos avisos para quienes sean capaces de mirar más adelante y no estar prisioneros del día a día, del titular de los periódicos o de las cabeceras de los telediarios. O damos respuesta a estos avisos o el problema crecerá exponencialmente.
La reforma no crea empleo. Aunque su objetivo era “la creación de empleo estable y de calidad”, los primeros datos –y no es de esperar que cambien en el corto/medio plazo– señalan que no se crea empleo y que crece la contratación temporal. Sólo el 1% de los contratos firmados en septiembre se hicieron al amparo de la nueva legislación. La precariedad sigue siendo la lacra de nuestro mercado de trabajo.
Los jóvenes y las mujeres son los más perjudicados por la crisis y los que o no encuentran empleo o lo pierden más fácilmente. Hay ya más de un millón de familias en las que ninguno de sus miembros tiene trabajo ni cobertura social. Si no fuera porque en muchos casos esconde una economía sumergida muy elevada, el problema social sería aún mucho más serio.
No sólo hay que cambiar el modelo productivo o laboral. Los sindicatos, imprescindibles en una democracia, tienen que modernizar sus estructuras y estar al servicio de todos los trabajadores, no sólo de unos cuantos.
No hay otra salida que el acuerdo. En tiempos de emergencia –y cuatro millones de parados lo son, sobre todo, social– hay que hacer algo más con urgencia. Los intereses de los partidos deberían dejar paso a los intereses colectivos; la lucha política o sindical, a la búsqueda de acuerdos; las argucias electoralistas, al compromiso; las descalificaciones, al diálogo; y el poder del dinero, al mandato de la justicia social.
Hay que decir la verdad a los ciudadanos y, si es posible, con un mensaje común de todas las fuerzas políticas. Si no hay acuerdo, debe hacerlo el Gobierno, aunque hipoteque su futuro. Los ciudadanos entenderían el mensaje y se pondrían manos a la obra. La sociedad entiende los mensajes sinceros, pero se rebela ante los engaños. La verdad exige que los sacrificios se repartan y que no sufran más los que menos tienen. Y los políticos están obligados a dar el primer ejemplo, no como hasta ahora.
La Iglesia, que ha tenido un comportamiento prudente tanto en la crisis como en la huelga, y una actitud comprometida en la ayuda a los que más sufren, también debe jugar un papel en la salida de la crisis. Cáritas podría llenar periódicos y revistas con las historias de cada uno de los que, por no tener, no tienen ni esperanza. Aumenta el paro y disminuye la confianza de los ciudadanos. Hay que hacer algo urgentemente para que demos la vuelta a la realidad. Y eso sólo se consigue desde el acuerdo.
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