La reciente masacre de 72 personas pone al descubierto la cruel realidad de secuestros, extorsión y violencia que sufre el colectivo
(Pablo Romo Cedano– México DF) Luis Freddy Lala Pomavilla, oriundo de la comunidad de Gualleturo en la provincia del Cañar (Ecuador), fue el único superviviente de un grupo de migrantes secuestrados el 22 de agosto, por un comando presuntamente de los Zetas. Este grupo criminal los tenía prisioneros muy cerca de la carretera que va de San Fernando a la frontera con los Estados Unidos. Les pedían dinero y, si no lo tenían, les invitaban a convertirse en sicarios de su organización.
Al negarse a ello, los emigrantes de El Salvador, Brasil, Ecuador, Guatemala y Honduras, entre otros países, fueron formados y fusilados: 72 muertos, en lo que ha sido la peor masacre conocida en el país desde los años 60.
El padre Pedro Pantoja, coordinador de la Casa del Migrante ‘Belén’ en Saltillo, Coahuila, calificó la matanza de “un holocausto constante” contra los migrantes y recordó que “todos los días son secuestrados, extorsionados y asesinados decenas de migrantes”. Junto a él, en rueda de prensa, el obispo del lugar, el dominico Raúl Vera, aseguró que este crimen “alza la voz a Dios y clama por justicia y misericordia”.
Denuncia que se sumó a la realizada por la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), que por boca de su secretario general, Víctor René Rodríguez Gómez, expresó su profundo “dolor, preocupación e indignación por la saña con que opera el crimen organizado”.
Soluciones al abuso
Mientras tanto, al condenar la masacre de San Fernando, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navanethem Pillay, exhortó al Gobierno mexicano a emprender una investigación exhaustiva y esclarecer las responsabilidades de sus propios funcionarios en estos crímenes, al tiempo que pidió una solución profunda y seria para evitar el abuso contra los migrantes.
A las 72 víctimas de la masacre se unió una más: el primer agente del ministerio público que arribó al lugar de los hechos para dar fe de la misma, Roberto Javier Suárez Vázquez, que fue asesinado tras realizar la triste labor de recoger los cadáveres.
La Casa del Migrante ‘Belén’ que dirige el P. Pantoja ha recibido en sus ocho años de vida a más de 40.000 emigrantes, particularmente centroamericanos, y ha documentado cientos de casos de maltrato, extorsión y secuestro, también por parte de las autoridades. Ahora está en el punto de mira de los criminales, como también lo están las otras casas de migrantes que administran religiosas y sacerdotes.
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