(Leonidas Ortiz L.– Director del Observatorio Pastoral del CELAM) No hay duda de que el mayor conflicto que ha vivido Honduras en los últimos tiempos ha sido la crisis política generada, en primer lugar, por la orden de captura contra el presidente Manuel Zelaya, emanada el 26 de junio de 2009, por parte de la Corte Suprema de Justicia, por los delitos “contra la forma de gobierno, traición a la patria, abuso de autoridad y usurpación de funciones en perjuicio de la Administración Pública y del Estado de Honduras”; y, en segundo lugar, por la expulsión inconstitucional del ex presidente Zelaya de territorio hondureño por parte de las Fuerzas Armadas.
La Iglesia católica, desde el 4 de junio de 2009, expresaba en un comunicado público, firmado por monseñor Ángel Garachana, obispo de San Pedro Sula, su preocupación por la situación política que se estaba viviendo y hacía propuestas concretas para aprobar una ley orgánica que tuviera en cuenta la figura del Referéndum y del Plebiscito.
Las elecciones presidenciales hondureñas, que estaban ya previstas para el 29 de noviembre de 2009, dieron como ganador al candidato del Partido Nacional, Porfirio Lobo.
Un año después, las heridas siguen abiertas: la polarización de la sociedad continúa, la tasa de desempleo está por encima del 40%, la emigración –especialmente, hacia los Estados Unidos– se agudiza, los asesinatos de periodistas y de líderes sociales –lo mismo que las violaciones de los derechos humanos– no se han detenido.
Tras todos los acontecimientos políticos sucedidos en Honduras, a la nueva administración de Lobo le corresponde asumir una serie de complejos desafíos. Entre otros, le corresponde al nuevo Gobierno:
- Recuperar la legitimidad internacional abriendo puertas a la participación de todos los ciudadanos.
- Promover la reconciliación y la unidad nacional.
- Normalizar las relaciones internacionales.
- Impulsar la economía, que incluye, entre otras cosas, refinanciar la deuda externa y dinamizar los flujos de ayuda bilateral y multilateral.
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