Un año del ‘golpe de Estado’ en Honduras

(Leonidas Ortiz L.– Director del Observatorio Pastoral del CELAM) No hay duda de que el mayor conflicto que ha vivido Honduras en los últimos tiempos ha sido la crisis política generada, en primer lugar, por la orden de captura contra el presidente Manuel Zelaya, emanada el 26 de junio de 2009, por parte de la Corte Suprema de Justicia, por los delitos “contra la forma de gobierno, traición a la patria, abuso de autoridad y usurpación de funciones en perjuicio de la Administración Pública y del Estado de Honduras”; y, en segundo lugar, por la expulsión inconstitucional del ex presidente Zelaya de territorio hondureño por parte de las Fuerzas Armadas.

El presidente Zelaya fue víctima de la “tentación de la presidencia vitalicia” que se cierne sobre diversos países de la región, estimulado por lo que ya había ocurrido con varios mandatarios latinoamericanos, que, valiéndose de diversas estrategias jurídicas, reformaron la Constitución del país para seguir en el poder.

La Organización de Estados Americanos (OEA), las Naciones Unidas (ONU) y la Unión Europea (UE) calificaron esta anómala situación de “ruptura del orden constitucional” y exigieron la restitución de Zelaya en el poder. La Corte Suprema de Justicia, por su parte, afirmaba que ésta era una situación de iure, el cumplimiento de una orden judicial, y avaló la sucesión presidencial de Roberto Micheletti, elegido por el Congreso de la República.

La Iglesia católica, desde el 4 de junio de 2009, expresaba en un comunicado público, firmado por monseñor Ángel Garachana, obispo de San Pedro Sula, su preocupación por la situación política que se estaba viviendo y hacía propuestas concretas para aprobar una ley orgánica que tuviera en cuenta la figura del Referéndum y del Plebiscito.

Tras la expulsión de Zelaya, la Conferencia Episcopal invitó a todos los actores, en un mensaje titulado Edificar desde la crisis, a un diálogo abierto y a “continuar en un espacio de participación respetuosa y responsable, entendiendo que todos podemos construir una Honduras más justa y solidaria, con el trabajo honesto”. Pidió también a la OEA “que preste atención a todo lo que venía ocurriendo fuera de la legalidad en Honduras, y no sólo a lo sucedido a partir del 28 de junio recién pasado… Si el sistema interamericano se limita a proteger la democracia en las urnas, pero no le da seguimiento a un buen gobierno, a la prevención de las crisis políticas, económicas y sociales, de nada servirá el reaccionar tardíamente frente a ellas”.

Las elecciones presidenciales hondureñas, que estaban ya previstas para el 29 de noviembre de 2009, dieron como ganador al candidato del Partido Nacional, Porfirio Lobo.

Un año después, las heridas siguen abiertas: la polarización de la sociedad continúa, la tasa de desempleo está por encima del 40%, la emigración –especialmente, hacia los Estados Unidos– se agudiza, los asesinatos de periodistas y de líderes sociales –lo mismo que las violaciones de los derechos humanos– no se han detenido.

Tras todos los acontecimientos políticos sucedidos en Honduras, a la nueva administración de Lobo le corresponde asumir una serie de complejos desafíos. Entre otros, le corresponde al nuevo Gobierno:

  • Recuperar la legitimidad internacional abriendo puertas a la participación de todos los ciudadanos, restableciendo la transparencia en el manejo de los recursos públicos, manteniendo la separación de poderes y nombrando a las personas más capacitadas en la administración pública.
  • Promover la reconciliación y la unidad nacional. La reconciliación social entre los diversos actores del conflicto, con base en la verdad, en la justicia y en la reparación, es una necesidad sentida por la población.
  • Normalizar las relaciones internacionales. El pleno reconocimiento internacional le va a exigir al Gobierno y al pueblo hondureño un mayor empeño en la promoción y defensa de los derechos humanos; en la participación de todos los ciudadanos, de cualquier signo, en la búsqueda del bien común; y en un proceso de diálogo y reconciliación entre los diversos actores del conflicto.
  • Impulsar la economía, que incluye: refinanciar la deuda externa, dinamizar los flujos de ayuda bilateral y multilateral, reducir el déficit fiscal, devolver la confianza a la inversión empresarial, fortalecer los sectores productivos, estimular la generación de empleo decente para una población cada vez más empobrecida.

En el nº 2.719 de Vida Nueva.

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