“Los países no se esfuerzan por defender la libertad religiosa”, lamenta el P. Lacunza
Protesta contra la ley anti-blasfemia de Pakistán, el 25 de julio
(María Gómez) Más de 200 millones de cristianos en todo el mundo sufren odio, violencia, amenazas, confiscación de sus propiedades y otros abusos a causa de su religión, siendo el grupo religioso más discriminado. La cifra la reveló el obispo Mario Toso, jefe de la delegación de la Santa Sede en la Conferencia de alto nivel de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) que tuvo lugar a finales de junio en Astana (Kazajstán).
La OSCE es la mayor organización regional después de las Naciones Unidas, a la que pertenecen 56 Estados de Europa, Asia Central y América del Norte, y a pesar de los compromisos asumidos por los países en el campo de la libertad religiosa, en algunos de ellos –sostuvo Toso– “se dan todavía, en relación con la Iglesia y las comunidades cristianas, así como en relación con otras comunidades religiosas y sus respectivos miembros, leyes intolerantes e incluso discriminantes, y se dan decisiones y comportamientos, tanto activos como de omisión, que niegan esa libertad”.
El secretario del Pontificio Consejo Justicia y Paz relató ataques, asesinatos, “indebidas presiones” a trabajadores de la Administración, restricciones “irrazonables” contra la libertad de opción y adhesión a determinada confesión y contra la importación y distribución de material religioso, ilegítimas interferencias en la autonomía organizativa de las comunidades religiosas y “signos claros de oposición al reconocimiento del papel público de la religión”. “A la luz de estos abusos –remataba Toso–, la OSCE debería prestar particular atención y desarrollar propuestas eficaces para combatir la intolerancia y la discriminación contra los cristianos”.
La propia Declaración de Astana llama a que se pongan en práctica medidas políticas eficaces para prevenir y responder a las manifestaciones de racismo, xenofobia, antisemitismo e intolerancia, también contra cristianos, musulmanes y miembros de otras religiones y grupos étnicos. Pero no todos confían en las meras palabras.
Justo Lacunza y el obispo Andrew Francis
Uno de los expertos que estuvo en Astana es el religioso Justo Lacunza-Balda, rector emérito del Pontificio Instituto de Estudios Árabes e Islámicos en Roma. Durante una mesa redonda celebrada en Madrid el 22 de julio, a instancias de Ayuda a la Iglesia Necesitada (AIN) y en la que también participó el obispo de Multan (Pakistán), Andrew Francis, el P. Lacunza fue claro: “No hay un esfuerzo por parte de los organismos internacionales por defender aquello que es vital.” En su opinión, “los organismos internacionales son muy reacios a hablar de libertad religiosa” por varias causas: “Está esa idea de que la religión es una cosa privada e individual, pero la historia y la realidad demuestran lo contrario. Luego está la secularización, según la cual la religión no sirve para nada y hay que desarraigarla. Y en tercer lugar, la libertad religiosa es hoy el mayor desafío, y quién tiene las agallas para hacer frente a esos retos que tocan absolutamente a todas las sociedades en el mundo”.
Lacunza exigió soluciones, argumentando: “La libertad religiosa es uno de los derechos fundamentales, y no lo digo yo, es algo que nace de dentro; lo que los organismos internacionales deben hacer es ratificarlo y defenderlo, como una parte de los derechos inalienables del ser humano, y no como una coletilla de éstos”.
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CIUDADANOS DE SEGUNDA CLASE EN PAKISTÁN
Los cristianos de Pakistán están acometiendo una complicada lucha contra la ley sobre la blasfemia, vigente en el país desde 1986 y que contempla penas de prisión para quien ofenda a Alá, Mahoma o el Corán. Los abusos sistemáticos en la interpretación de dicha ley han afectado a más de 50.000 personas, pero son los cristianos los que están soportando una especial crueldad en los últimos años por parte de los extremistas. El último caso fue el 19 de julio, cuando dos hermanos protestantes fueron asesinados a la salida del tribunal que acaba de declararles inocentes de la acusación de blasfemia. “Los cristianos son un objetivo muy fácil, pero esta ley se está aplicando contra todos, también hay muchos musulmanes en contra de ella”, explica Andrew Francis a Vida Nueva. El obispo de Multan quiere ser cuidadoso con el lenguaje, pero a la pregunta de si los cristianos en Pakistán son ciudadanos de segunda clase, no duda: “De iure no, pero de facto sí”.
En el nº 2.718 de Vida Nueva.
