El informe sobre los defensores de los DD.HH. en el continente califica de “crítica” su situación
(Pablo Romo Cedano– México DF) Juana Bacá abrió la puerta de su casa a unos amigos que venían de visita. Cuando conversaba tranquilamente en la calle, un coche propiedad de la alcaldía se enfiló hacia el grupo y detonó cinco disparos al aire. Aquel 3 de julio de 2009, para Juana y la Red de Mujeres Ixchiles que coordina, significó el parteaguas de las amenazas recibidas por parte de las autoridades de Nebaj (Guatemala). Semanas antes, ya había sido amenazada de muerte y la Corte Interamericana había exigido a las autoridades medidas cautelares para su protección, pero jamás se implementaron. Pese al miedo y la tensión generada por los “mensajes” de la alcaldía, Juana, valiente indígena ixchil, sigue trabajando en la defensa de los derechos femeninos.
Como ella, miles de mujeres y hombres viven en permanente riesgo en América Latina por defender los derechos humanos y otros cientos más han muerto por situarse en la frontera de la justicia y la defensa de la dignidad. El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, programa conjunto de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), acaba de publicar su Informe Anual 2010 donde reporta la situación de este colectivo en todo el mundo durante el pasado año.
El Observatorio califica la situación que vive América Latina de “crítica” y recoge un retroceso generalizado en la situación de los defensores de los Derechos Humanos. El documento expresa “la dificultad y el peligro que entraña, en el conjunto de los continentes, promover el debate de ideas, el pluralismo y el ideal democrático”. Pero el énfasis en América Latina llama la atención, al reconocer que la situación se agravó con el golpe de Estado en Honduras, pues evidenció “la fragilidad de la construcción de la democracia en la región”, más aún cuando “los opositores al golpe fueron violentamente reprimidos”. También en otros países los defensores de los Derechos Humanos fueron amenazados por motivos políticos. Así, en Nicaragua, defensores y periodistas “se han convertido en blanco de la violencia orquestada por el poder”. Sin olvidar las “serias hostilidades entre partidarios y opositores del Gobierno” en Argentina o Bolivia.
Otro gran desafío es la lucha contra la impunidad, cuyos niveles “permanecen altos” en la región (Colombia, Cuba, Guatemala, México, Venezuela). Según el informe, preocupa que, a pesar de las numerosas recomendaciones, algunos países mantengan leyes que favorezcan tal impunidad (Argentina, Chile, México) o lleguen incluso a cuestionar sentencias de cortes internacionales (Venezuela) o, como Cuba, que “sigue sin ratificar o mantiene reservas a pactos y convenciones internacionales de Derechos Humanos”. Por otra parte, denuncia los atentados contra la libertad de expresión, de asociación y reunión; las campañas de difamación y desprestigio; las persecuciones judiciales; las detenciones arbitrarias; las amenazas, desapariciones, agresiones, malos tratos y asesinatos de los que son víctimas los defensores de los Derechos Humanos en América Latina.
Esa represión la sufren también los defensores del medio ambiente (Ecuador) y del derecho a la tierra (Brasil), los sindicalistas (84 asesinatos dentro de este colectivo en Guatemala durante 2009 y 46 en Colombia), los defensores de los indígenas (México y Chile, con el pueblo mapuche), de los derechos de la mujer (con altos índices de feminicidios en México y Guatemala), o los periodistas que denuncian la impunidad, la corrupción y la violencia (Bolivia o Venezuela, con un “progresivo aumento de la represión a manifestaciones pacíficas”).
Pese a todo, el documento recoge motivos para la esperanza, como la condena del ex presidente Alberto Fujimori a 25 años de prisión en Perú por crímenes de lesa humanidad, o la del comisionado militar Felipe Cusanero en Guatemala por el delito de desaparición forzada. Asimismo, se destaca cómo, en enero de 2010, El Salvador reconoció la responsabilidad del Estado en los delitos cometidos entre 1980 y 1992 y pidió perdón a las víctimas.
En todo caso, el informe sostiene que queda aún un arduo trabajo por delante.
En el nº 2.722 de Vida Nueva.
